Brasil coquetea con una dictadura

Jair Messias Bolsonaro, el reaccionario presidente de Brasil, nunca negó su admiración por el régimen militar que gobernó ese país entre 1964 y 1985. Rodeado ahora por generales y coroneles, apoyó públicamente una marcha el próximo día 15 para exigir la disolución del Congreso Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia e intentar volver a los llamados “Años de Plomo” de la dictadura militar brasileña (1964-1985).

Ya el excapitán y exparacaidista del Ejército Brasileño, formado en las filas dictatoriales, había dado muestras de su admiración por la dictadura cuando quiso —y ante el repudio de diversos sectores— festejar el aniversario del golpe de Estado contra el presidente legítimo Joao Goulart. El escándalo que devino tras el anuncio del sarao fue demasiado y tuvo que suspenderse.

Ahora, en un paso arriesgado —que analistas consideran fue una prueba peligrosísima— para conocer las reacciones de políticos y la ciudadanía, este descendiente de italianos de 64 años apoyó la convocatoria del ala más radical de la derecha de rechazar a las entidades parlamentarias y judiciales. La justificación de la reacción es que los dos poderes entorpecen regulaciones oficiales, justo esas que imponen un neoliberalismo acelerado y despojan al gigante del sur de sus recursos naturales, entre ellos el petróleo y las maderas preciosas.

Pasados los días carnavalescos, en que el país se paralizó solo para festejar, dos noticias de distinto rango crearon preocupación pública: en Brasil se verificó el primer caso de coronavirus en América Latina y el Caribe, en tanto el mandatario consolidó la estrategia de su base militar aliada de aniquilar las instituciones consideradas las bases de la democracia representativa.

Al estilo de su par estadounidense Donald Trump, a quien admira con pasión al extremo de imitarlo en sus peores momentos de descoordinación intelectual, Bolsonaro promovió la marcha contra los poderes estatales mediante mensaje de WhatsApp, dándole su beneplácito.

La ultraderecha brasileña recibió un espaldarazo del presidente, pero también el rechazo inmediato de legisladores y magistrados que vieron en la iniciativa un intento de “autogolpe” para que el gobierno pase a manos de los militares.

Poco después de ser electo mandatario, tras una campaña mediática y participar en el complot contra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, este político que se mantuvo 28 años como diputado en el Congreso Nacional y fue sancionado por las ofensas sexuales contra una diputada, avisó que su gabinete estaría formado mayoritariamente por militares. Su intención, mientras ocupó un curul, era llevar la agenda del Ejército al Parlamento.

Bolsonaro, que tiene como vice al general Mourao, designó a otros militares en puestos claves de su clan reaccionario.

En un contexto que incluyó el amotinamiento de la policía militar en el Estado de Ceará, la presencia de uniformados en las favelas y el crecimiento de los grupos paramilitares llamados milicias —que según la publicación Brasil de fato se relacionan con su hijo, el senador Flavio—, el general Walter Braga Netto ocupará la jefatura de gabinete presidencial y es el primer uniformado en asumir tan alto cargo tras la caída de la dictadura.

La designación de Braga Netto ocurrió un día después de que la policía abatiera al miliciano Adriano Nóbrega en el Estado de Bahía, donde estaba prófugo de la justicia, acusado de asesinar en las calles de Río de Janeiro a la concejala estadual Mairelle Franco y su chofer.

La Fiscalía a cargo de la investigación por el crimen de la concejala sostiene que Nóbrega era amigo de Fabricio Queiroz, exasesor del senador Flavio Bolsonaro, también envuelto en un escándalo por desvío de fondos públicos y blanqueo de capitales durante su paso como diputado regional de Río de Janeiro. Su fachada era Queiroz.

El general Braga Neto fue el interventor militar de Río en 2018 y conocía el mapa de las milicias destinadas a asesinar a elementos políticos y sus conexiones. Su responsabilidad coincidió con la muerte de la concejala y de inmediato abandonó el cargo.

Algunos analistas coinciden en que todos los generales de la generación del excapitán están empleados en el gobierno. También, apuntan, hay una gran legión de coroneles cada uno con su padrino en todos los ministerios.

¿POR QUÉ QUIEREN EL CIERRE DEL CONGRESO?

Pocas cosas ocurren en la política por casualidad. La organización de la marcha anticonstitucional recae en el ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) Augusto Heleno, quien declaró hace pocos días que el Congreso Nacional era “chantajista” luego que esa instancia negara la aprobación de un presupuesto impositivo para que el ejecutivo dispusiera de manera discrecional de 30 000 millones de reales (moneda nacional).

Los parlamentarios brasileños, a veces en escenarios controvertidos, han hecho resistencia a las barbaridades del gobierno, en especial a asuntos relacionados con las garantías constitucionales, las cuales son violadas de manera continua.

Para los partidos opositores, la marcha, si se ejecuta, probará el poder que posee la corriente bolsonarista y si, de acuerdo con los resultados, sería capaz de implantar una radicalización de su política contra la democracia.

Aunque Bolsonaro aún disfruta de un alto respaldo de la ciudadanía (no olvidar que practica el evangelismo, al igual que 40 000 000 de sus coterráneos), la situación económica del país no muestra los mejores augurios: el desempleo es elevado, continúa la retracción de la actividad industrial, las inversiones son bajas y el Producto Interno Bruto (PIB) está paralizado, mientras continúan los recortes en las áreas sociales.

El presidente, sin experiencia en el mando, se apoya en su gestión neoliberal en su ministro de Economía, Paulo Guedes, quien fuera asesor del régimen chileno de Augusto Pinochet, a quien consideró su inspiración para aplicar en este Brasil del siglo XXI.

PROTESTAS CONTRA BOLSONARO

El mensaje de apoyo del presidente a la anticonstitucional marcha de mediados de mes movilizó a importantes figuras políticas de Brasil. Uno de los primeros fue el expresidente Lula da Silva, quien en su cuenta en Twitter escribió: “Bolsonaro y el general Heleno provocan manifestaciones contra la democracia, la Constitución y las instituciones, en otro gesto autoritario de quienes atacan la libertad y los derechos todos los días. Bolsonaro nunca combinó con democracia”.

Otro exmandatario, no izquierdista, Fernando Henrique Cardoso —quien inauguró la etapa neoliberal brasileña— afirmó que “estamos ante una crisis institucional de consecuencias gravísimas”, aunque su partido, el Social de la Democracia Brasileña (PSDB) apoya en el Parlamento la política económica de Guedes y fue decisivo en el derrocamiento de la mandataria Dilma Rousseff.

El excandidato presidencial Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués), aseguró: “Es algo criminal pronunciarse desde la presidencia contra las instituciones democráticas”.

Otra fuerte crítica procedió de Celso de Mello, el más antiguo integrante de la Corte Suprema, quien destacó que “Bolsonaro no está a la altura del cargo que ocupa. Desconoce el valor del orden constitucional e ignora el sentido fundamental de la separación de poderes”. Mello advirtió que Bolsonaro podría enfrentar un juicio político por “crimen de responsabilidad” al transgredir la supremacía político-jurídica de la Constitución.

Insólito resultó el editorial del derechista diario O' Globo, quien publicó un editorial titulado “Bolsonaro atenta contra la Constitución”, el cual asume que “estira la cuerda en su comportamiento extremista, sin preocuparse por la importancia y el decoro del cargo de presidente, actuando como jefe de la facción radical, traspasando todos los límites de la convivencia democrática.

Las seis principales centrales sindicales de Brasil emitieron un comunicado en el que rechazaron la actitud del exparacaidista. “Una vez más (…) el mandatario ignora la responsabilidad del cargo que ocupa y actúa, deliberadamente, de mala fe, apostando a un golpe contra la libertad, la Constitución, la Nación y las instituciones”.

Los sindicatos realizarán una movilización el 18 de ese mes en defensa de la democracia. También se conoció que habrá marchas de protesta el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el día 14, cuando se cumplen dos años del asesinato de Marielle Franco.

Asimismo, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia precisó: “El acto representa un atentado contra a Constitución y el libre ejercicio de los poderes constituidos (…), en evidente crimen de responsabilidad. Ninguna divergencia entre poderes justifica que el jefe del Ejecutivo adopte una postura de enfrentamiento, insuflando a la población a un acto de autoritarismo”.

La Orden de Abogados de Brasil expresó que existen bases para un juicio político por atentar contra la democracia a través de WhatsApp, la red social estadounidense usada para la captación de votos en la campaña de 2018.

Mientras las protestas continúan, los militares mantienen su propaganda bajo los lemas “Brasil es nuestro y no de los políticos de siempre”. Uno de los videos que circula se centra en imágenes y elogios a Bolsonaro y se pregunta “¿Por qué esperar al futuro si no recuperamos nuestro Brasil?”. Otro pide que el presidente impulse un nuevo AI-5, recordando al Acto Institucional Número Cinco que dio paso al régimen militar.