La democracia boliviana permite —desde que gobierna el presidente Evo Morales— manifestaciones callejeras, pacíficas, en una nación que lucha por implantar un proyecto socialista en medio de una cultura política signada por el capitalismo, el neoliberalismo, las ancestrales luchas indígenas y la cultura del golpe de Estado.
A un año de las elecciones presidenciales, en las que Morales se presenta como candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), una coalición de partidos y movimientos sociales, Bolivia enfrenta otro delicado momento de su vida política contemporánea, cuando los actuales dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), ignorando los acuerdos adoptados por sus antecesores, transgreden la libertad de expresarse y con métodos golpistas, no mediante el diálogo suspendido en varias ocasiones para impedir soluciones, sino por la fuerza, exigen al gobierno un cambio en el sistema de pensiones.
Hace alrededor de 15 días, la COB, que promueve los paros y bloqueos de carreteras a importantes accesos internos y movimiento de personas y mercancías, exige una renta de pensiones mucho más alta que la acordada por su anterior liderazgo y el gobierno, tras dos años de trabajo conjunto.
La organización pretende elevar las pensiones de los mineros a mil 147 dólares mensuales y 715 para otros sectores, mientras el gobierno manejó, antes del conflicto, un máximo de 570 dólares para los primeros y de 457 para los demás sectores.
En medio del conflicto, el vicepresidente Álvaro García Linera, también presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuestionó la postura de la entidad obrera, ya que, refirió, la legislación fue consensuada y posee un aporte tripartito: del trabajador, de los contratantes y del Estado.
La ley, planteó, no sólo beneficia a los mineros, maestros, trabajadores fabriles o funcionarios públicos, sino a todos los sectores. De cada mes de salario, explicó, se les descuenta el diez por ciento y se lo coloca en una cuenta personal en el banco, llamada Fondo Solidario, a la que también aportan el sector privado y el Estado.
A pesar de la transparencia legislativa, la COB lleva a cabo planes de conspiración y desestabilización, denunció este miércoles el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, quien señaló que, más que buscar entendimiento, existe en los líderes de esa entidad una actitud de confrontación que “intenta reproducir las estrategias de golpe de Estado”.
Romero señaló el intento de toma del aeropuerto de Trinidad, en el estado de Beni, y el de Viru Viru, luego de una convocatoria de un grupo universitario de Santa Cruz. También se refirió al llamado del magisterio urbano de La Paz, para que la policía se amotine; a declaraciones de dirigentes de ese sector en Cochabamba, quienes dijeron que “así como subimos a Morales los vamos a tumbar e instalaremos un nuevo gabinete”, y a las marchas con explosivos y armas.
Según el titular, “cuando se convoca a transgredir la institucionalidad, tocar puertas de unidades policiales, hablar de tumbar al Gobierno y de desestabilizar, estamos en presencia ya no de un movimiento reivindicativo, sino conspirativo y nosotros dejamos establecida esta información porque luego cada uno deberá asumir su responsabilidad histórica”.
ACTITUD INTRANSIGENTE
Aunque varios ministros han intentado hacerle comprender a la COB que acceder a sus demandas equivale a utilizar una significativa cifra monetaria destinada a programas sociales, además de beneficiar a quienes más perciben en perjuicio de los de menos ingresos, los sindicalistas no ceden, lo cual resulta muy sospechoso en el espectro político del país.
Analistas coinciden en que detrás de la huelga proclamada por la Central Obrera y los paros carreteros se esconden intereses más oscuros, encaminados a destruir el gobierno de Morales, el político indígena de extracción sindical que sacó a Bolivia del ostracismo económico y social, y dignificó a la nación internacionalmente.
En este plan supuestamente urdido por la COB, esta plantea ser de la oposición de izquierda para —según fuentes gubernamentales— confundir a su membresía y a la población, y ganar espacios en los medios de comunicación. En busca de simpatizantes, niega cualquier vinculación con la derecha boliviana, que ya intentó derrocar a Morales en varias intentonas.
¿Qué razón hay para que la COB y sus seguidores, muchos ignorantes del alcance de sus manifestaciones y exigencias, y desconocedores de los acuerdos anteriores de esa entidad con el gobierno, anden por las vías con explosivos utilizados en las minas? ¿Qué o a quién quieren dinamitar?
Aunque la mayoría de los bolivianos son indígenas o mestizos, algunas voces de la COB han expresado posiciones racistas. Ya en 2002, el ex ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, Jaime Solares, afirmó que “los indios (refiriéndose a Evo Morales, de origen aymará) no pueden llegar a ser una clase revolucionaria".
Solares actualmente maneja la tesis de que “la clase obrera no necesita del indio para hacer la Revolución, necesita su propio Partido” y coincide con los llamados “núcleos duros” de la minería, que dirigen las manifestaciones bajo la consigna: “Nada con el indio”.
¿A quién beneficia la intransigencia de la COB? Por supuesto que no al proyecto socialista que se pretende implantar en Bolivia, al cual perjudica con la desestabilización interna. Los bloqueos carreteros paralizaron medio país y causaron pérdidas millonarias. Su actitud favorece al golpismo, con lo cual la Central se convierte en quinta columna del capitalismo con ropaje de izquierda y mentalidad de derecha, que parece olvidar cuánto sufrieron los mineros y demás trabajadores bolivianos bajo el neoliberalismo capitalista.
El objetivo de la cúpula obrera es llegar al próximo día 25 con una victoria sobre el gobierno. Se espera que en esa fecha quede constituido el Partido de los Trabajadores (PT), salido de la COB, que surgiría para convertirse en adversario del MAS, de cara a las elecciones del próximo año.
Para medios políticos bolivianos, tras la exigencia de pensiones se ocultan las verdaderas intenciones políticas de la COB: vencer al gobierno ahora, o en 2014; desmoralizar al MAS y demostrarle al electorado que en la dirección obrera está el corazón del poder.
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