Cae un imperio y arrasa a su paso

Cada día surgen nombres de políticos vinculados al escándalo de corrupción más sonado de este siglo —aunque seguramente viene desde mucho antes— financiado por la empresa constructora brasileña Odebrecht, un imperio en la rama, que cayó arrastrando consigo a figuras de 15 naciones.

En Brasilia, la capital brasileña, se reunieron a puertas cerradas hace pocos días los representantes de las fiscalías de los países involucrados para “poner a punto una investigación regional sobre el caso”.

El expresidente y propietario de la firma, Marcelo Odebrecht, está preso y cumple condena firme de 19 años, pero sus confesiones a la justicia desencadenaron un efecto dominó que trae consigo, además, el desencanto de las poblaciones sobre políticos, sean o no comprobados los hechos de que se les acusan.

La fiscalía estadounidense abrió una causa a la firma en cumplimiento del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que, si se comprueban, como ocurrió en este caso, permite sancionar a las compañías detentoras de delitos.

Odebrecht reconoció los sobornos ante el Departamento de Justicia norteño el pasado año, y pagó al menos 3 500 millones de dólares en multas. Abogados consultados indican que el órgano norteamericano intervino, entre otros motivos, por el uso del sistema bancario nacional para blanquear dinero.

La fuente judicial explicó en una declaración que la constructora, una de las más grandes del mundo, “usó una unidad de negocios oculta pero operativa, denominada Departamento de Sobornos, para pagarle unos 800 millones de dólares a funcionarios corruptos de alto nivel en al menos 15 países de Latinoamérica y de África a cambio de agenciarse importantes obras de infraestructura mediante el tráfico de influencias.

Las autoridades estadounidenses indicaron que Odebrecht realizó acciones fraudulentas en prejuicio de otras compañías mediante su subsidiaria Braskem en Angola, Mozambique, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Portugal, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. Sin embargo, pueden existir otros implicados.

La corrupción de esta empresa, que manejaba billones de dólares anuales, se detectó durante las primeras investigaciones efectuadas en Brasil entre 2013 y 2014 en la empresa estatal petrolera Petrobras, conocida como Lava Jato (Auto lavado).

En la búsqueda de pruebas de implicación quedó en evidencia el pago millonario de Oderbrecht a altos funcionarios y políticos brasileños —364, de ellos 88 presos— para que le adjudicaran, a cambio, contratos de obras públicas.

La operación investigadora, que aún se mantiene y durará al menos dos años más, según el Supremo Tribunal de Justicia de ese país suramericano, demostró que un alto número de políticos opositores al gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff —derrocada por un golpe de Estado parlamentario el pasado año— forman parte de la banda mafiosa vinculada a Lava Jato, entre ellos el entonces jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

En el caso también hay implicados funcionarios del entonces oficialista Partido de los Trabajadores (PT) de la exmandataria, pero actuantes a sus espaldas.

La acción de esta red de corrupción a nivel internacional representa un golpe a la democracia, según indican analistas como el doctor Fernando de la Cuadra, quien advirtió que el desencanto causado en algunas poblaciones al ser excluidos por sus gobiernos en toma de decisiones de importancia económica, abre el paso al resurgimiento de grupos nacionalistas y neofascistas.

En opinión de De la Cuadra, doctor en Ciencias Sociales, estos elementos “utilizando el argumento de la lucha contra la corrupción (sea o no cierta) han erigido proyectos ultraconservadores que se alimentan con la crisis políticas y con la falta de credibilidad en los partidos y en las instituciones democráticas”, donde sea el caso.

Aunque una gran mayoría de los acusados son políticos y funcionarios conservadores, la estrategia de Estados Unidos para deshacerse de gobiernos democráticos en América Latina utiliza la desvergüenza de la corrupción, aun cuando sea una mentira.

Ello significa que con el destape de la Odebrecht pueden pagar los culpables, pero también será un filón político utilizado por la derecha para tratar de desprestigiar, aún a falta de pruebas, o inventándolas, a líderes revolucionarios como los exmandatarios Luiz Inacio Lula da Silva, en Brasil, o Cristina Fernández, en Argentina.

Las solicitudes de renuncia a presuntos sospechosos, el rechazo a la corrupción y el enriquecimiento ilícito de políticos han sido el foco de centenares de movilizaciones organizadas por partidos de izquierda, organizaciones sindicales, estudiantiles y movimientos sociales en América Latina desde que se conoció el escándalo el pasado año.

Los Carnavales del pasado mes en Brasil tuvieron entre sus lemas el ya simbólico “Fora Temer”, en alusión al presidente Michel Temer, uno de los sospechosos en el entramado de Petrobras.

LA HIEDRA SE EXTIENDE

En los últimos días, el nombre del líder opositor venezolano Henrique Capriles apareció entre los investigados en Brasil por supuesta vinculación con el escándalo internacional.

El gobernador del estado de Miranda, un virulento opositor a la Revolución Bolivariana, fue denunciado ante el Ministerio Público de Venezuela por presuntamente recibir 3 000 000 de dólares de Odebrecht, según denunció el presidente de la Organización no Gubernamental Frente Anticorrupción, Luis Tellerías.

Esa entidad solicitó a la Fiscalía que ordene una medida cautelar para incautar los bienes de Capriles procedentes del delito que se le imputa, y también se le declare medida preventiva de libertad.

La ONG dijo en un comunicado que presentará “nuevos elementos” a lo publicado en el diario estadounidense The Wall Street Journal sobre las contrataciones de Odebrecht en el estado de Miranda. A Capriles, dijo, se le sigue una investigación en Brasil y ese país ordenó a la banca suiza entregar los movimientos de los depósitos de la constructora al gobernador venezolano.

Las autoridades estadounidenses, en sus investigaciones o en las realizadas en las naciones implicadas, indicaron a ex mandatarios latinoamericanos, que supuestamente tuvieron relaciones y fueron beneficiados por la constructora brasileña, entre ellos Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García, en Perú; Ricardo Martinelli, en Panamá, y Mauricio Funes, en El Salvador; en tanto se reservan otros nombres.

Perú es uno de los países más golpeados por el megaescándalo, en el que es mencionado el actual presidente derechista Pedro Pablo Kuczynski, quien era ministro de Economía y presidía el Consejo de Ministros cuando Toledo, ahora prófugo de la justicia, era el presidente.

Aunque Kuczynski —bajo cuyo Consejo de Ministro le fue concedido a Odebrecht la construcción de una carretera a pesar de opiniones contrarias de la Contraloría— argumentó su inocencia en los sobornos, una manifestación de protesta contra los políticos corruptos, calificó al mandatario de “Rata”.

Los órganos de justicia de los países conocidos hasta ahora reconocen que hay muchísimos más comprometidos en este caso de soborno internacional.

En Colombia, dos hombres del exmandatario de derecha Álvaro Uribe, también mencionado en el proceso, están detenidos por presuntamente recibir dinero de la compañía brasileña, a la que otorgaron las obras de la Ruta del Sol, una vía que une a Bogotá con la costa atlántica.

Ellos son el exviceministro de transporte Gabriel García Morales, acusado de la recepción de 6,5 millones de dólares para que Odebrecht ganara la licitación. Este individuo aceptó los cargos, mientras el exsenador Otto Bula, capturado por la policía, fue sobornado, según confesó, por 4,6 millones de dólares para que intercediera en el contrato de la transversal Río Oro-Agua Clara-Gamarra.

Hace unos días, en una maraña de investigaciones, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que verifique la presunta financiación de la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014 por la firma brasileña.

Martínez declaró que un millón de dólares de los 4,6 entregados a Bula —presume esa autoridad— “tuvo como beneficiario final (…) la gerencia de la campaña Santos Presidente-2014, cuando fue reelecto en el cargo.

Parar la corrupción en Brasil, donde todo comenzó con la operación Lava Jato, es casi una utopía.

El presidente Temer, cabecilla desde el pasado año cuando usurpó el gobierno de manera fraudulenta, dirige la venta de los recursos naturales a empresas extranjeras. Ya vendió a la petrolera francesa Total por dos billones de dólares el pre-sal de Santos, uno de los tesoros del gigante suramericano.

La pregunta es cuánto recibieron en propina, para que Total ganara el pre-sal, el mandatario y sus cercanos colaboradores. Habrá que esperar para conocer la respuesta.