Diálogo esperanzador

Con el cierre de la frontera de Venezuela con Colombia por el Estado de Táchira comenzó un conflicto entre los gobiernos de las dos naciones suramericanas que hoy, se espera, terminará durante el encuentro que sostendrán los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos en Quito, la capital de Ecuador, bajo cuya presidencia temporal funciona la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

A la invitación formulada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa y el uruguayo Tabaré Vázquez, presidente temporal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), respondieron de manera positiva los dos mandatarios implicados en el diferendo, luego de un mes de negativas por parte del jefe de gobierno bogotano a las invitaciones de su par venezolano.

En la cita, pautada en el Palacio de Carondelet, estarán presentes Correa y Vázquez, quienes pretenden continuar con la política trazada en la Cumbre de la Celac celebrada en La Habana en 2014 que declaró a América Latina zona de paz, y en la que se destacó que cualquier diferendo entre sus miembros debía ser resuelto por la vía diplomática.

El 20 de agosto pasado el gobierno venezolano decidió cerrar el paso fronterizo binacional por el Estado de Táchira (suroccidente), luego de que una patrulla de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fuera atacada allí, un día antes, por presuntos paramilitares, con saldo de cuatro heridos, dos de ellos de gravedad.

Analistas consideran que desde hace años existe una situación desfavorable en los puntos comunes de Venezuela y Colombia, pues de tránsito pacífico se convirtió en un peligro para la estabilidad interna del país bolivariano.

Estas áreas comunes son utilizadas por contrabandistas que acumulan productos de primera necesidad para revenderlos, así como por grupos criminales, vinculados con la ultraderecha —como los que intentaron un magnicidio contra el presidente Hugo Chávez, asesinaron al diputado Robert Serra y su compañera y realizaron acciones violentas contrarrevolucionarias— y narcotraficantes.

Las autoridades de Caracas confirmaron que se demostró con la movilización de miles de soldados hacia las zonas de conflicto que existe el contrabando de extracción, secuestro, desapariciones, redes de prostitución, tráfico de narcóticos, de personas, de armas y de combustible.

En los últimos 30 días, Venezuela declaró el estado de excepción en Táchira y cerró también las líneas fronterizas por Zulia y Apure (occidente) de manera indefinida, “hasta tanto no se restablezca la paz y la convivencia sana entre países hermanos”, indicó Maduro en recientes declaraciones, tras explicar la Operación de Liberación y Protección al Pueblo (OLP), que se realiza en esos lugares.

La intervención en la frontera —indicó la cadena multinacional Telesur— pretende construir espacios de paz y erradicar la presencia de grupos al margen de la ley, con el afianzamiento de la presencia del Estado y el desarrollo sociocultural de esos territorios.

Los dos Estados comparten una frontera de 2 200 kilómetros que, en algunos puntos, son habitados de manera mayoritaria por colombianos que salieron huyendo debido a la violencia y la falta de oportunidades económicas. Según datos oficiales, en Venezuela viven en paz seis millones de colombianos, quienes se benefician de los programas de la Revolución fundada por Chávez y continuada por Maduro.

Tras el cierre del paso por seis municipios de Táchira fueron deportados más de mil colombianos en situación irregular, que en su mayoría se dedicaban al contrabando de productos para revenderlos, con lo que contribuyen al desangramiento de la economía local, castigada por la guerra sucia que la oligarquía y la derecha regional mantienen contra el sistema político venezolano.

El alto costo de la vida en Colombia ha generado, al menos en las entidades fronterizas, que la extracción de productos básicos no sea solo un negocio para subsistir, sino que además sea una alternativa más económica para los habitantes del vecino país, informó la periodista de Telesur Madeleine García, durante un recorrido por el compartido río Arauca.

Al llegar a la localidad colombiana de Cúcuta, el alcalde Donamaris Ramírez-Paris aseguró que “no tiene nada que ofrecerle” a los recién llegados. “No tenemos cómo ofrecerle oportunidades laborales u estabilidad (...) tenerlos aquí aumentaría el problema social de la ciudad” argumentó el alcalde colombiano, al reunirse con sus compatriotas, que permanecían en Venezuela indocumentados.

La repatriación de esos ciudadanos —que Venezuela despidió de su territorio basándose en sus derechos constitucionales— fue aprovechada por Santos para de manera pública acusar a Maduro de supuestas violaciones a los derechos humanos, cuando la realidad indica que su gobierno ni los anteriores se ocupan de sus ciudadanos en esos territorios colindantes.

En sus declaraciones, que fueron varias y subidas de tono, el mandatario olvidó que la deportación se hizo de manera ordenada y sin atropellos; ni tampoco mencionó la actividad delincuencial y paramilitar —en estos días han sido detenidos al menos una docena de estos mercenarios— que no solo afecta a Venezuela sino a Colombia, pues también altera su economía y su tranquilidad.

Maduro llega a esta reunión en Quito con una propuesta de paz para la recuperación de la tranquilidad y la construcción de una frontera libre de los actuales lastres políticos y sociales.

Previo a la cita se celebraron varias reuniones entre las cancilleres Delcy Rodríguez, de Venezuela, y Ángela María Holguín, y de ellas con su homólogo ecuatoriano Ricardo Patiño.

La ministra Rodríguez destacó al final de uno de esos encuentros que Holguín poseía una posición errónea sobre la situación.

“Durante más de un año de reuniones bilaterales para resolver la situación fronteriza —aseguró—, no se han obtenido resultados positivos ante la poca disposición del Gobierno colombiano para atender la problemática” que se vive en la frontera.