Al contrario de los negativos cambios ocurridos en algunos gobiernos de Suramérica, que pasaron del progresismo a la derecha, Bolivia, tras 13 años de administración del presidente indígena Evo Morales Ayma, mantiene con notable éxito un proyecto revolucionario en el que priman los principios éticos de la inclusión y el buen vivir.
Morales Ayma (1959), dirigente sindical que no procedía de la izquierda tradicional boliviana, sin ser aceptado por una clase media racista y una derecha que practica contra él una política de odio, fundó el Movimiento al Socialismo (MAS) que logró sacar al país de la pobreza y situarlo como ejemplo de crecimiento económico sostenido (4 % o más anual) en una región que en conjunto en 2017 no subió de un 2 % su Producto Interno Bruto (PIB).
Aunque los especialistas burgueses descalifican tales éxitos, lo cierto es que Bolivia conquistó por quinto año consecutivo el sitial de país con mayor alza de su PIB en Suramérica, gracias a la dinámica de su demanda interna, en compensación con los bajos precios de las materias primas, entre otras medidas aplicadas con inestimables resultados. Los expertos del sector aspiran a que Bolivia se convierta este año en la primera economía en progresión en América Latina.
Morales y su equipo, quienes rindieron cuenta de su gestión en 2017 el pasado día 22 e indicaron sus proyecciones futuras, advirtieron que 2018 sería un año duro para el país, en el que además de proponerse el estricto cumplimiento de los programas en marcha, se acentúan los conflictos políticos con expresiones de resurgimiento de violencia y racismo contra el mandatario y su pueblo pluricultural.
El gobierno, según los planes divulgados, pretende continuar con la inversión de unos 50 000 millones de dólares hasta el 2020 (comenzó en 2015) para mantener el ritmo actual de desarrollo en la industrialización de recursos naturales, la construcción de carreteras, creación de empleos para los jóvenes y ampliación de servicios, entre otros items.
En el ámbito social, se anunció la futura gratuidad del sistema nacional de educación y el completamiento de los programas de acceso al agua potable y al riego, ambos considerados esenciales.
Este 2018, según estiman analistas, el presidente enfrentará una vez más a las fuerzas conservadoras pagadas por Estados Unidos, que tratarán de impedir su aspiración a una nueva reelección. Uno de los argumentos de mayor fuerza en su contra es que perdió por estrecho margen el referendo del 21 de febrero de 2016, que avalaba la modificación del artículo 168 de la Constitución Nacional para facilitar su reelección en 2019.
El revés sufrido, según se conoció después, se debió a una mentirosa campaña mediática urdida por la derecha dirigida por Estados Unidos, en la que se le implicaba en una supuesta intimidad con una funcionaria pública a la que beneficiaba, y con la cual tenía un hijo no reconocido. Después de conocerse los resultados de la consulta popular, la presunta amante se retractó y dijo la verdad sobre el montaje, por el que recibió una alta suma de dinero. El niño de quien había mostrado fotos no era ni siquiera familiar suyo.
Pero el mal triunfó, y el mandatario quedó en aquel momento fuera de la liza, tal como preveían sus enemigos. Además, los grupos opositores y organizaciones no gubernamentales financiadas por Washington decidieron que era el momento de tomar las calles, en un plan parecido al aplicado en Venezuela contra la Revolución Bolivariana.
Según Sullkata M. Quilla, antropóloga y columnista boliviana, este año se agudizará en su país “la batalla por el poder entre el bloque indígena-campesino-obrero y popular, liderado por Morales, y una heterogénea oposición político-mediática respaldada por Estados Unidos y los medios hegemónicos”.
Para la especialista, estos grupos han tratado durante 12 años de desestabilizar y derrocar al gobierno constitucional, pero ni lo lograron ni muestran capacidad para presentar una propuesta alternativa a la del oficialismo.
A su favor, Morales posee una fuerte conexión con todos los sectores populares. En constante movimiento por el país llega hasta los lugares más inhóspitos y hace valedera la fuerza de los movimientos populares a través del Pacto de Unidad (campesinos, indígenas de oriente y occidente, mujeres campesinas y juntas vecinales, entre otros) y de la Coordinadora Nacional por el Cambio, que incluye a los sindicatos y la Central Obrera Boliviana (COB).
Estas organizaciones constituyen el soporte movilizador del pueblo y del MAS. Para demostrar su lealtad al proceso revolucionario, en los últimos tres meses realizan masivas concentraciones en todas las ciudades de Bolivia apoyando el liderazgo del presidente.
Los conflictos propiciados por los grupos opositores desde el pasado diciembre, en especial en Santa Cruz, un Estado de la llamada Media Luna separatista, se basan, según sus voceros, en el rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar un Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad presentado por el MAS luego de conocerse la verdad sobre las mentiras mediáticas contra su líder.
Las movilizaciones litigantes se hicieron sentir de inmediato, atrayendo para su causa a ciertos sectores, como el de los médicos, que dijeron estar en huelga por desacuerdos con el Código Penal. Las maniobras contrarias implican atentados contra instituciones estatales en Santa Cruz, llamados a desatar una guerra interna, resurgimiento del racismo en varios Estados, y hasta un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos al respecto, repitiendo la historia de entrometerse en los asuntos internos de los países suramericanos.
A diferencia de los grupos contrarrevolucionarios, el gobierno plurinacional no posee el control ni de la prensa ni de las redes sociales, que son el principal motor utilizado para la creación de matrices de opinión en torno a la gestión de Morales, aun cuando los números y la vida demuestran las positivas transformaciones del país.
Esta guerra interna, que con acierto el mandatario describió de Cuarta Generación, manipula la subjetividad de la gente, en especial de la más joven generación que no vivió la situación nacional antes del cambio revolucionario y que al parecer también desconoce que Bolivia sufrió 119 golpes de Estado antes de la victoria del MAS.
Si los comicios del próximo año fueran ahora, el mandatario arrasaría con los votos, pues varias encuestas lo dan como favorito, con un 60 % para continuar otro mandato. Sin embargo, para que la tendencia se mantenga, el MAS debe fortalecer sus organizaciones de base con un mayor trabajo político en aras de construir una hegemonía con los elementos más revolucionarios de la sociedad y nuevas captaciones, dada la flaqueza de su plataforma mediática.
La hoja de ruta política trazada este enero indica que frente a la arremetida imperial para imponer una onda privatizadora en la región, Bolivia decidió más soberanía y gestión pública de sus recursos estratégicos. En política exterior, la nación andina espera un fallo favorable de la Corte Internacional de Justicia (CIP) a su demanda marítima contra Chile, lo cual significaría un espaldarazo a la gestión del ex líder sindical cocalero. Para La Paz es importante convencer a su vecino de una negociación de buena fe con efecto vinculante para recuperar su salida al mar, que perdió en 1879 cuando fuerzas chilenas invadieron su entonces puerto de Antofagasta.
No obstante, Morales intenta dar otra solución al problema de la mediterraneidad con la construcción de un tren bioceánico que uniría el puerto de Santos, en Brasil, en el Atlántico, con el de Ilo, en el Perú, en el Pacífico, pasando por Bolivia.
La gran mayoría del pueblo boliviano confía en Morales Ayma, quien sin más recursos que su ética, su inteligencia y sus principios políticos derrotó en las urnas a una clase dominante que gobernó durante 181 años y fue desplazada por un indígena pobre, que le plantó cara a los rubios del Norte y a los discriminadores blancos del Sur para convertirse en un reconocido estadista de talla mundial.
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