Diputados opositores: los aventureros del posible desastre brasileño

Aunque la población brasileña está en la calle contra el evidente golpe de Estado en marcha contra la presidenta Dilma Rousseff, los opositores en la Cámara de Diputados de ese país insisten, sin pruebas, en continuar el camino hacia un juicio político.

En un complejo mecanismo, el jefe de la Cámara Baja, Eduardo Cunha —quien chantajeó a la mandataria de dar paso a denuncias para impugnarla si no lo salvaba de una investigación por corrupto— permitió la entrada de documentos que exigían un proceso en contra de la presidenta por un supuesto uso de dinero estatal para compensar las cuentas de la Unión en los años 2014 y 2015.

Cunha, un politiquero de altura, miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) —que ahora se desvinculó del gobierno con el que formó alianza— se las apañó para no ir a la cárcel, a pesar de que posee cuentas en Europa no justificadas por cerca de cinco millones de dólares y ahora está mencionado en el destape de Papeles de Panamá.

Lo del jefe de los diputados es un ejemplo en el contexto de la politiquería —no de la política brasileña— de cómo se emplea el rejuego de intereses y el dinero para evitar la cárcel y poder continuar el plan de la derecha de sustituir a la presidenta, gracias a un personaje oscuro y desleal.

Si Rousseff hubiese accedido a las pretensiones del legislador, la situación actual jamás se hubiese dado —aunque tendrían otros métodos con igual fin— pues Cunha invalidaría las denuncias por falta de contenido, como es la realidad.

A partir de la aceptación de las denuncias, la Cámara de Diputados creó una comisión integrada por 65 de sus miembros que será la encargada de pasar o no el caso de la mandataria al plenario, y si es nuevamente aprobado irá al Congreso Nacional, el único que puede determinar si hay pruebas suficientes para abrir el juicio político —léase golpe de Estado al estilo del ocurrido en Paraguay contra Fernando Lugo—. Desde ese momento, la dignataria es separada del cargo por 180 días.

En ese mecanismo se da un fenómeno singular. El vicepresidente brasileño, Michel Temer —enemigo de Dilma y presidente del saliente PMDB— podrá ser sometido a juicio político también por uso de dinero estatal sin autorización parlamentaria en ausencia de la jefa de gobierno, en esos momentos en el exterior. Si es así, ¿quién quedaría entonces como presidente del país?, pues Eduardo Cunha.

El pasado miércoles, el diputado Joamir Arantes, relator de la Comisión Especial de la Cámara Baja, leyó 130 páginas y convenció a su auditorio de dar curso al pedido de apertura del juicio político contra Rousseff. El dictamen favorable, logrado en medio de un tumulto, se pronunció porque prosiga el proceso para destituir a la presidenta electa democráticamente el pasado año en su segundo mandato consecutivo.

El representante del Partido Laborista Brasileño (PTB), Arantes, es amigo y aliado de Cunha, según el diario Folha de S. Paulo, que advirtió sobre el rejuego que acontecería en la Sala.

Esa publicación asegura que los legisladores opositores consideran que tienen asegurados entre 35 y 40 votos favorables al juicio político, entre los 65 integrantes de la Comisión Especial, un paso que será dado el próximo lunes. Si a esa instancia gana la oposición, entonces se pasará al plenario. El recurso debe contar con el apoyo de 342 legisladores, de los 513, o sea, dos tercios de los escaños, para que sea cerrado.

De prosperar, se creará otra Comisión de 21 parlamentarios que harán una segunda revisión antes de que los 81 senadores decidan, por mayoría simple, si es admisible el proceso o lo archivan. Si la destitución es aprobada en la Cámara Alta, Rousseff será investigada durante 180 días, y liberada de sus funciones mientras dure ese proceso.

Son necesarios dos tercios de los votos del Senado (54 de 81) para que se haga efectiva la destitución definitiva de la mandataria.

EL MEOLLO ES EL GOLPE DE ESTADO

Uno de los elementos llamativos del proceso en la relatoría de Arantes es que no consideró la defensa que de Rousseff hizo el pasado lunes el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, ya que las cartas están evidentemente marcadas para destituir a la mandataria.

En una detallada explicación en la Cámara, el ministro jefe de la Abogacía General de la Unión pidió archivar el impedimento y rechazó la denuncia contra la presidenta, la cual evaluó como permeada de errores conceptuales básicos.

Cardozo recordó que los procesos de destitución en Brasil solo son válidos en situaciones de gravedad extrema o absoluta excepcionalidad que atenten contra la Constitución Nacional, lo cual no se ajusta a la Dignataria.

“No habrá impeachment sin esas condiciones, dijo y precisó que para configurarse un crimen de responsabilidad tales actos tienen que ser practicados directamente por el presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa”, precisó el letrado, cuya defensa cayó en saco roto dado el odio y la ceguera de la oposición.

Para Cardozo “cualquier tentativa de destitución que no cumpla con todos esos presupuestos es inconstitucional e ilegal y, por consiguiente, constituye un golpe de Estado”, y recordó el chantaje de Cunha para no ser llevado ante la Comisión de Ética por ladrón. Ello significa, dijo, que la apertura de este proceso “es un acto viciado, y por tanto, nulo”.

“La acusación de incurrir en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2015, así como de modificar los presupuestos mediante decretos carece de fundamentos legales y, en consecuencia, tampoco configura un crimen de responsabilidad, por lo cual resulta manifiestamente improcedente”, finalizó el defensor.

EL PUEBLO EN LAS CALLES

Desde hace varias semanas, las fuerzas progresistas y revolucionarias de Brasil se movilizan contra el intento de golpe de Estado organizado por la derecha interna, como parte del proceso de reversión de los modelos democráticos en América Latina.

Desde el pasado 3 de marzo, cuando más de 200 policías federales invadieron el hogar de Luiz Inacio Lula da Silva —el expresidente más popular de Brasil—, lo detuvieron por tres horas y lo acusaron de corrupto en el caso de la estatal Petrobrás; las manifestaciones se suceden en el gigante suramericano, en su apoyo y en el de la presidenta.

El próximo lunes, en coincidencia con la votación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre si cierra el caso o lo eleva al plenario de la Cámara, habrá un acto masivo en Río de Janeiro, convocado por el cantante y compositor Chico Buarque y el teólogo Leonardo Boff, dos personalidades respetadas y queridas por la población brasileña.

En una misiva al pueblo, Buarque, Boff y otras figuras del arte y la política —entre ellos el escritor Fernando Morais, el periodista Eric Nepomuceno, y el actor Wagner Moura— afirmaron que “lo que vivimos hoy es una clara amenaza a lo que fue conquistado a duras penas: la democracia”, y apelan a manifestaciones en otros Estados, como hasta ahora.

Indica la nota que “el uso indebido e irresponsable” del proceso de impugnación “constituye un golpe blanco, un golpe constitucional, pero siempre un golpe”.

Más adelante refiere que “cuando no hay base legal para su aplicación, lo que existe es un golpe de Estado, y defendemos y defenderemos siempre el derecho a la crítica por más contundente que sea al gobierno (…) pero, por encima de todo, defendemos y defenderemos la democracia reconquistada”, luego de dos décadas de dictadura militar (1964-1985).

“Que eso que intentan ahora los resentidos de la derrota y los aventureros del desastre, no les cueste el futuro a nuestros hijos”, aseveran los firmantes.

La próxima semana promete ser movida en el escenario político brasileño, donde algunas voces irresponsables ya se pronuncian porque el Congreso Nacional convoque a elecciones generales, aun cuando la presidenta se mantiene en el Palacio de Planalto y avisó que no renunciará a su cargo.