De nuevo, Puerto Rico en plebiscito

Este segundo domingo de junio Puerto Rico celebra un nuevo plebiscito para definir sus relaciones políticas con Estados Unidos, pero que, por su carácter no vinculante, resulte de interés para la gigantesca nación norteña, que considera la isla como un Estado Libre Asociado.

El resultado de la consulta, como las de 1967, 1993, 1998 y 2012, carece de compromiso alguno por parte del Congreso estadounidense, aunque Washington entregó siete millones de dólares para su realización.

La nueva ronda de consulta ocurre pocas semanas después de que los puertorriqueños acogieran como un héroe a Oscar López Rivera, un veterano dirigente político boricua que pasó 36 años preso –de una condena de 70- en Estados Unidos por luchar por la independencia de su país. Poco antes de dejar la presidencia, fue indultado por Barak Obama.

Desde su llegada a su tierra natal, López Rivera exhortó a sus coterráneos a la unidad y a continuar la batalla por la liberación definitiva de la ínsula caribeña, que sufre ahora las reformas económicas, en detrimento del pueblo, para amortiguar una deuda de más de 70 mil millones de dólares.

En estos momentos, Puerto Rico está bajo supervisión del Congreso estadounidense,  que implantó una Junta de Control Federal encargada de aprobar o no cualquier decisión financiera adoptada por San Juan, pero sin entregarle un centavo como le correspondería en rescate a cualquier entidad territorial de ese país del Norte de América.

De mal para peor

La idea de esta vuelta a las urnas surgió del gobernador Ricardo “Ricky” Roselló, quien firmó la Ley 7 de este año para la Descolonización inmediata de Puerto Rico, la cual, por su pomposo nombre, podría confundirse con la liberación definitiva del país de su poderosa Metrópoli.

Sin embargo, para analistas, se trata de una trampa de Roselló para cambiar el actual estatus colonial por una nueva barra en la bandera norteamericana, con la absoluta pérdida de identidad, pero, según dijo, con todos los derechos inherentes.

En una sola boleta, los eventuales votantes encuentran la posibilidad de escoger entre tres opciones: (1) Estadidad, (2) Libre Asociación/ Independencia y (3) Actual estatus territorial.

Si gana la primera, la Ley de Roselló dispone el comienzo inmediato de transición a miembro de la Unión “en igualdad de derechos y deberes con los demás estados”. O sea, la anexión.

Pero si resulta victoriosa la segunda posibilidad, habría un referendo el próximo 8 de octubre para definir entre la independencia o la libre asociación.

En defensa de la legislación, el gobernador aclaró que "el rechazo electoral mayoritario de los ciudadanos de Puerto Rico a la centenaria condición territorial y colonial es un asunto localmente resuelto de manera contundente en el plebiscito de 2012. El colonialismo no es una opción para Puerto Rico bajo ninguna interpretación o modalidad jurídica de la “cláusula territorial” de la Constitución federal".

Asimismo, consideró que la estadidad significará más inversiones en infraestrutura, es decir, una economía más estable y un pueblo con “derecho a la igualdad política, social y económica bajo el control estadounidense".

O sea, según su visión anexionista quedaría eliminada cualquier posibilidad de convertirse en una nación libre y soberana, sin la tutela de la Casa Blanca, tal como exige el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas (ONU).

Esa instancia mundial aprobó en junio pasado por consenso una resolución –la número 36 en igual número de ocasiones anuales- que reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación y la independencia.

El documento reitera que Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña con propia e inconfundible identidad nacional y reconoce que en el contexto del recrudecimiento de la crisis económica y fiscal en la Isla, el estatus actual le impide a su pueblo la toma de decisiones soberanas para atender sus necesidades y definir su futuro, indica el Centro de Noticias de la organización mundial.

Desacuerdo con el plebiscito

No todos en Puerto Rico, con unos siete millones de habitantes, cuatro de ellos emigrados a Estados Unidos, están de acuerdo con el plebiscito de Roselló, cuyo padre también gobernó la isla famosa por sus bellezas naturales.

Tres ex gobernadores se sumaron al llamamiento de los partidos de oposición para boicotear el plebiscito ordenado por el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) de Roselló.

Anibel Acevedo,  Rafael Hernández y Alejandro García, coincidieron en que “'el rechazo es la mejor forma de repudiar clara y contundentemente el despilfarro de fondos públicos y la politiquería jaiba (oportunista) y divisiva en momentos que exigen lo contrario”.

Para Acevedo, según la prensa internacional, los anexionistas se atribuyeron la victoria de estatus del 2012, “lo que nadie en el Congreso estadounidense ni en Washington, precisó, ha reconocido”, por lo que “ahora tenemos un nuevo intento, amañado, en el que las reglas de juego las estableció el PNP sin diálogo ni consulta'.

Aunque por motivos diferentes, también el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), declinó participar en la consulta porque Roselló accedió a incluir en la papeleta el estatuto colonial actual debido a las exigencias del Departamento de Justicia federal, en lugar de ponderar la palabra Independencia.

Para los defensores de la libertad y soberanía plenas, la consulta de hoy podría atar los destinos de la isla a Estados Unidos y seguir arrastrando los problemas ligados a su actual  condición de Estado Libre Asociado desde 1950, aunque Puerto Rico fue ocupado por el gigante norteño en 1898.

La organización comunitaria “ Se Acabaron las Promesas”, movilizadora de grupos sociales, repudió también el plebiscito “ya que la mayor parte del pueblo está sufriendo el efecto de las políticas de austeridad mientras sus líderes llevan décadas lucrándose de mentiras, indicó su vocera Jocelyn Velázquez.
Este grupo exhortó al pueblo boricua a participar el domingo en la IV Marcha “Independencia ya” que recorrerá las principales vías del sector bancario de Hato Rey para culminar ante el edificio que aloja al tribunal federal de Estados Unidos.
'Decidimos unirnos a la marcha de este domingo que tendrá varios reclamos muy claros y pertinentes: la derogación de la junta colonial, democracia participativa, justicia social, educación gratuita y de calidad, y el cese de la represión”.

Velázquez indicó también, según reportes periodísticos, que “el movimiento independentista está listo para asumir su rol en un proceso descolonizador que debe trascender la pregunta simplista del plebiscito (estadidad, colonia o independencia) para plantear cuál es el país que queremos construir: una sociedad puertorriqueña más justa, democrática y equitativa”.

Expertos consideran que por su diseño y ejecución, si es que la población sale a votar, la anexión ganará el domingo, pero sin legitimidad ante la postura indiferente del régimen ultraderechista del presidente Donald Trump.

Queda también la posibilidad de una alta abstención, ya que en estos momentos la administración de Roselló adoptó una serie de medidas neoliberales en un intento desesperado por despejar la gigantesca deuda, entre ellas el cierre de escuelas, recorte de presupuesto para la Universidad de Puerto Rico, en huelga desde hace varias semanas, y la suspensión de más de seis mil empleos, en los próximos días.