Colombia rebelde

Cuando 2019 casi llegaba a su final, Colombia fue estremecida por protestas populares contra el mal gobierno de Iván Duque. La COVID-19 y su zaga de muertes paralizaron de momento el rechazo a la administración derechista. Ahora, el asesinato de un trabajador-estudiante en Bogotá, unido a las decenas de masacres en agosto, llevó de nuevo a las calles a miles de personas. Trece cayeron muertas por la represión policial, y 209 civiles y 194 policías heridos, según el Ministerio de Defensa.

La chispa que encendió de nuevo el polvorín fue la muerte del conductor de taxi y estudiante de derecho Javier Ordóñez, de 44 años, quien quedó atrapado en una operación de rutina policial frente a su hogar, en el barrio de Engativá. El pasado miércoles el taxista fue golpeado por los uniformados hasta causarle nueve fracturas en el cráneo y reventarle el hígado por choques de pistolas eléctricas.

Testigos aseguraron que el occiso estaba junto a unos amigos en la entrada de su hogar, supuestamente violando las restricciones de la cuarentena que prohíbe reuniones. El pedía, dijeron, que le pusieran una multa, pero se lo llevaron a un recinto policial, luego de golpearlo fuertemente.

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Desde que se conoció la brutalidad de los gendarmes, común en ese país, las calles de Bogotá, silenciadas por las medidas sanitarias contra la COVID-19, se repletaron de personas que protestaban contra los abusos y las violaciones de los derechos humanos cometidos contra un hombre desarmado que rogó por su vida a sus captores.

Poco después se conoció que había fallecido en ese establecimiento policial, muy conocido por la brutalidad de sus agentes.

Aún así, los siete policías involucrados en el crimen trataron de desaparecer el cuerpo, pero ante el reclamo de la novia, que se encontraba en las afueras del edificio, permitieron que lo trasladaran a un hospital, donde confirmaron su muerte. 

Hasta el pasado sábado, miles de personas estaban en las calles enfrentados a los uniformados que respondieron con armas de fuego, carros de agua, y medios para matar a quienes se oponían a los métodos del gobierno del ultraderechista Iván Duque. El pasado mes hubo más de 20 masacres de líderes sociales, campesinos, exguerrilleros y cinco menores, en la parte profunda del país. Ningún culpable.

Lo que comenzó como una manifestación pacífica cobró matices de violencia contenida por la población contra el régimen derechista de Duque, un político que se ha desentendido del Acuerdo de Paz firmado por el exmandatario Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo en 2016. Los guerrilleros entregaron sus armas y ahora son exterminados por grupos irregulares, al que igual los líderes comunales, en absoluta impunidad.

La rabia de los bogotanos, al igual que en otras localidades colombianas, estalló de nuevo —lo que muchos pensaron que no sucedería dada la contagiosa enfermedad presente en el país— debido a la violación continuada del Acuerdo de Paz y el crecimiento de los grupos paramilitares. La pospuesta batalla es, ante todo, una exigencia popular para crear nuevas estructuras políticas y económicas para el país, que el pasado año se mantuvo más de tres meses continuos con sus exigencias, sin representación partidista. El organizador y ejecutor fue el pueblo, de manera espontánea y organizada. Lo que sucedió ahora es la continuidad de aquel poderoso movimiento.

BURLA DEL GOBIERNO

Uno de los momentos más álgidos de los últimos acontecimientos ocurrió cuando altos cargos de la Policía y el Ejército pidieron “perdón” a los familiares de Ordóñez, gesto considerado hipócrita por parte de los cuerpos armados que desoyeron los clamores de inocencia del detenido y de los testigos.

Sin embargo, nunca se disculparon por los otros 13 muertos y centenares de civiles heridos por las llamadas fuerzas del orden que en Colombia se caracterizan por una alta agresividad bajo la orden de “primero tirar y después comprobar”, recordó el periódico El Tiempo.

A Duque poco le importa lo que sucedió y se mantiene en silencio. Hasta ahora. La situación puede empeorar para su Ejecutivo. Son 119 las denuncias presentadas en tres días sobre agresiones, abuso policial y disparos indiscriminados, sin que hasta este sábado 12 haya dado respuesta alguna.

“Es una auténtica masacre contra los jóvenes de nuestra ciudad”, denunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al analizar la extrema reacción policial —de quien no depende ese cuerpo armado—, y refirió que elevó al Ejecutivo una propuesta de reforma constitucional, acogida por el procurador Fernando Carrillo, pero sin respuesta presidencial.

López también entregó al gobierno central un video “donde se muestra con claridad a miembros de la fuerza pública, policías uniformados y otros de civil disparando indiscriminadamente en diferentes barrios”.

Aunque no se espera ningún resultado positivo contra los llamados agentes del orden, el Ministerio Público solicitó a los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Armenia, Villavicencio, Tunja, Soacha y otras ciudades las grabaciones de cámaras de vigilancia con muestras de violencia policial.

La Procuraduría requirió al director de la Policía Nacional “un inventario de la munición, tipo de arma y explosivos utilizados por la fuerza pública en estos días”, explicó la alcaldesa.

Los Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la policía, y en especial de Villa Luz, donde están destacados los dos uniformados que mataron a Ordóñez, fueron asaltados por los reclamantes. A esos puntos de disturbios fueron movilizados soldados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que arrojaron gases lacrimógenos y dispararon con armas de fuego.

Para analistas internacionales y políticos colombianos, la respuesta de la población es la expresión de rebeldía ante los crímenes que se cometen a diario en ese fallido Estado, dominado por grupos de poder vinculados al narcotráfico.

Solo en los primeros ocho meses de este año se cometieron por las fuerzas públicas y grupos paramilitares más de 50 masacres con decenas de muertos, la mayor parte jóvenes; desde 2016 asesinaron a más de 300 excombatientes de las FARC-EP, mientras continúa la erradicación forzada de cultivos ilícitos en vez de la sustitución de estos, como prevé el Acuerdo de Paz por sembradíos para la alimentación y la industria maderera.

Uno de los asuntos que más indigna a la sufrida población colombiana, que pensó que dejaba atrás 50 años de guerra civil con un saldo de más de 200 000 muertos y desaparecidos, es la impunidad de los militares.

El presidente Duque, uno de los peores gobernantes de las últimas décadas a lo interno del país —según consideran politólogo— llama “homicidios colectivos” a las masacres, la reforma de la policía la considera “modernización”. Pero nada ocurre.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, trabaja, asegura y reitera que cumplirá con ese acuerdo que devino en la gran esperanza de pacificación para este país, pero poco puede hacer si su contraparte gubernamental está estática.

“Que el mundo sepa que el presidente y el gobierno colombianos son cómplices de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por la Policía Nacional”, destacó el senador Iván Cepeda, de Polo Democrático Alternativo.

Cepeda responsabilizó a Duque por todos estos actos criminales en la nación suramericana y aseguró que “las acciones planificadas de carácter criminal en la Policía y en el Ejército, no son espontáneas ni excepcionales, sino sistemáticas y generalizadas”.

Para Daniel Coronell, en su columna dominical en el espacio Los Danieles, a Duque “le queda grande el cargo de presidente”.

Coronell afirmó que “Ha gobernado usted, con más pena que gloria, durante dos eternos años en los que sus mayores esfuerzos se han concentrado en el espejo retrovisor y en socavar el proceso de paz. No tanto porque piense que es lo mejor para el país sino porque sabe que esa postura halaga a su líder (Álvaro Uribe) a quien usted —en aberrante extremo de adulación— ha llamado ¨presidente eterno¨”.

SON MUCHOS LOS MALES

El pueblo colombiano también mostró su rebeldía por el mal manejo de la pandemia, sin amparo alguno del Estado.

Hasta el pasado domingo, Colombia presentaba 7 000 contagios y más de 200 muertes cada día, según autoridades sanitarias, ya desbordadas por el alto números de casos y la inexistencia de una estructura para atenderlos.

Colombia es un polvorín. En 2019 ocurrieron multitudinarias concentraciones para exigirle a Duque mejoras sociales. Al unísono hubo demostraciones similares en Ecuador y Chile, todos bajo la égida de la derecha.

Colombia posee el mayor índice de desempleo entre los Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) :19,7 % en julio, superando a otras 50 naciones. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), advirtió que el pasado año cerró con una pobreza multidimensional del 17,5 %, cuando todavía la COVID-19 no había incidido en los volúmenes del mercado laboral.