Ante la indiferencia del gobierno colombiano, el Comité Nacional del Paro (CNP) decidió un cambio en su estrategia de lucha, sin que ello signifique en modo alguno, según sus líderes, abandonar las movilizaciones y otras formas de enfrentamiento al neoliberal presidente Iván Duque.
Ello significa que el alzamiento nacional popular que surgió el pasado 28 de abril sigue en pie, pero no insistirá el CNP, al menos ahora, en un diálogo con el gobierno, totalmente fallido, en el que pidió la suspensión de la violencia policial contra los congregados que exigen cambios políticos.
En este nuevo capítulo de la lucha popular, el Comité no abandona las movilizaciones pacíficas que dejaron un saldo de más de 70 fallecidos, decenas de heridos, detenidos y desaparecidos en distintos lugares del país.
En este contexto, la represión policial y la impunidad de que goza el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), con la colaboración de grupos paramilitares y de narcotraficantes, fueron denunciadas por las organizaciones integrantes del CNP y de derechos humanos en distintos foros, pero sin resultados.
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscripta a la Organización de Estados Americanos (OEA), hizo presencia en el país, pero todavía sin informes oficiales de la visita.
El cambio en los procederes de la lucha para evitar la violencia y los asesinatos fue anunciado por Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), una de las formaciones integrantes del CNP, el pasado martes, quien aclaró que se trata de una interrupción temporal y puntual.
Tras negar que ello signifique que la lucha popular terminó, Maltés informó que el próximo 20 de julio presentarán ante el Congreso Nacional un documento contentivo de cinco reformas, entre ellas la de salud, fiscal, y educación pública, como parte del pliego de demandas presentadas al Ejecutivo.
“Si no pudimos concretar acuerdo alguno con Duque y sus representantes, ahora la lucha se librará en el Parlamento, entre otras instancias”, afirmó.
El nuevo plan de acción del CNP contempla la celebración de asambleas o cabildos en las comunidades, en los cuales participarán sectores sociales, estudiantiles, laborales, entre otros, para presentar propuestas enriquecidas con los aportes de la población.
Se trata de un diálogo nacional en el que el Comité espera la formulación de varios proyectos de leyes basadas en los puntos del Pliego de Emergencia entregado el 20 de julio del pasado año a las autoridades.
También exigirán la derogación de varios decretos, entre ellos el que amplió la presencia de los cuerpos militares, con amplios poderes para reprimir las protestas de la sociedad civil.
Para observadores, se trata de evitar las matanzas y asesinatos orquestados por el ESMAD, mientras el llamado narco-Estado colombiano sigue asesinando a diario activistas sociales y exguerrilleros.
El 20 del próximo mes, el CNP convocó a un gran concierto para conmemorar el año de la presentación del Pliego de Emergencia. Sin embargo, Duque, el ahijado político de Álvaro Uribe, se mantiene indiferente y está ahora comprometido con el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, con llevar una supuesta paz a las áreas rurales.
SUPUESTA GUERRA DE DUQUE CONTRA LAS DROGAS
El gobierno colombiano reactivará la llamada “guerra contra las drogas”, algo difícil en una nación donde se cultiva y distribuye el 70 % de la cocaína mundial.
Biden, otro defensor de terminar con supuestas siembras de esa planta que los campesinos colombianos defienden, pues es su medio de sustento, inyectó nueva fuerza a un plan de antaño cuyo fin es la liquidación de las guerrillas —hay algunos grupos aún existentes, además de miles de activistas sociales— y no el millonario negocio del cual se benefician narcotraficantes de varios países, entre ellos de Estados Unidos, principal mercado de estupefacientes del mundo.
Para reiniciar el conocido Plan Colombia, esta nueva etapa abrió con la fumigación con glifosato de amplias zonas con cultivos de la hoja de coca en Nariño, Putumayo, Meta, Cauca, Guaviare, Caquetá, Sur de Bolívar, Chocó y el Catatumbo.
O sea, que Duque, indiferente al Acuerdo de Paz del 2016, está destruyendo la política de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, adoptada en el documento firmado en La Habana por el expresidente Juan Manuel Santos y la guerrillera Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC).
Ese texto tiene como uno de sus puntos más importantes los cambios en el uso de los campos para lograr un volumen importante de alimentos en las zonas campesinas, la cual permite la subsistencia de los agricultores y reduce las posibilidades de venta para el narcotráfico, cuyos jefes gobiernan Estados y municipios colombianos.
Observadores de la situación consideran que Duque está listo para enviar la flotilla de avionetas ubicadas en San José de Guaviare para avanzar en la fumigación, a pesar de las advertencias sobre los daños que el glifosato produce en el ser humano (cáncer), y en el medio ambiente. Ese producto es considerado letal.
El régimen bogotano trata ahora de aniquilar los focos de rebeldía campesina y guerrillera existente en determinados puntos de la geografía donde se ubican los disidentes de las FARC que volvieron a tomar las armas, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y activistas de los derechos del campesinado.
El reinicio de este plan niega, además, la reforma rural integral incluida en el pacto, una alternativa para dotar de tierra y apoyos técnicos y financieros a miles de agricultores cocaleros.
Duque, que culmina su mandato el próximo año, utiliza, además, el inicio de la fumigación para tratar de desviar la atención pública —que la rechaza públicamente— del impacto político demoledor causado por el reciente estallido social.
Ya hay una respuesta del campesinado cocalero, que se encuentra movilizado en Algeciras, Huila, Caquetá y Putumayo.
Medios de prensa colombianos informan sobre las concentraciones de recogedores de hojas de coca en distintos puntos de áreas campesinas. También reseñan la marcha campesina cocalera del Guayabero, opuesta a la intervención del Ejército en una supuesta campaña ambiental que destruye sus sembradíos sin darles lo prometido en el Acuerdo.
Algunas fuentes entienden que el CNP trasladará las movilizaciones de protesta a las zonas rurales, donde se encuentran las columnas campesinas del Catatumbo, en Zulia, en Ariguani, departamento del Cesar, en el Bajo Cauca de Antioquia y en Tumaco, el más importante complejo cocalero colombiano.
Algunos medios independientes indican que en los próximos días habrá bloqueos y cortes de carreteras, como la Panamericana, Taraza, Villavicencio, Norte de Santander, Llorente, Guayacana, Pitalito, Algeciras y San José del Guaviare. Incluso, se plantea por participantes en el paro nacional el cierre de algunas ciudades. O sea, se abre un nuevo foco de protestas.
SIGUE LA VIOLENCIA DEL PARAMILITARISMO
La presencia de los grupos paramilitares en Colombia se hace más acentuada en los últimos años, en especial luego de la firma del acuerdo de paz, pues el presidente Duque extiende la impunidad a los sicarios de hacendados y narcotraficantes.
Asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales, golpizas… se suceden a diario en este país cafetalero por excelencia.
Dos hechos ocuparon las primeras planas de la prensa latinoamericana: el pasado martes un auto bomba explotó en una unidad militar colombiana y aunque en un primer instante se pensó en un atentado del ELN, días después surgen dudas de si se trató de un atentado.
El ministro de Defensa nacional, Diego Molano, refirió que la hipótesis inicial indicaba que la agrupación guerrillera estaba detrás de “este acto terrorista y vil”, e investigó también a las disidencias del Frente 33 de las extintas FARC.
La acción ocurrió a las 15:30 (hora local) en el interior del cantón San Jorge, en el barrio San Rafael, en Cúcuta, cuando un vehículo de color blanco detonó dos veces, pero luego del análisis del video colgado en Twitter, aparecieron las incertidumbres sobre la tesis del coche bomba, que dejó más de 30 militares heridos.
Algunos internautas expusieron sus dudas porque en el video se observa el humo de la pólvora cuando se está quemando y después ocurre el estallido.
Para muchos, la explosión debió ser limpia, además de la sospechosa actitud oficial que con gran rapidez culpó al ELN.
La agencia noticiosa Prensa Latina destaca, en un despacho fechado en Bogotá, que para el abogado Alberto Ortiz un caldero que explote en estos tiempos de desespero del oficialista partido Centro Democrático lo tratarán de convertir en una acción terrorista para tratar de recuperar espacios políticos.
Otro suceso que estremeció a la ciudadanía fue el asesinato en Cali del cantante Junior Jein, “El Cabaio”, un activista social que denunciaba, poco días antes de su muerte, las masacres y desapariciones forzadas en Cali, epicentro de las movilizaciones contra las políticas neoliberales.
Harold Angulo Vencé (1982), conocido en el mundo de la música como Junior Jein, era considerado un importante exponente de la música urbana en el Pacífico colombiano. Hasta ahora se ignora quién lo mató, pero sí se sabe el porqué, ya que en sus canciones denunció los horrores de la represión policial en el litoral del Pacífico.
La ciudadanía está conmocionada con su fallecimiento, un eslabón más de la cadena de homicidios que, seguramente, quedará en impunidad absoluta.
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