La extrema derecha de Venezuela, responsable de la violencia neofascista existente en ese país, con saldo de más de 90 muertos en tres meses, refuerza su objetivo de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro antes del próximo día 30 y para lograrlo desestima leyes y llamados de voces autorizadas, como la del Papa Francisco, para revertir la situación nacional.
A los conservadores les quedan pocos días para la celebración de las elecciones generales, directas y secretas en la que el pueblo revolucionario escogerá en las urnas a los 537 diputados que integrarán la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual avisaron que ignorarán, e incluso que no permitirán el acceso a los colegios electorales.
Este sábado, de manera imprevista, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió cambiar la condena en la cárcel del ultraderechista Leopoldo López, instigador de las manifestaciones violentas que en el 2014 causaron 43 muertos, por prisión domiciliaria, con el alegato de razones humanitarias debido a la supuesta mala salud del reo.
La salida de un López sonriente, agitando la bandera venezolana desde el balcón de su residencia en Caracas, pone en duda hasta para algunos dirigentes chavistas la decisión de la Justicia, -que según recoge Telesur acatan pero no comparten- y que constituye un trago amargo para los familiares de las victimas y para quienes reconocen en el líder contrarrevolucionario el causante de los asesinatos de hace tres años.
Para los derechistas, como el dirigente Freddy Guevara, el ex alcalde del Chacao está en su hogar debido a la presión callejera y a la presión internacional contra el gobierno, mientras el expresidente español José Rodríguez Zapatero, la nueva situación propiciará el diálogo nacional, que muchos consideran imposible, con los conservadores.
Las últimas noticias públicas sobre este personajillo idealizado como un mártir del chavismo por la media se remiten a una visita que les realizara en la cárcel a mediados del pasado mes la entonces canciller Delcy Rodriguez, acompañada de otros funcionarios gubernamentales. Lo que hablaron allí se mantuvo en la mayor discreción, aunque ahora los analistas alineados con la oposición estiman que hubo algún acuerdo entre las partes.
Lo cierto es que ante la iniciativa convocada por Maduro el pasado 1 de mayo, que mantiene en movilización permanente a los actores revolucionarios del país, los opositores integrados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) irrespetan las leyes y carecen de límites políticos y éticos, según indica su desbocada e irrespetuosa actitud ante los poderes públicos, la cual puede radicalizarse aún más ante la prisión domiciliaria de uno de sus más activos y reconocidos líderes.
Sin embargo, y a pesar de sus negativas actividades que buscan favorecer la intervención internacional en el país, analistas se preguntan cuál es el proyecto político de la MUD, las propuestas, las ideas y los principios, en el supuesto e improbable caso de que cayeran el gobierno legítimo y la Revolución Bolivariana fundada por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías.
Para la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, “es un contrasentido de la derecha pretender configurar una democracia tratando de impedir al derecho a la participación, lo que es delito”, reportó la cadena multinacional Telesur.
Los planes de derrocamiento por vías de crueldad puestos en práctica en los tres últimos meses pueden acelerarse aun mas a partir de la reunión sostenida el domingo 2 de julio por un grupo de contrarrevolucionarios en el teatro El Chacao, entre ellos María Corina Machado, Juan Carlos Caldera y Rafael González Arias, vicefiscal designado el 17 del pasado mes por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, ahora en postura hostil contra el Ejecutivo nacional.
En una demostración de fuerza, y siguiendo un guión escrito en la Casa Blanca, el pasado jueves funcionarios del Ministerio Público impidieron la entrada a su sede a la vicefiscal Katherine Haringthon, designada por la Corte Suprema de Justicia en sustitución de González Arias.
Ante la prensa Haringthon afirmó: “Aquí estoy, yo tengo una misión, una función, y he sido juramentada para cumplirla”. La orden de la Fiscal General, que cerró las puertas del edificio, suma un nuevo delito en su contra por obstrucción y abierto desacato a la decisión del TSJ.
En medio de las acciones de la contrarrevolución, que pretende demostrar una supuesta ingobernabilidad del país, informaciones brindadas por el líder revolucionario Diosdado Cabello afirman que en la cita efectuada en El Chacao, en el Este de Caracas, el acuerdo fue “nada de diálogo, más violencia en la calle y la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro” .
En el lugar se encontraban representantes de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo y Vente Venezuela.
Según dijo Cabello en su programa televisivo “Con el mazo dando” de esta semana, la agenda golpista recluta personas, organiza y financia grupos de choques ubicados en ciertos puntos del país para atacar a personas inocentes, funcionarios e instituciones públicas y privadas. Además de las decenas de muertos, hay registrados más de 1 400 heridos y una pérdida considerable de inmuebles, alimentos y medicinas.
Para la oposición, considerada neofascista por sus crueles métodos, es prioridad, y en ello trabajan, la activación de un ilegal Estado paralelo para una supuesta transición mediante un proceso que desconoce los dictámenes de los Poderes Públicos.
De ahí que ignoren públicamente las disposiciones del presidente Maduro respecto a la instalación de la ANC, e intenten la creación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fiscalía General y Consejo Nacional Electoral (CNE) cuyos actuales miembros son acusados de adhesión al oficialismo.
Uno de los pasos más graves, y cuyas consecuencias al parecer no ha medido la MUD, es la convocatoria a un proceso de consulta popular el próximo día 16 sobre la ACN, sin autorización del CNE, único responsable de cualquier movimiento electoral.
El anuncio fue hecho por Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría conservadora, declarada en desacato por el TSJ por juramentar e imponer la presencia de tres diputados del Amazonas cuya elección fue considerada irregular por los votantes de ese Estado.
De acuerdo con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Borges indicó que ese mismo día 16 comenzaría lo que llamó “Hora Cero”, lo cual significa “el inicio de una fase superior de lucha” en las calles, o sea acciones armadas ejecutadas por jóvenes reclutados por la contrarrevolución, a quienes les entregan dinero, armas y drogas.
Uno de estos muchachos –según publicó la prensa venezolana- admitió que sus compañeros movilizados en las vías “se drogaban y destrozaban todo lo que se les atravesaba. Vi muchas cosas feas, como cuando le cortaron el cuello a un tipo (hombre) también en Altamira”.
El declarante, cuya identidad permanece anónima por su seguridad personal, acusó al diputado Miguel Pizarro, de Primero Justicia, del reclutamiento y de dar orientaciones a los implicados en las manifestaciones y atentados. Nos decía, precisó, “que nos preparemos y acabemos con todo, que fuéramos para adelante sin miedo”, y afirmó que recibió y consumió “diferentes tipos de drogas, que nos hacían “hacer locura”, como cocteles Molotov con heces fecales”.
En la cita del Chacao Borges dijo que en esta fase más aguda contra la Revolución también declararían el supuesto abandono del cargo por parte de Maduro, lo cual resultaría poco creíble, pues esa medida solo es posible si el Mandatario abandona su responsabilidad de manera pública, notoria y comunicacional, o sale del país más de cinco días sin autorización de la Asamblea Nacional.
A pesar de la convocatoria al llamado plebiscito nacional, los dirigentes de la MUD no habían avisado a su militancia, hasta este viernes 7, qué organismo regirá tal proceso, contabilizará los votos, y qué pregunta contendrá la supuesta boleta.
En esta fase de confrontación con el gobierno, los opositores más radicales –sin un líder visible hasta ahora- también intentan una fuerte ofensiva contra la Fuerza Armada Bolivariana, en un intento hasta ahora fallido de quebrar su unidad interna y desacreditarla ante la ciudadanía.
La denuncia al respecto fue hecha por el periodista y ex vicepresidente José Vicente Rangel, quien precisó que “existe la pretensión de segmentar a la Fuerza Armada hasta lograr la confrontación interna que podría desembocar en el estallido de una guerra civil que justificaría la intervención armada extranjera… Alerta: hay una siniestra colocación del tema en el desarrollo del proceso de rebelión armada de la derecha que avanza a través de diversas formas de lucha…Da la impresión de que el signo del momento es la proliferación de la traición”.
Entretanto, el Ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, reiteró la validez de la unión cívico-militar, base de sustentación del proceso bolivariano, pero aclaró que su organismo “condena la violencia en cualquiera de sus formas, venga de donde venga”, y calificó de inaceptables los hechos ocurridos en la Asamblea Nacional donde un grupo de jóvenes chavistas intentaron la celebración de los 206 años del Acta de Independencia.
Padrino hacía referencia a los actos violentos en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, cuando un grupo de personas irrumpió en el recinto y fueron agredidos por los diputados conservadores.
"Que bueno sería, precisó, que líderes de oposición asumieran la misma postura del presidente Nicolás Maduro cuando se atacan bases militares, centros de salud, educativos y de alimentación, ataques terroristas a Poderes e instituciones públicas, quema de personas y vehículos, linchamientos, obstaculización de vías públicas, instigación a la rebelión, uso de menores, escrache, crímenes de odio”.
Una vez más, en concordancia con los postulados del gobierno, Padrino llamó al diálogo y a un acuerdo nacional, los cuales resultan poco viables en la actualidad.
Términos y condiciones
Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.