Las autoridades venezolanas llevan adelante una serie de acciones políticas y administrativas que blindarán al proceso bolivariano, una inteligente fórmula para contrarrestar los ataques de sus destructivos enemigos que la castigan por diferencias ideológicas, tal como hacen con Cuba desde hace más de medio siglo por defender su derecho a la independencia y soberanía nacionales.
Al igual que el pueblo cubano, cuya resistencia es histórica, el imperialismo estadounidense lanza sus dardos contra la patria de Bolívar, a la que intenta doblegar sin resultados desde hace casi 20 años.
Ante la firmeza de la Revolución Bolivariana que decidió en su Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instalada en agosto pasado qué tipo de país deseaba su pueblo, los grandes capitales que apoyan a la contrarrevolución interna siguen atacando (ese es el plan) para, si vencen, repartirse el pastel: las grandes riquezas naturales de la nación suramericana, poseedora de petróleo, oro y diamantes, entre otros codiciados recursos.
Como si observaran con cristales distorsionados, Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos y sus aliados, califican al gobierno legítimo de Venezuela una dictadura –el viejo pretexto para la injerencia - sin pensar que desde 1998, cuando triunfó el presidente fallecido Hugo Chávez, la dirección revolucionaria trabaja en la creación de una sociedad inclusiva denominada Socialismo del Siglo XX.
En este 2017, otro año más plagado de acciones contra la Revolución Bolivariana –bloqueo financiero, violencia callejera, amenazas bélicas, ataques diplomáticos, guerra sucia, entre otras- desde agosto pasado se adoptaron en Venezuela importantes decisiones para blindar su proceso político, las cuales están ahora mismo en un punto especial de efervescencia.
El próximo día 10 se celebrarán las terceras elecciones nacionales en los últimos seis meses, algo impensable en un país dirigido por un supuesto equipo tiránico, en las que serán escogidos los 335 alcaldes de igual número de municipios y al gobernador del estado Zulia.
Estas serán las elecciones número 23 en los últimos 18 años, y como las anteriores, y las que vendrán, se realizarán usando equipos modernos que no admiten adulteraciones, además de que serán acompañadas por observadores internacionales y locales invitados por el Consejo Nacional Electoral.
El pasado 30 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro se anotó un triunfo arrollador en los comicios para elegir los 545 diputados a la ANC, una herramienta que terminó con la violencia y dicta leyes y regulaciones para liquidar la situación creada por los contrarrevolucionarios.
El 15 de octubre los venezolanos volvieron a las urnas, esa vez para elegir a los 23 gobernadores de igual número de estados. La Revolución ganó 18 de las gobernaciones en disputa, mientras la oposición ocupó cinco. El acto ético, cívico, expresó el apoyo mayoritario al gobierno, poco después de que la oposición más radical organizara de nuevo la violencia callejera, con saldo de 130 muertos entre abril y julio.
"La participación es la mayor en los últimos años, es histórica, muy superior a la que hubo en diciembre de 2012, cuando escogimos a los gobernadores y gobernadoras", afirmó el oficialista jefe del Comando de Campaña Zamora 200, Jorge Rodríguez.
En materia de elecciones ha sido un año positivo para la Revolución Bolivariana, en tanto se anunció que Maduro será el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las presidenciales del 2018.
Una de las iniciativas más importantes de los últimos años corre a cargo de la Fiscalía General, tutelada por Tarek William Saab. Se trata de la llamada “limpieza contra la corrupción” existente en empresas estatales, que han desviado dinero del erario público para engrosar fortunas personales, en especial dirigentes de la empresa estatal del petróleo PDVSA.
William Saab ha mostrado documentos que comprueban las implicaciones de oficinas vinculadas a la ex fiscal general Luisa Ortega –quien se fugó y se exilió en Colombia- y a dirigentes de la petrolera en Estados Unidos y en Venezuela.
El Fiscal General, designado por la Constituyente, dijo en conferencia de prensa que 10 funcionarios y ex funcionarios –entre ellos dos expresidentes de PDVSA- fueron detenidos por su vinculación con una trama de corrupción en la sucursal de Oriente.
De acuerdo con las investigaciones, desde el 2014 se realizaron "labores de maquillaje de cifras de producción" para demostrar "eficiencia" en PDVSA Oriente, así como falsos niveles de comercialización. El desfalco al Estado en esa sucursal suma 1 156 millones 900 mil dólares por barriles de crudo no producidos entre 2014 y 2017.
En la redada contra los corruptos –siempre repudiados por la ciudadanía revolucionaria- , resultaron presos altos gerentes, exgerentes, personal de contabilidad e ingeniería imputados por los delitos de incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, peculado doloso propio y asociación para delinquir. Además hay dos personas con orden de aprehensión por el mismo caso. Son 42 los detenidos por el desfalco y estafa al Estado.
Según Williams los delitos investigados en los dos últimos meses, que fueron engavetados por Ortega, ocasionaron daños patrimoniales a la nación mediante contrataciones con sobreprecio en la Franja Petrolífera del Orinoco.
Maduro, por su parte, pidió el apoyo de la juventud en la lucha contra la corrupción que intenta desestabilizar la principal industria de la nación. “Seremos implacables, afirmó, con los hechos de corrupción y puedo asegurar que la justicia llegará a todos los responsables de los delitos”.
En otro paso importante para fortalecer el proceso revolucionario y mantener a la paz, la mayoría de los partidos de la oposición aglutinados en torno a la llamada y dividida Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aceptaron reunirse de nuevo con representantes del gobierno en República Dominicana.
El diálogo comenzó el mes pasado bajo el auspicio del presidente anfitrión, Danilo Medina, y el ex presidente español José Rodríguez Zapatero.
Las conversaciones se realizaron los días 1 y 2 de este mes, y parece ser el preámbulo de nuevas citas que permitan el encuentro de soluciones para alcanzar la estabilidad en Venezuela. En ese entornó algunas fuentes recordaron que Maduro invitó a conversar a los conservadores en más de 300 oportunidades durante su mandato.
La mesa de diálogo contó con una agenda de seis puntos consensuada entre las dos partes. Asistieron como observadores invitados por los grupos opositores los cancilleres de Chile, México y Paraguay, mientras que por el gobierno bolivariano lo hacen San Vicente y las Granadinas, Bolivia y Nicaragua.
Revolución es sinónimo de movimiento, y los líderes venezolanos tienen al país en constante ebullición.
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