El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, afronta en Londres la segunda parte de su juicio de extradición a Estados Unidos, después de que Washington ampliara a última hora sus acusaciones, si bien mantiene los mismos 18 cargos de espionaje e intrusión informática y solicita 175 años de cárcel.
El proceso, que empezó el 24 de febrero e iba a continuar en mayo, quedó pospuesto por la pandemia. En este lapso, el informador australiano ha tenido dificultades para comunicarse con sus abogados, según ha denunciado su pareja y madre de dos de sus hijos, Stella Moris.
Imperturbables ante las múltiples instancias internacionales, Naciones Unidas incluida, las decenas de manifiestos, las miles de firmas de personalidades y profesionales de la información que han exigido su puesta en libertad y el rechazo a la extradición, el aparato judicial británico y el bulldozer paralelo de la fiscalía estadounidense continúan su camino, al final del cual podrían caerle a Assange más de 170 años de prisión.
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En el primer día del juicio, el abogado de Assange, Mark Summers, propuso posponer el proceso hasta enero de 2021, con el fin de reunir datos para rebatir las imputaciones contenidas en el nuevo auto de procesamiento emitido por la Justicia estadounidense. Recién este lunes Assange tuvo acceso a todos los documentos presentados en su contra. Como era de esperarse, la jueza Vanessa Baraitser rechazó el pedido.
Baraitser denegó además la petición de la defensa de excluir del proceso la «nueva conducta criminal» atribuida al activista australiano por la Justicia estadounidense en el auto de procesamiento emitido sorpresivamente en junio y formalizado en agosto.
Éste mantiene los 18 cargos imputados en abril de 2019 pero amplía sobre todo el de intrusión, que contempla ahora no solo los contactos con la exsoldado estadounidense Chelsea Manning en 2010, sino también con otras personas con las que Assange habría “conspirado” entre 2009 y 2015 para difundir secretos en su portal digital.
Por la tarde prestó declaración el profesor de periodismo de la Universidad de Maryland, Mark Feldstein, quien fundamentó la tesis de la defensa de que las acusaciones contra el informático tienen «motivaciones políticas” y constituye un «abuso de proceso». Aseguró que en Estados Unidos no existían precedentes de que un periodista o editor hubiese sido juzgado por publicar información clasificada.
Los periodistas no pudieron acceder a la sala e incluso a varios observadores internacionales se les negó el acceso al juicio de forma virtual. Feldstein destacó que la Primera Enmienda de la constitución estadounidense protege ese tipo de publicaciones, y en su país trabajan periodistas especializados en temas de seguridad nacional cuyo trabajo depende de las filtraciones del gobierno.
Indicó que, aunque sea «poco ortodoxo», Assange es un «editor» protegido por la Constitución. «Assange ha publicado información veraz e importante que ha expuesto actos ilegales y no éticos del gobierno estadounidense», agregó.
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Las publicaciones revelaron pruebas de crímenes de guerra y lesa humanidad y abusos contra los derechos humanos y fueron el resultado de la colaboración entre WikiLeaks y múltiples medios de comunicación como The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País, entre otros. La decisión política de enjuiciar a Assange no tiene precedentes y provocaría un escalofriante precedente para todos los periodistas y editores del mundo.
El Washington Post informó en 2013 que la Administración Obama no había procesado a Assange porque no había forma de diferenciar las actividades de WikiLeaks de las de sus medios asociados como The New York Times y The Guardian, pero el gobierno de Donald Trump desde el principio ha apuntado a Assange y ha buscado restringir la libertad de prensa y publicación.
Los medios de comunicación institucionalizados no siempre han sido capaces de ver que ahí se jugaba su futuro. Beneficiarios muchas veces de las filtraciones que, como las de Wikileaks se realizaban con el filtro de pools de medios tradicionales, algunos han intentado adular al poder ostentando los vicios y pecados de los nuevos periodistas críticos, como si la libertad de expresión se decidiera en la virtud privada de sus protagonistas y héroes.
Gobiernos y ciertos medios de comunicación miran así, de forma cómplice, para otro lado frente a la persecución de esos auténticos periodistas digitales del Siglo XXI, capaces de arriesgarse para denunciar las violaciones masivas de la legalidad y de los derechos humanos, las corrupciones y los espionajes indebidos a escala nacional e internacional, señala Enrique Bustamante en eldiario.es.
La fiscalía argumenta que las protecciones constitucionales de EU para la prensa y la libertad de expresión no se aplican porque Assange no es ciudadano estadounidense, haciendo valer la jurisdicción extraterritorial sin aceptar protecciones constitucionales para los ciudadanos extranjeros. De aceptarse esto, se abrirá la puerta para que otros periodistas y editores sean extraditados a Estados Unidos por reportajes que no le gustan a Washington, mientras que los excluye de cualquier protección de libertad de prensa.
En agosto de 2020, después de haber pasado 17 meses detenido por la solicitud de extradición de EU, el fiscal general William Barr emitió una solicitud de extradición de reemplazo, dos días después de que el equipo de defensa de Assange presentara su evidencia final para la audiencia de extradición de septiembre.
Assange no ha sido acusado de piratería informática (hackeo). Esa palabra apareció para ser difundida por la prensa hegemónica, en un comunicado de prensa de la fiscalía de EU que anuncia la acusación de Assange el 11 de abril de 2019. El cargo se basa en que Julián Assange, presuntamente, accedió a intentar ayudar a Chelsea Manning a iniciar una sesión en las computadoras de su trabajo (a las que ya tenía acceso) usando un nombre de usuario diferente para mantener su anonimato.
Estados Unidos testificó ante el tribunal que no pudo encontrar a nadie perjudicado por las publicaciones de WikiLeaks, tanto en las audiencias de Chelsea Manning de 2013 como en las audiencias de Londres. El impacto de las revelaciones de WikiLeaks «era vergonzoso, pero no dañino», según un informe del Departamento de Estado de 2010, que la agencia Reuters difundió el 18 de enero de 2011
QUIÉN ES ASSANGE
El tratamiento de Julián Assange en la prisión HMP Belmarsh ha sido bien documentado. El profesor Melzer, relator de la ONU sobre la Tortura, señaló que “ha sido expuesto deliberadamente, durante un periodo de varios años, a formas persistentes y progresivamente severas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuyos efectos acumulativos solo pueden describirse como tortura psicológica».
El Consejo de Europa aprobó una moción parlamentaria en 2020 declarando que «la extradición de Assange a Estados Unidos debe prohibirse». Si bien el derecho de Julián Assange a no ser torturado se ha violado invariablemente, su derecho a un juicio justo también se ha visto socavado.
El informador y ciberactivista australiano reveló ante el mundo los crímenes y las acciones vergonzosas de muchos gobiernos, empezando por el de Estados Unidos. Al frente de Wikileaks dio a conocer los aspectos más oscuros del poder público mediante un sistema de filtraciones en el que la autenticidad de cada documento es rigurosamente verificada para posteriormente entregarlos a diversos medios informativos.
Wikileaks dio a conocer, hace 10 años, expedientes secretos de las fuerzas armadas estadunidenses que ponían al descubierto crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas ocupantes de ese país en Afganistán e Irak; el más indignante de ellos es un video que documenta una matanza de civiles –entre ellos, niños y un camarógrafo de una agencia internacional de noticias– perpetrada en Bagdad por los pilotos de un helicóptero artillado.
Meses después divulgó decenas de miles de reportes, muchos de ellos secretos o confidenciales, enviados al Departamento de Estado por representaciones diplomáticas de Washington en todo el planeta. El llamado Cablegate documentó las maneras inescrupulosas e injerencistas de la diplomacia estadounidense, además de la corrupción, el entreguismo y la torpeza de numerosos gobiernos.
El trabajo de Wikileaks y de su fundador representó un golpe demoledor para la credibilidad de Washington en el mundo y para sus pretensiones de guardián de la democracia y los derechos humanos y es justamente por ello que la diplomacia estadounidense emprendió en contra de Assange una ofensiva judicial encubierta, con la ayuda de los gobiernos de Suecia y Gran Bretaña, en la que se recurrió a la fabricación de supuestos delitos sexuales en el primero de esos países.
Las autoridades británicas, más deseosas de colaborar con Washington que de hacer justicia, mantuvieron a Assange de manera sucesiva en reclusión, en detención domiciliaria y en libertad condicional, a pesar de que Estocolmo jamás presentó cargos formales en su contra.
La persecución llevó al informador a buscar asilo en la embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció durante casi siete años, dado que el gobierno británico rechazó otorgarle el salvoconducto para que pudiera viajar al país sudamericano.
El Departamento de Justicia estadounidense, al tiempo que encarcelaba y procesaba a la informante principal del australiano, la soldado Chelsea Manning, contó con el tiempo para armarle 18 imputaciones por delitos graves, en las que fundamentó su solicitud de extradición, y si ésta se concediera, podrían traducirse en una pena de 175 años de prisión.
Obvio es que tal proceso no sería un acto de justicia, sino una acción de venganza y un escarmiento dirigido a informadores y periodistas para que no se atrevan a exhibir las miserias internas del poderío estadunidense, señala un editorial del diario mexicano la Jornada.
Así pues, si las autoridades londinenses otorgaran a las de Washington la extradición de Assange, no sólo serían cómplices de un brutal atropello a los derechos humanos del informador y activista; estarían colaborando en la supresión de la libertad de expresión de miles, del derecho a la información de millones y de la verdad, que es un componente indispensable de cualquier democracia, añade.
Julian Assange es ahora el pivote principal de esta lucha por la libertad de comunicación y por la transparencia democrática, pero detrás están los casos conocidos de Eduard Snowden o Hervé Falciani, e incluso de Rui Pinto (denunciante del caso reciente de la Football Leaks), parangonables a los ya míticos Carl Bernstein y Bob Woodward en el periodismo clásico, a quienes nunca se les exigió cartas de pureza, señala Bustamante.
Despreciarlos y ningunearles como piratas informáticos ilegales es colaborar a la represión ejemplarizante del poder contra el periodismo crítico de este siglo 21. El cuarto poder hoy reside principalmente en un periodismo capaz de hurtar la información oficial u oficiosa en las redes, de difundirla y de desentrañar su significación en contra de la «verdad y la razón de Estado”, concluye el analista español.
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