La paz en Sudán del Sur semeja un traje mal cortado, nunca viste bien, pues cuando no se renuevan las críticas y fricciones entre los jefes políticos, estallan luchas entre comunidades.
El primer vicepresidente Riek Machar Teny manifestó su rechazo por el despliegue cerca de su residencia de efectivos de las fuerzas de seguridad que -según declaró- impedían tanto el acceso al lugar como el tráfico de personas por sus alrededores, y en ese sentido aludió a un comportamiento similar a los de otroras fechas de auge en la guerra.
Las tensiones en Juba, la capital, aumentaron la tercera semana de marzo tras el Movimiento Popular de Liberación de Sudán en la Oposición (SPLM-IO) retirarse de mecanismos que monitorean la aplicación de los aspectos de seguridad en el ámbito del proceso de paz en protesta por los ataques a sitios de acantonamiento de sus efectivos.
Según reportes del sitio digital Sudan Post, los asedios ocurrieron en los estados de Unity y Upen Nile (Unidad y Alto Nilo), y fueron contra áreas destinadas en el plan de distensión para concentrar a exrebeldes, con vista a su posterior incorporación en el Ejército único.
Sin embargo, exviceministro del Interior Mabior Garang De Mabior, afirmó que con su actitud lo pretendido por Machar Teny es forzar a otro período de transición en Sudán del Sur, partiendo de que como líder de la oposición no es popular: “Por eso le declaró la guerra a nuestra población civil”.
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El también antiguo vocero de la oposición añadió que quienes rodean al primer vicepresidente “quieren enturbiar las aguas antes de las elecciones porque no son líderes populares”, al hacer referencia a los comicios previstos para finales de 2022 y principios de 2023, en su tercera posposición desde 2015.
El Acuerdo de Paz de 2018 —que oficialmente finalizó la guerra desatada en 2013— confirmó el cese del fuego entre los rivales comandados por Machar por una parte y por el presidente; Salva Kiir Mayardit, jefe del Movimiento Popular de Liberación de Sudán (SPLM) por la otra.
Aquella contienda se desató cuando el mandatario acusó al otro de intentar derrocarlo con un golpe de Estado y ocurrió solo dos años después de que Sudán del Sur se convirtiera en Estado luego de su separación de Sudán, y conforme observadores evidenció el interés de controlar desde el poder las riquezas petroleras.
Es obvio que esa última apreciación es muy simple porque en esa guerra se vislumbraron factores de geopolítica, rupturas de compromisos establecidos en la lucha contra Jartum (1983-2005), la importancia del componente étnico, los lastres de la colonización, así como la influencia de intereses foráneos.
El plan para la distensión firmado con auspicio de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), esquema de integración de África oriental, comprende el amplio cese de hostilidades, la integración de un gobierno de compromiso con la participación exrebelde y unas fuerzas armadas nacionales.
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Como la paz para que sea cierta debe ser coherente y llegar a todos los confines, en Sudán del Sur tropieza con obstáculos para cumplir su meta, en esta ocasión es la extensión de conflictos entre comunidades que este mes causaron unos 60 muertos y cerca de medio centenar de heridos.
Las discrepancias que motivan esos combates generalmente atañen a posesiones de territorios, propiedades de ganados entre tribus distintas, disputas por fuentes de agua y en el caso específico de la región de Abyei por la tenencia o la influencia sobre sus yacimientos del hidrocarburo.
Estadísticas de organizaciones no gubernamentales que operan en diversas zonas de Sudán del Sur, cifran en más de 2500 civiles muertos en los dos últimos años como consecuencia de la violencia entre comunidades, una fisura que junto al debate político debilita al Estado que nació en julio de 2011 y aún es el más joven del mundo.
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