La maquinaria política colombiana está a alta velocidad, cuando falta menos de un mes para la celebración de las elecciones legislativas, cuyos resultados dejarían avizorar lo que ocurrirá el posterior 29 de mayo, cuando sean las presidenciales e Iván Duque, considerado un peón de Estados Unidos (EE.UU.), sea desplazado por un político que quizás cambie el siniestro panorama del país y haga cumplir el Acuerdo de Paz de 2016.
Luego de 20 años de gobiernos liderados, incluso en las sombras, por el ultraderechista Álvaro Uribe, y con el telón de fondo del conflicto armado, revivido por las mala gobernanza de Duque y su padrino que lo sentó en el Palacio de Nariño, en Colombia se juega la alternancia partidista y el futuro de la paz, mientras continúan las masacres de civiles.
Cada día se conoce en Colombia el asesinato de líderes sociales cuyo único delito es la defensa de sus territorios ante la imparable economía de extracción de recursos naturales, y de ex guerrilleros firmantes del Acuerdo de La Habana, cuyos resultados son nulos o casi invisibles en el país.
Más de 1300 excombatientes y dirigentes comunitarios fueron asesinados desde que el gobierno de Juan Manuel Santos y el comandante Rodrigo Londoño, líder de la exguerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, suscribieran en la capital cubana, luego de años de negociaciones, el documento que, se suponía entonces, devolvería la tranquilidad a los colombianos.
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A esos mujeres y hombres que acogieron de buena voluntad las decisiones adoptadas en papel y resultaron ejecutados, se unen 6402 llamados “falsos positivos” reconocidos por la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de un crimen de Estado de las Fuerzas Armadas colombianas que mataron a inocentes presentados como guerrilleros caídos en combate.
En la actualidad, y al sentirse traicionados por el incumplimiento del Acuerdo por parte del gobierno de Duque, una parte disidente de las FARC-EP retornaron a la actividad armada, al igual que el Ejército de Liberación Nacional, cuyas negociaciones de paz en marcha fueron suspendidas por Duque.
Los líderes ultraderechistas Iván Duque, actual presidente de Colombia, y su padrino político, Álvaro Uribe, promotor de los grupos paramilitares en ese país. (AFP)
Pero quizás lo más grave de este panorama sean las numerosas formaciones paramilitares que operan en Colombia, como el Clan del Golfo, y que en 2021 y lo que va de este año cometieron 105 masacres (muerte en forma violenta de más de tres personas), según la fundación Indepaz.
A esta situación de extrema violencia se une el recalentamiento de la frontera con Venezuela, en particular en los departamentos colombianos del Norte de Santander y Arauca. Unas 170 familias de esos territorios debieron desplazarse por el accionar de grupos irregulares que exterminan con absoluta impunidad.
Para la población colombiana, y en especial la residente en los departamentos donde más se hace sentir el conflicto armado, las dos próximas elecciones podrían transformar, si existe la voluntad política, el complejo escenario en que sobrevivir es casi una ilusión.
De acuerdo con la Ley Electoral nacional, en el Senado 100 curules serán escogidos por circunscripción nacional; dos por la especial para pueblos indígenas; uno será destinado al segundo candidato presidencial más votado, el llamado “estatuto de oposición”, y cinco corresponderán automáticamente a la representación del partido Comunes, que sustituyó al expartido FARC, tras la desmovilización de la guerrilla homónima.
En la Cámara, 161 asientos son designados por demarcación territorial en los 32 departamentos del país y en Bogotá, el distrito capital. Uno será destinado de nuevo al segundo candidato presidencial más votado; dos para los pueblos afrocolombianos; uno para la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; uno para los residentes en el exterior —considerado un cupo muy bajo para una emigración estimada en 4.7 millones de personas por la Cancillería—; uno para pueblos indígenas; cinco para Comunes. Además, otros 16 por la circunscripción especial para la paz, cuyos candidatos fueron escogidos en los 167 municipios rurales. Esos legisladores representarán a las 9 000 000 de víctimas de la guerra civil de más de 50 años reconocidas de manera oficial por el Estado.
¿HABRÁ ALGÚN CHANCE PARA EL URIBISMO?
De acuerdo con la composición del Senado así podrá ser, en gran medida, el funcionamiento del Ejecutivo y del presidente de la nación. Algunos gobiernos latinoamericanos se han visto frenados —Perú es un ejemplo histórico— por la actitud del Parlamento, sin poder legislar debido a las negativas continuas de los opositores, si son mayoría.
De ahí la importancia que el partido de gobierno obtenga también el mayor número de curules para llevar adelante sus programas.
Hasta ahora, y según se acercan los comicios, las encuestas indican que el oficialista Centro Democrático, fundado por el ultraderechista senador Uribe (dos veces presidente y senador) perdería su condición de primera minoría en el Senado, con 19 escaños, y segunda minoría en la Cámara, con 32. El declive del partido se corresponde con la desaprobación popular al mandatario llamado Duquesito (72 %) y a Uribe (68 %), indicó la empresa Invamer Gallup, de investigación y mercadeo.
Uribe, también exgobernador de Antioquia, donde fundó los grupos paramilitares que actúan hasta hoy, artífice de la guerra no declarada contra Venezuela, es sindicado como jefe de un caso de manipulación de testigos, y sentenciado a dos meses de prisión domiciliaria.
Está asociado —de acuerdo con la prensa local— al escándalo de la llamada “ñeñepolítica” en el que el reconocido narcotraficante José “Ñeñe” Guillermo Hernández contribuyó con dinero de la mafia a la compra de votos para favorecer a su partido en la elección presidencial de 2018, según revelaciones de los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén, de La Nueva Prensa.
EL PUEBLO QUIERE CAMBIOS
En 2021, las organizaciones políticas, sindicales y sociales de Colombia realizaron un paro nacional, acompañado de movilizaciones en las grandes zonas rurales y ciudades del país, que demostraron la capacidad popular contra el proyecto de reforma tributaria de Duque.
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La crisis de Colombia, más conocida por los continuos asesinatos y masacres cometidos con la aprobación del régimen, ganó otra dimensión cuando la población cogió las calles y fueron reprimidos con una brutalidad reflejada en los principales medios internacionales.
El conflicto armado pasó también a la sociedad en grandes proporciones, pues el gobierno movilizó sus poderosos medios militares para atacar las multitudes, entre ellos, las Fuerzas Armadas, Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional y grupos paramilitares coordinados por el gobierno.
La Organización no Gubernamental (ONG) Temblores registró en esos días 44 homicidios a manos de la fuerza pública, otros 29 no determinados, 1167 golpeados, 82 agredidos en los ojos, 28 ataques sexuales en las cárceles y 2005 detenciones. La Defensoría del Pueblo, entre otras organizaciones, contabilizó las violaciones a los derechos humanos.
MOVILIZACIONES ANTE ELECCIONES
El Comité Nacional del Paro (CNP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) invitaron al pueblo colombiano a movilizarse de manera pacífica desde el próximo día 28 en recordación a los sucesos ocurridos el pasado año cuando la población reivindicó sus derechos ante la política neoliberal de Duque.
Organizaciones políticas, sindicales y sociales convocaron un paro nacional el próximo 3 de marzo, a diez días de los comicios legislativos. (Tomada de laprensa.com)
Diez días antes de los comicios, el próximo día 3, se realizará un nuevo paro nacional, indicaron los convocantes, “ante la gravedad de los hechos económicos, políticos y sociales que vive nuestro país, entre los cuales se encuentran las amenazas sistemáticas y el chantaje, la estigmatización, el asesinato de líderes sociales y sindicales y los graves hechos de carestía patrocinados y promovidos por el gobierno”.
Las dos organizaciones, de gran prestigio en Colombia, propusieron apoyar en las dos venideras elecciones las candidaturas del Pacto Histórico, del favorito a ganar la presidencia, Gustavo Petro, y la Coalición de la Esperanza, que va en segundo lugar en las preferencias populares, “ya que son las fuerzas políticas que nos han acompañado desde el estallido social”.
Además del partido de gobierno, en los comicios serán tres las principales coaliciones en disputa.
De la izquierda a la centroizquierda se ubican, entre otros, el Pacto Histórico, que reúne a la Colombia Humana de Petro, exalcalde de Bogotá, Soy Porque Somos, de la lideresa social afrocolombiana Francia Márquez; Unión Patriótica —partido sobreviviente del “genocidio por razones políticas” de más de 5000 de sus militantes y dirigentes en la década del 80— Partido Comunista Colombiano; Polo Democrático Alternativo; partido indígena MAIS; y el Congreso de los Pueblos.
Hasta ahora, y así lo reflejan las encuestadoras, Petro y su partido aparecen como favoritos para alzarse con la mayoría en el Congreso Nacional y entrar después por la puerta ancha del Palacio de Nariño, sede gubernamental de Colombia.
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