El gobierno de Bernardo Arévalo, en quien el pueblo guatemalteco depositó su confianza para sacar adelante un país ocupado por la corrupción, mantiene una lucha crucial contra una casta de derecha agrupada en el llamado Pacto de Corruptos. No obstante, el académico y diplomático presidente va dando pasos en aras de solventar los graves problemas que desde hace décadas afecta a la llamada ¨tierra de los volcanes¨.
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Aunque Guatemala no es la excepción en cuanto a la penetración de la corrupción en las instituciones políticas, económicas y judiciales, la victoria de Arévalo en 2023 destapó un sinnúmero de trabas impuestas por el Ministerio Público (MP), pero ordenadas por el Pacto de Corruptos, para obstaculizar la implantación de políticas públicas que mejorarían la calidad de vida de una población pobre (55,43%) obligada a emigrar cada año para subsistir.
Desde su asunción en enero de este año, el entonces candidato del vilipendiado por el MP partido Semilla enfrenta la oposición de los corruptos que, en el caso de este país, están representados por la fiscal general Consuelo Porras, negada a renunciar, y amparada por las más altas autoridades judiciales, aunque aparece en la lista de delincuentes sancionados en varios países .
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A pesar de la acusación formal de la presidencia contra Porras por entorpecer la gobernanza nacional, hasta ahora la impunidad que firmaron en 2017 los miembros del Pacto de Corruptos impide cualquier movimiento en su contra y retiene el quehacer positivo del nuevo gobierno de corte progresista –según se autodefinió- y de otras instancias de poder.
El 13 de septiembre de ese año nació el término “Pacto de Corruptos”, cuando los diputados del Congreso de la República decidieron modificar el Código Penal para protegerse de acusaciones de corrupción y del delito de financiamiento electoral ilícito. Esos cambios trajeron consigo que el 89 % de todas las violaciones tuvieran alternativas para evitar la prisión, una prebenda que se mantiene hasta ahora.
El proceder del Congreso Nacional respecto a la impunidad provocó una serie de manifestaciones populares que hizo retroceder a los diputados comprometidos con aberrantes modificaciones al Código Penal. A partir de ahí el trabajo sucio de los políticos fue bautizado como un Pacto.
Entonces, el Ejecutivo, Legislativo y cámaras empresariales afectadas por el robo del financiamiento electoral se unieron para prohibir más investigaciones en su contra. En búsqueda de una salvación permanente, incluso lograron que el entonces presidente Jimmy Morales no renovara el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Si Arévalo desea –tal como argumentó en su campaña- acabar con ese flagelo que impide el desarrollo nacional y protege a los delincuentes de cuello blanco precisa adoptar medidas que modifiquen de manera urgente la Constitución Nacional y otras leyes que eliminen ese mal nacional.
Los tres últimos mandatarios – Otto Pérez, y su sucesor, Alejandro Gianmattei- están acusados de usar de manera indebida las partidas presupuestarias de la nación que, se estiman, llenaron sus bolsillos, y de presuntos vínculos con la mafia del narcotráfico operativa en Guatemala.
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El actual gobierno, acosado por el Pacto, está obligado a quitarles a estos grupos los instrumentos de poder, en especial a la Fiscalía General, la Corte de Constitucionalidad (CC), y el Consejo de Justicia que deberá ser renovado este año.
La Constitución faculta al Presidente para remover a quien sea Fiscal General, en caso de causa grave. Una ley menor, del MP, establece un procedimiento para establecer dicha causa grave, pero que resulta casi imposible usarlo hoy. Un primer cambio importante es modificar el artículo de dicha ley con carácter de urgencia nacional. Las faltas gravísimas de Porras saltan a la vista.
La CC, en sus 39 años de existencia en general, es guardiana de los intereses de los ricos y poderosos del país.
A esa poderosa casta la defiende aún a costa de decisiones inconstitucionales y, en materia de amparos ha fallado según le han indicado los grupos económicos más poderosos de la nación centroamericana.
Analistas guatemaltecos consideran que la CC debía desaparecer por reforma constitucional, pues nada garantiza que aunque sea renovada sus miembros actúen a favor del orden.
De ahí que vayan en aumento las voces que sugieren al gobierno que la CC sea sustituida por un Tribunal
Constitucional cuya finalidad sea determinar que los magistrados de ese organismo sean electos por la ciudadanía.
Si Arévalo, que gobierna con el MP y el Legislativo en contra no aplica vía Carta Magna artículos revocatorios aplicables a todos los funcionarios del Estado, le resultará casi imposible cambiar las reglas del juego. No obstante, un referendo nacional podría ser realizado por solicitud de 5 000 ciudadanos y hay grandes posibilidades, entonces, de aplastar a quienes se consideran intocables.
Hasta ahora han sido inútiles los procederes presidenciales contra Porras, quien trató de impedir la asunción del mandatario y su vice Karina Herrera, desestimó invitaciones al diálogo, y se niega a dejar el cargo hasta que termine su mandato en 2026.
La persecución judicial se ha exaltado contra Arévalo desde que ganó por amplísima mayoría las elecciones presidenciales de manera inesperada.
Su movimiento Semilla fue acusado por Porras y suspendido por supuesta alteración de firmas cuando fue constituido y ahora es un partido independiente.
Por este y otras alteraciones el Presidente podría aplicarle el Artículo 251 de la Constitución Política de la República, que enuncia una remoción del Fiscal por causa justificada, debidamente establecida, tal y como ha quedado demostrado, pero no ha podido hacerlo.
Para evitar males aún mayores, durante su intervención en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Arévalo pidió la presencia de una Misión de Observación para la elección de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones que se realizará los próximos meses.
En una reciente visita a Estados Unidos, donde se entrevistó con el presidente Joseph Biden y su vice Kamala Harris, el mandatario afirmó ante la OEA, radicada en Nueva York, que ¨la conformación de Cortes es “una batalla política”, en la que el pueblo en el contexto de la Constitución, “se enfrentará a los grupos que en este momento controlan el aparato judicial”.
Existe el convencimiento en Guatemala de que los magistrados que sean propuestos por el Congreso responderán ante el Pacto de Corruptos.
En estos tres meses de gobierno, Arévalo, además de su estancia en Washington, donde Harris le prometió 170 000 000 de dólares adicionales como contribución al desarrollo nacional y un freno a la emigración, si el Congreso lo aprueba, viajó antes a Europa entre el 16 y el 23 de febrero pasado.
Además de estrechar relaciones con sus socios del llamado Viejo Continente, también el académico envió un mensaje de que su Ejecutivo es diferente a los que le antecedieron, cuyos miembros están sancionados –incluida la Fiscal General- por considerarlos elementos delincuenciales.
Su primer viaje internacional lo llevó a Alemania, España, Bélgica, Francia y Suiza, naciones con las que, declaró tras su regreso a Ciudad de Guatemala, ¨avanzamos en temas sumamente importantes, como son la inversión, cooperación y colaboración en la lucha contra la corrupción¨.
En Alemania, la delegación guatemalteca, además de participar en la Conferencia de seguridad de Múnich sostuvo 13 reuniones bilaterales, mientras que en Bruselas dialogó con la Comisión y el Parlamento de la Unión Europea.
Mientras, en Francia, el presidente Arévalo se reunió con su homólogo Emmanuel Macron, y con la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, para consolidar la cooperación en cuestiones como el clima, el desarrollo, la ciencia y la cultura: y en Ginebra sostuvo diálogos con altos mandos de las Naciones Unidas para los Refugiados, y el Comité Olímpico Internacional (COI).
Ante el COI se comprometió a trabajar para levantar la sanción sobre el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) por irregularidades en financiamientos.
Entre un gobierno que tiene como bandera la decencia, y una generalizada corrupción, anda la política en Guatemala, donde se espera una acción urgente del gobierno para poner las cosas en su lugar.
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