Cataluña… y nada de calma

Si la democracia fuese siempre “demócrata” muchas cosas no derivarían en tensiones, enfrentamientos, dislates, represión e inestabilidad permanente.

Pero en fin, el meollo del asunto reside en que, para ciertos personajes y grupos, se puede ser democrático únicamente hasta el punto en que no se violenten los cánones establecidos, no importa si la mayoría aspira a algo diferente a lo que debe vivir cotidianamente.

Y en Cataluña, el conflicto entre La Moncloa y los grupos independentistas, quienes convocaron a un referendo  el  primero de octubre de 2017 con el fin  de lograr lo que ellos llaman la independencia de España y que no estuvo excento de presiones y excesos por parte del poder central, persiste como la nota clave en la vida política de esa región autonómica. 

Luego de las elecciones parlamentarias del 21 de diciembre convocadas por el gobierno de Madrid cuando "Ciudadanos" gana la mayor cantidad de votos pero aún la mayoría de los escaños son independentistas, dos vertientes priman ahora mismo en el diferendo. Por un lado la insistencia de la administración del derechista Mariano Rajoy de procesar a los líderes que  organizaron y encabezaron el  “ilícito” referendo ganado por los segmentos apegados a la independencia, y por otro  la insistencia de los vencedores en las urnas de hacer valer la voluntad mayoritaria mediante la creación de un gobierno local apegado al programa separatista.

Así, en días pasados, y como parte de una continuada actuación oficial el Tribunal Supremo Español  insistió en procesar a varios líderes catalanes por sedición y por violentar "incuestionablemente los principios del sistema político y jurídico que se plasma en la Constitución", al pretender fracturar el Estado nacional. Propósito, aducen, que conllevó a “lanzar multitudes a las calles para protestar o tomar parte en actos eleccionarios ilegales, con el riesgo de crear un verdadero caos.”

Una interpretación que cuestionan los acusados y no pocas entidades defensoras de los derechos ciudadanos, las cuales este abril publicaron un informe donde se denuncia la existencia de mil sesenta y seis víctimas de la represión desde el pasado primero de octubre hasta el presente", lo que demuestra “el incremento de la violencia institucional, y “una regresión de derechos básicos como la libertad de expresión y manifestación.”

Por demás, y como contraparte a los planes oficiales de Madrid de persistir en la falta de entendimiento con  grupos políticos catalanes proclives a la independencia, estos efectúan encuentros y reuniones donde se barajan los nombres de los  posibles nuevos gobernantes de la región, toda vez que para el 22 de mayo debe nominarse al presidente de la administración local y a sus compañeros de fórmula.

De más está decir que algunos de los posibles propuestos para el cargo enfrentan procesos  judiciales como el ex presidente del  disuelto gobierno regional Carles Puigdemont, quien salió a Bélgica luego de los acontecimientos desatados el primero de octubre

En conclusión, siguen siendo válidos los criterios que semanas atrás expusimos en un anterior comentario sobre el problema catalán, y que indicaba que las tensiones y enfrentamientos no hayan cauce para su disminución.