Asperezas políticas en Bolivia

El bellísimo carnaval de Oruro, uno de los festejos más atrayentes de Bolivia, apuró un acuerdo sobre la celebración de las elecciones judiciales y la posibilidad de que el exmandatario Evo Morales, según sus consideraciones, pueda ser habilitado para concurrir a las elecciones del próximo año.

Morales, quien gobernó Bolivia durante 14 años y salió del país en 2019 bajo la presión de un golpe de estado cívico-.militar, quiere ser candidato de nuevo por el Movimiento al Socialismo (MAS), de enorme ascendencia entre el campesinado, en especial, por su historia como líder sindical cocalero.

La disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en diciembre del pasado año de que ningún boliviano puede aspirar a la primera magistratura más de dos veces, ya sea de manera continua o discontinua, anuló de momento las esperanzas del fundador y presidente del MAS de retornar al Palacio presidencial.

El fallo del TCP cambió la tradición de este país que permitía un número indefinido de postulaciones seguidas y, de manera legal, quebró las esperanzas de Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019 y había anunciado de manera muy anticipada la decisión del MAS de que fuera su postulado único en 2025.

La sentencia del TCP contradice otra de 2017 cuando era jefe de gobierno y pretendía seguir siéndolo. Los magistrados entonces declararon  la reelección ¨un derecho humano¨, autorizándolo a presentarse a un cuarto período.

Los jueces, antes y ahora, no se basaron en la Constitución Nacional sino en diversas interpretaciones del Pacto de San José sobre Derechos Humanos.

El arrollador triunfo de Morales en 2019 fue el detonador del golpe de Estado orquestado en Estados Unidos y puesto en marcha el mismo día de su victoria por elementos de la oposición organizada en los departamentos de la llamada Media Luna, con el entonces gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho como instrumento unitario con las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, dos factores esenciales de la ruptura democrática en Bolivia.

La madeja boliviana se complicó aún más cuando la Asamblea Legislativa fracasó en la convocatoria de elecciones judiciales el pasado año causada, en parte, por la fragmentación del MAS. Unos legisladores apoyan al presidente Luis Arce, quien fue expulsado de esa organización en su último congreso de octubre pasado, y otros a Morales, antes artífices del socialismo boliviano y desde hace unos dos años en actuaciones separadas respecto al futuro político de esta riquísima nación andina.

Las tensiones aumentaron después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidiera anular la Asamblea e instruir una convocatoria para renovar los escaños, lo cual está pendiente.

Arce, quien anunció su postulación a la reelección, es un reconocido catedrático y economista marxista que acompañó en el Ejecutivo a Morales durante 12 años (de14) y se le considera el promotor del llamado milagro boliviano. Fue ministro de Hacienda y luego de Economía de los continuos gobiernos del MAS y estabilizó ese sector con un crecimiento sostenido de un 5 % anual.

De ser considerada por organismos internacionales como el segundo país más pobre de América Latina y El Caribe, solo superada por Haití, Bolivia pasó a ser ejemplo de buena gobernanza económica bajo su dirección.

La labor de este profesional, autor de una decena de libros de su especialidad, lo convirtió en pieza clave del socialismo boliviano y por ello fue designado por Morales para candidatearse a la presidencia en 2020, la que ganó con un 52,4% de los votos válidos, sacando a los golpistas y devolviendo al país al escenario internacional.

Desde que asumió, Arce (1963) aclaró a la prensa que su antiguo jefe no interferiría en su gobierno, quizás para frenar las críticas de quienes lo tildaron de títere del MAS y de facilitarle el camino de regreso al sindicalista.

Aunque se trata de especulaciones, algunas consideradas mal intencionadas, los medios de comunicación infieren que la discrepancia surgió precisamente cuando Evo quiso dar sus opiniones sobre el manejo de la política interna, y sea o no cierto, Arce no se lo permitió.

Hubo muchas asperezas entre el líder del MAS y el político y amigo a quien confió las riendas del país.

Lo cierto es que la ruptura que nadie imaginó comenzó a fines de 2021 cuando Morales y sus sectores leales dentro del oficialismo exigieron que Arce cambiara a algunos ministros, lo cual no ocurrió. A partir de ahí las críticas cayeron sobre el presidente por permitir supuestos hechos de corrupción y protección al narcotráfico desde el Ejecutivo, lo cual fue negado oficialmente y nunca ha sido probado.

Aun cuando hubo cruces de imputaciones entre los seguidores de uno u otro político, hasta este año no se hizo tan patente el distanciamiento.

El Movimiento –que ha tildado a Arce de ¨traidor¨, un calificativo considerado sin lugar- ha seguido cada paso dado por el Ejecutivo, no solo en lo que respecta al sistema judicial sino en otras decisiones internas.

La decisión del TCP echó más leña al fuego cuando ante el desacuerdo en el Parlamento determinó una prórroga en el mandato de los jueces. Los seguidores de Morales y la oposición política (que fue la misma que lo hizo exilarse a toda prisa en México hace cinco años- se unieron contra el Ejecutivo que –según declararon- trataba de impedir el llamado a las urnas y el cambio en el Poder Judicial.

FORZANDO ELECCIONES

La respuesta de la fracción del MAS a la línea oficial fue contundente, pues considera que si se cambian los miembros del Poder Judicial quedará anulada la inhabilitación de Morales. 

Para doblegar la voluntad del oficialismo y obligarlo a convocar los comicios judiciales, como ocurrió, los campesinos aliados al exjefe de gobierno cortaron durante 15 días las principales rutas de acceso a La Paz, la capital, con pérdidas de 1 000 millones de dólares a la economía nacional.

Ante la cercanía del Carnaval, una fiesta popular muy importante en Bolivia, los legisladores adoptaron un acuerdo interpartidario que marcó para junio próximo las trabadas elecciones, lo cual, en opinión de Morales, constituyó una victoria del MAS contra Arce.

Sin embargo, se mantuvo la política de que los magistrados de todos los altos tribunales, cuyos mandatos concluyeron en diciembre último, no sean sustituidos ahora por otros jueces.

Mientras el expresidente amenaza con nuevas movilizaciones de los movimientos sociales, Arce refirió que ¨Nosotros hemos demostrado que queremos que las cosas se hagan bien, se respete la Constitución y todos hemos aprobado esta nueva ley. Los bloqueos de caminos fueron innecesarios”, y afirmó que detrás del conflicto había “intereses particulares”.

En opinión del gobierno, el MAS busca renovar el sistema judicial actual lo más pronto posible para que se desestime la sentencia constitucional que impide el retorno de su máximo líder a La Paz.