Dos días después de haber ocurrido el peor tiroteo de los últimos años en una escuela de los Estados Unidos (EE.UU.) y a solo 456 kilómetros del lugar donde el joven de 18 años, Salvador Ramos, acabó con su vida y con la de 19 niños y dos maestras, inició en la ciudad de Houston el cónclave anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en ingles).
En una cita a la que figuras de cierta relevancia dentro del Partido Republicano, como el segundo del Gobierno de Texas, Dan Patrick, el senador John Cornyn y el diputado Dan Crenshaw cancelaron su asistencia en el último momento, Donald J. Trump acaparó todo el protagonismo del evento. El expresidente, enfrascado ahora en sentar las bases para un posible regreso a la Casa Blanca, mantuvo su postura proarmas y propuso para evitar las masacres, entre otras cosas, incorporar en los colegios vallas de seguridad y detectores de metales, además de permitir a los profesores portar pistolas.
Por más aterrador que parezca, si algo no podemos negar, es que Trump— a su manera, claro—se encuentra entre los poquísimos políticos con una propuesta concreta para controlar o minimizar los daños derivados de la posesión masiva de armas de fuego.
Ni siquiera la actual administración de Joseph R. Biden ha sabido actuar con coherencia ante este fenómeno y apenas se limita a lanzar preguntas retóricas, correctas, quizás, pero inútiles en la práctica. Por eso no ha de sorprender que mensajes como el del entrenador de baloncesto del equipo de los Golden State Warriors, Steve Kerr— cuyo padre murió asesinado en 1984 por hombres armados — cale mucho más en la sociedad estadounidense por increpar de manera directa a quienes tienen la posibilidad de revertir el escenario actual.
"Como nación nos tenemos que preguntar cuándo en el nombre de Dios vamos enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas, cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer", dijo el presidente Biden durante su alocución tras la reciente masacre ocurrida en Texas (Foto: The Associated Press).
Montados en la retórica de la pseudocrítica , los grandes emporios mediáticos estadounidenses descubren el agua fría al demandar ciertos filtros— sin perjudicar los sagrados principios del liberalismo, por supuesto— para poseer un arma. Sin embargo, se quedan en la epidermis de la cuestión y “olvidan” escudriñar los intereses que suceden al gran negocio armamentístico.
La posibilidad de comprar en EE.UU. a precios asequibles y sin grandes complicaciones, un revólver, un rifle, una escopeta o todo eso y más de un golpe, sabemos, lo permite la Segunda Enmienda de la Constitución de ese país. Escasas 27 palabras escritas en el contexto histórico de 1791 que reconoce la necesidad de una milicia para proteger el Estado:
“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed” (Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”)
Y mientras en los encumbrados círculos de poder unos defienden el texto por representar una supuesta protección contra las tiranías que puedan surgir de su propio seno, y otros consideran lo escrito un anacronismo demasiado peligroso; los asesinatos y masacres sin sentido llenan las portadas de los diarios. De hecho, cuando se escribe este comentario, corre la noticia de que un tirador mató cuatro personas en el campus del hospital de Sant Francis, en Tulsa, Estado de Oklahoma, para luego suicidarse.
En la acérrima defensa de los derechos individuales sin límites se ampara lo peor de una sociedad polarizada a la que le han inducido la paranoia. De acuerdo con las estadísticas recogidas por el proyecto de investigación con sede en Suiza, Small Arms Survey, EE.UU aparece entre las naciones con más civiles propietarios de armas de fuego, con un estimado 120.5 armas por 100 habitantes en 2018, cifra superior al 88 por cada 100 registrado en 2011.
Otro estudio publicado a inicios de año por Annals of Internal Medicine, recuperado recientemente por BBC, reveló que 7,5 millones de adultos estadounidenses adquirieron un arma por primera vez entre enero de 2019 y abril de 2021. Según los datos, cerca de la mitad de los nuevos propietarios en ese periodo eran mujeres y el 40 por ciento del total lo constituían negros o hispanos.
Ante la ausencia de un bloque compacto de oposición, la NRA, a pesar de sus problemas financieros, continúa entre los grupos de presión más poderosos de Washington. No solo por el dinero que gasta para “acomodar” el entorno a sus intereses, sino por el compromiso de sus miembros.
Sin dejar a un lado los US$250 millones—dólar más, dólar menos— que destina para programas educativos, eventos, patrocinios, etc., tiene el músculo suficiente para ascender o hundir a cualquiera. Solo en 2016, la NRA gasto US$ 4 millones en cabildeo y contribuciones directas y más de US$50 millones en campañas políticas, incluida la de Donald Trump para llegar al Despacho Oval.
Visto lo visto, a día de hoy parece imposible restarle protagonismo a este monstruo. La estructura política estadounidense, visibilizada en el Congreso y el Senado, navega en aguas demasiado turbias y procelosas como para despojarse del salvavidas. Un pantano que, por cierto, Trump prometió, en vano, drenar durante su campaña presidencial.
EE.UU. tiene un problema. Un problema que ha creado en nombre de una libertad y democracia deformada. Y ahora, ¿quién ayuda a “América”?
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