El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se encuentra bajo arresto domiciliario por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Fundador del Centro Democrático, partido en el gobierno, debió abandonar su banca en Senado al dictarse su detención y convertirse en el primer exmandatario que recibe una orden de aprehensión en la historia contemporánea del país.
Los actos ilícitos por los que lo investiga la Corte Suprema de Justicia fueron cometidos entre 2015 y 2019 por Uribe, líder de la ultraderecha colombiana, en el curso del proceso que se le seguía por su papel protagónico en la formación de grupos paramilitares, responsables de crímenes de lesa humanidad.
Para algunos analistas, lo decidido por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es el inicio del derrumbe del poder de quien atizó el odio y la muerte en Colombia. Y mientras la Sala de Instrucción decide si precluye el caso o llama a juicio al exmandatario, el país ahonda su polarización la que, seguramente, marcará de nuevo el proceso electoral del 2022 para elegir el sustituto del uribista Iván Duque.
Para otros, el proceso le servirá a la derecha para desviar la atención de la grave crisis económica, social y humanitaria que vive el país bajo la presidencia del uribista Iván Duque, y, de salvar el escollo judicial, permitir el regreso de Álvaro Uribe a la presidencia.
De lo que se le imputa (manipulación de testigos) es apenas una pequeña parte de una serie de crímenes abominables. Uribe es básicamente un warlord (señor de la guerra), ha representado la cara más emblemática del extremismo de derecha y sus redes de poder de alcance regional, porque el uribismo, más que un movimiento político en Colombia, era un proyecto regional, dirigido y financiado desde Washington.
La noticia despertó alegría en unos y tristeza y rabia en otros. Centenares de ciudadanos por redes sociales, incluso líderes políticos, convocaron a un cacerolazo a favor de la decisión del alto tribunal.
OCHO AÑOS PARA UNA DECISIÓN
El proceso comenzó en 2012 cuando el otrora presidente denunció al congresista Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Cepeda preparaba una denuncia en el Senado contra Uribe por vínculos con el paramilitarismo, por lo que entrevistó a diferentes líderes de grupos paramilitares desmovilizados y que cumplían condenas en centros penitenciarios.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó el caso contra el senador Cepeda y abrió una indagación al hoy senador del Centro Democrático, investigado por haber intentado manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien lo señaló como fundador del bloque Metro de las Autodefensas.
Según las indagatorias, Uribe y su representante legal sobornaron a una decena de testigos para que modificaran su testimonio respecto de la participación del político en el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una suerte de federación de grupos terroristas de extrema derecha que operaron de 1997 a 2004, ligados estrechamente con los cárteles del narcotráfico.
Este año el abogado Diego Cadena, que trabajó para Uribe, fue señalado por la Fiscalía General de ofrecer 200 millones de pesos colombianos a testigos, con el objetivo de que declararan en contra de Cepeda. En su defensa, Cadena aseguró que el dinero entregado a exparamilitares tenía “fines humanitarios” y que no se trató de sobornos para comprar testimonios.
Las AUC se integraron con el fin de combatir a las guerrillas que amenazaban a la oligarquía rural, pero también para exterminar a los pueblos indígenas y campesinos que resistían el despojo de tierras emprendido por los propios terratenientes, las empresas trasnacionales y sus socios del crimen organizado.
El jurista Reynaldo Villalba, apoderado del senador Cepeda, señaló que la Corte contaba con absoluta y sólidas pruebas y era lo que se esperaba ocurriera en estricto derecho. “Quiero rescatar la independencia de la Corte Suprema de Justicia pese a la enorme presión a la que fue sujeta estos días, incluso desde el propio gobierno de Iván Duque y sus ministros”, añadió.
Para nadie es un secreto que el otrora presidente es el responsable de la creación y prolongación del paramilitarismo en Colombia. Sobre él recae la sospecha por miles de asesinatos, así como del desplazamiento y despojo de la tierra y otros bienes de millones de campesinos, además de la autoría intelectual de los falsos positivos, así como de las acciones de la otrora Dirección Administrativa de Seguridad (DAS), como otras sindicaciones que hasta ahora no fueron probadas.
Hay en gran parte del país un odio contra alguien que ciertamente alimentó –precisamente- el odio y el dolor, pero otro sector nada despreciable, alimentado por las campañas (des)informativas de la prensa hegemónica, ve en Uribe a alguien que fue capaz de enfrentar la guerrilla y arrinconarla estratégicamente hasta llevarla a la negociación, proceso que recogió y finalizó Juan Manuel Santos.
Fue ese sector, hoy disminuido, el que derrotó el referendo por la paz, y el que eligió a Santos y luego a Iván Duque. Desdeabajo señala que la detención no significa la derrota de Uribe ni del uribismo, y que por el contrario, puede implicar una ofensiva en distintos planos. Sin duda Uribe contará con el apoyo de buena parte del Estado colombiano, siempre simulando legalidad.
El portal recuerda que un juicio que lo llevó a una condena temporal también recayó sobre el dictador Gustavo Rojas Pinilla (condenado en marzo de 1959), la que anulada en diciembre de 1966 le permitió lanzarse a la arena política y ser elegido Presidente en 1970, elección usurpada por una conspiración oligárquica que ungió a Misael Pastrana como el elegido.
Por un lado, la verdad jurídica, por el otro la realidad y la verdad política y social. Los contarios a Uribe tensionarán las cuerdas con otras tantas fibras de la institucionalidad hoy muy friccionada, y en la cual personajes como el expresidente Juan Manuel Santos conserva reservas y no ahorrará influencia ni esfuerzos por ver morder el polvo a su oponente. La alianza Cepeda-Santos es evidente, dice Desdeabajo.
LO QUE DEJÓ URIBE
La impunidad y la absoluta falta de escrúpulos de Uribe quedó al descubierto al revelarse el escándalo de los falsos positivos, una serie de ejecuciones extrajudiciales propiciadas por su estrategia de otorgar premios a los soldados que mataran a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y éstos mataban campesinos y los vestían como guerrilleros antes de presentarlos a la prensa y enterrarlos.
Los soldados y sus mandos no se limitaron a emprender la cacería humana contra grupos guerrilleros a la cual los instaba el gobierno de Uribe: corrompidos por esta lógica perversa, comenzaron a asesinar a sangre fría a los campesinos de las regiones donde se encontraban desplegados, y a presentarlos como si fueran integrantes de alguno de los grupos rebeldes.
Entre 3 mil 500 y 10 mil personas fueron asesinadas a consecuencia de esta política. Hoy, con Duque, prosigue la política de aniquilamiento, con la persecución y asesinato de líderes sociales, indígenas y campesinos.
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¿Crónica de una muerte anunciada? Para el analista Camilo Botero, el conflicto de Uribe con Juan Manuel Santos era y es expresión del conflicto de la oligarquía bogotana con las mafias narco-paramilitares antioqueñas.
La primera las utilizó para derrotar la insumisión indígena y campesina y mantener los privilegios de una sociedad colonial, de castas. Y las segundas creyeron poder compartir el poder de igual a igual, pero pese a su dinero y su «terratenencia» expoliada, son aceptadas a lo sumo como “mayordomo”, nunca para sentarse a la misma mesa.
El arresto domiciliario a Uribe es un “quieto” para distanciarse del sicariato y su líder, y que la sangre que le chorrea de las manos no siga ensuciando las alfombras… Es parte de la construcción de “La Nueva Colombia”: limpiecita y ordenadita, con las masas campesinas invisibilizadas en guetos urbanos, añade Botero.
Por último cabe recordar que Uribe saboteó por todos los medios a su alcance el proceso de paz abierto con las FARC por su sucesor, Juan Manuel Santos, por el cual se logró la desmovilización de la guerrilla más antigua de América Latina.
La llegada a la presidencia de su discípulo político, Iván Duque, conllevó un retroceso lamentable en los esfuerzos de justicia transicional con los que se buscó cerrar las heridas del prolongado conflicto armado.
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