Continúa tensa situación en Guatemala

Desde hace cuatro meses, Guatemala vive una tensa situación política debido a los presuntos vínculos del presidente Otto Pérez Molina con varios casos de corrupción en su administración, por los cuales está detenida su vice, Roxana Baldetti, a lo que se agrega la renuncia de varios de sus ministros, mientras la celebración de las elecciones generales del próximo día 6 pueden ser suspendidas ante la crisis institucional.

Unos 7,5 millones de electores están convocados a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, 158 diputados al Congreso Nacional, 338 alcaldes, y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

En ese contexto, los ministros de Salud, Luis Enrique Monterroso; Agricultura, Sebastián Marcucci; Economía, Sergio de la Torre; y Educación, Cynthia del Águila, presentaron sus cartas de renuncia el pasado sábado. Ese día también dimitieron los comisionados Juan Carlos Paiz y Adela Camacho y los viceministros Claudia del Águila, Sigfrido Lee, María Luisa Flores y Marco Gutiérrez.

Desde este martes y hasta el próximo jueves habrá nuevas manifestaciones en todos los departamentos guatemaltecos —las que ocurren desde el destape de corrupción en abril último— para exigir la dimisión de Pérez Molina, quien confirmó que se mantendrá en el cargo y cumplirá su mandato, pues, dijo, no formó parte de las redes de corrupción, ni recibió dinero sucio.

“Mi conciencia está tranquila, daré la cara, mediante el debido proceso; no he sido parte del dinero mal habido”, afirmó el Mandatario en transmisión televisiva este fin de semana, mientras las autoridades competentes lo acusan de ser el líder de la red de defraudación aduanera denominada La Línea, con millonarias ganancias de los corruptos.

Si Pérez Molina mantiene su posición de continuar al frente del gobierno, la Corte Suprema de Justicia será comunicada del antejuicio solicitado en su contra por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig). Después, será el Congreso Nacional el que integre una Comisión para evaluar el caso.

Si el Congreso decide retirarle la impunidad en ese órgano, el presidente sería investigado por la Fiscalía como un ciudadano común y puesto a disposición de los tribunales de justicia.

La Asamblea Social y Popular, convocante de las marchas y a la que pertenecen decenas de organizaciones y movimientos sociales, afirmó que durante esos días también se expresará el apoyo de la población a la labor que realiza el Ministerio Público y la Cigic, que solo en el caso La Línea ya detuvo a 29 personas de las posibles 158 complicadas.  

Las llamadas Movilizaciones por la Dignidad Nacional reclaman, además, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que quizás den al traste con la partidocracia tradicional gobernante.

El malestar del pueblo se explica ante el robo y el despilfarro de dinero de dirigentes políticos que parecen olvidar que el 53 % de los guatemaltecos vive por debajo de la línea de pobreza, y hay graves problemas sociales, entre ellos la impunidad política, ignorancia, racismo, machismo, corrupción, y altos índices de violencia.

De una manera casi unánime, personalidades, —como la Premio Nobel Rigoberta Menchú y el Arzobispo Metropolitano Oscar Julio Vian— y numerosas entidades de peso en la vida económica de Guatemala, respaldan la exigencia del pueblo de que el presidente entregue el cargo y sea sometido a investigación antes de que concluya su mandato.

“La mejor decisión que puede tomar (Pérez Molina) es la renuncia y enfrentar la justicia para demostrar si en realidad es inocente”, indicó a la prensa el Arzobispo Vian, luego de la misa del domingo último, pese a que es conocido que las situaciones de corrupción e impunidad son comunes en ese país.

Sin embargo, no puede decirse que haya en Guatemala un liderazgo capaz de presentar un proyecto para la reestructuración política, económica y social de la empobrecida nación centroamericana, por lo que las élites han enrumbado un probable estallido social hacia la lucha contra la corrupción, cuando son profundas las necesidades de cambios radicales.

El descontento, por tanto, recae contra el gobierno de turno y no contra la estructura de la política nacional sin que, previo a las elecciones, haya una petición de algún partido al respecto. Ahora el escándalo estalló durante la administración de Pérez Molina, del Partido Patriota, pero analistas coinciden en que la corrupción y la impunidad reinan en Guatemala desde hace décadas y la élite política forma parte y encubre ese fenómeno.

El jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, y la Fiscal General Thelma Aldana brindaron el pasado viernes detalles sobre el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, luego del análisis de documentos probatorios sobre la participación del Presidente y su vice con otros implicados.

Entre ellos se encuentra el ahora prófugo exsecretario privado de Balbetti, Juan Carlos Monzón, a quien se le confiscaron cotizaciones de compra de vehículos dirigidas a Pérez Molina, papeles relacionados con la adquisición de propiedades y boletos aéreos de viajes realizados por el binomio antes de ser electos, indicó Velásquez.

En las oficinas de otro implicado, Salvador González, habían seis cheques girados a nombre de Baldetti por un monto de un millón de dólares.

Desde mediados de abril hasta ahora, la Cicig y el Ministerio Público desmantelaron más de una decena de bandas de corrupción y tráfico de influencias, en las cuales están implicados altos funcionarios, diputados, alcaldes y policías, entre otros.

¿Cuál será la salida a la crisis?

Este martes aún se desconocía si el Tribunal Supremo Electoral decidiría la suspensión de las elecciones generales, que ya están marcadas por una evidente apatía de la población.

Los dúos de aspirantes a la Primera Magistratura están conformados por Manuel Baldizón y Edgar Barquín, del Partido Libertad Democrática Renovada (Líder); Sandra Torres y Mario Leal Castillo, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Mario Estrada y Roberto Díaz Durán, del Partido Unión del Cambio Nacional (UCN); Roberto González y Rodolfo Neutze, del Partido Creo-Unionista; José Ángel López y Miguel Pedro Miguel Lamport, del  Partido Encuentro por Guatemala (EG); Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, del Partido Frente de Convergencia Nacional (FCN);  Alejandro Giammattei y Fernando Paíz, del Partido Fuerza Para Transformar Guatemala;  Rodolfo Aníbal García y Pedro Rafael Maldonado Flores, del Partido Movimiento Nueva República (MNR); Juan Gutiérrez y Manuel Alfredo Marroquín, del Partido de Avanzada Nacional (PAN); además de Mario David García y Carlos Valentín Gramajo, del Partido Patriota (PP).

La investigación hecha por la empresa Prodatos, y publicada en el diario Prensa Libre, vaticina también que, si los porcentajes se mantienen estables y hay comicios, habrá una segunda vuelta electoral, ya que ninguno de los tres principales candidatos —Baldizón (24 por ciento), Morales (16) y Torres (14)— alcanzará el 50 por ciento más un voto el día de los comicios.

María Falla, coordinadora académica del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (Demos), afirmó que “el vertiginoso ascenso y la ventaja de Jimmy Morales ocurre porque se presentó en el momento en que está creciendo el rechazo de la población a los políticos en general”.

Falla consideró que el desencanto y el rechazo a las autoridades tradicionales causa el crecimiento de un actor y comediante como Morales en la carrera presidencial, en declaraciones a la agencia de prensa alemana DPA.

Aunque Baldizón aparece como favorito debido a su costosa campaña dirigida al área rural, donde vive el 51 por ciento de los 16 millones de guatemaltecos, en su contra tiene las acusaciones de la Cicig contra los diputados de ese partido Baudilio Hichos, Luis Chávez Pérez, Mirza Arreaga Meza de Cardona, Mario Yanes Guerra y Mario Rivera Cabrera, por numerosos delitos, entre ellos tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.

La acusación más grave contra Líder apareció cuando Édgar Barquín, candidato vicepresidencial y expresidente del Banco Central, fue indicado como presunto miembro de una red de lavado de dinero dirigida por Francisco Édgar Morales Guerra, alias “Chico Dólar”. En esa supuesta estructura también aparecen los diputados de Líder Manuel Barquín —hermano del candidato vicepresidencial— y Jaime Martínez.

El actual panorama guatemalteco aparece demarcado por un presidente que no piensa entregar el poder, unas elecciones opacadas por los escándalos, y una población que carece de un partido líder de oposición capaz de sacudir la sociedad guatemalteca.