El diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano tiene nuevo escenario, a priori más serio que intentos anteriores. La firma de un memorándum de entendimiento inicial en el Distrito Federal mexicano es la foto de arranque para otra rueda de diálogo en la crisis venezolana, con nuevos interlocutores en la oposición, otro anfitrión y más fuste en los países facilitadores. ¿Qué cambió desde el último intento hasta acá? ¿Ahora sí puede prosperar?
El auditorio del Museo de Antropología de México, ante un centenar de medios de comunicación, fue el escenario de la firma del memorándum de entendimiento entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria de la oposición, nuevo nombre para la agrupación de algunos de los partidos políticos y referentes que hasta aquí abonaron la vía destituyente para salir del gobierno de Nicolás Maduro.
El memorándum que firmaron Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, por el gobierno venezolano y Gerardo Blyde, ex alcalde del municipio Baruta, por la Plataforma Unitaria, más Dag Nylander, jefe del equipo facilitador del Reino de Noruega y Marcelo Ebrard, canciller mexicano, tiene siete puntos, la hoja de ruta inicial de discusión.
El punto inicial se refiere a un acuerdo de derechos políticos “para todos”, que parece ser el paso inicial a una rehabilitación de derechos a algunos opositores (comenzando por el ex gobernador y referente opositor Henrique Capriles, que saludó el diálogo). Sigue con otro punto vital, reclamado por la oposición, el de las garantías electorales con un cronograma electoral con observación.
El tercer punto recoge un reclamo del gobierno: el levantamiento de las “sanciones” (bloqueo de los Estados Unidos y aliados) y restitución de los fondos incautados y las empresas del Estado venezolano en el exterior. El cuarto punto gira en torno al acuerdo al Estado constitucional de derecho y el quinto recoge el reclamo del gobierno en torno a una renuncia a la violencia política. El sexto parece más ambiguo, pero no menos vital: acuerdos de protección a la economía nacional. El séptimo busca acordar garantías para el seguimiento de los acuerdos en los puntos anteriores.
El memorándum también incluye otros puntos, como un acuerdo en el carácter incremental de la negociación y en el principio general de que nada está acordado hasta que todo lo esté, aunque queda abierta la ventana a acuerdos parciales, con carácter irreversible. Esto parece ser un punto reclamado por el gobierno, porque en su discurso posterior a la firma, Jorge Rodríguez pidió “acuerdos tempranos que nos permitan llevarle al pueblo de Venezuela más esperanza en el desarrollo de estas conversaciones”.
Sobre las expectativas dentro de Venezuela en este nuevo diálogo también habló en su intervención Gerardo Blyde, quien identificó a un sector que descree del diálogo, y pidió confianza.
Allí se comunicó también que los países facilitadores serán el Reino de los Países Bajos (en 2019 reconocieron a Juan Guaidó como “presidente interino”), y nada menos que Rusia, que siempre rechazó la intentona Guaidó remarcando que detrás estaba Washington.
La tarde en el museo de antropología del Distrito Federal dejó flotando en el ambiente una sensación de mayor seriedad en este intento de diálogo respecto a los anteriores. Pero la gran diferencia parece ser que que, esta vez, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no está presto para ordenar patear la mesa, como lo hizo en República Dominicana, en febrero de 2018.
En esa oportunidad, el oficialismo y la oposición del llamado G4 -conformado por los partidos más grandes, ahora en la Plataforma Unitaria- estaban a punto de firmar un acuerdo que incluía la participación en las elecciones presidenciales, por entonces sin fecha, aunque ya existía un pedido de la Asamblea Nacional Constituyente al Consejo Nacional Electoral para que las organizara en el primer semestre de ese 2018.
Allí todo estaba listo para la firma de un acuerdo, con el entonces presidente de República Dominicana, Danilo Medina, como testigo. La oposición aseguró que los representantes de Maduro fueron los que se retiraron sin revisar una “última propuesta”, pero según la versión de los negociadores del gobierno, la oposición se retiró de la negociación luego de recibir “una llamada de Bogotá”, pero en voz de un enviado del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Más allá de las versiones, lo que sucedió después dejó claro que la oposición fue la que pateó la mesa. Era el preludio de lo que vendría después: el desconocimiento de las elecciones de 2018, y de la presidencia de Maduro desde la toma de posesión de su segundo mandato, en enero de 2019. La estrategia de un poder dual, con un “presidente encargado”, el hasta entonces desconocido Juan Guaidó, y el comienzo de un acción destituyente con sabor a manual de golpe blando y dos o tres acciones con olor a pólvora.
Primero se utilizó un discurso pre diseñado de la supuesta “emergencia humanitaria” en Venezuela, para justificar una inédita irrupción desde un país vecino, Colombia. Ese intento fracasó, al igual que los posteriores: el golpe de Estado en abril de ese año, y la irrupción de mercenarios en costas del Caribe cerca de Caracas, ya en mayo de 2020. Todos estos intentos demandaban dos condiciones que no ocurrieron: una reacción masiva de rechazo al gobierno de Maduro fronteras adentro, y un quiebre en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El sostenido fracaso opositor permitió al gobierno venezolano, aún en crisis económica y pandemia, maniobrar con más soltura. Primero se acordó con otro sector de la oposición (algunos que nunca congeniaron con la estrategia Guaidó más otros escindidos de los partidos del G4) para que participasen en las elecciones parlamentarias en 2020, que acabaron con la Asamblea Nacional dominada por los sectores destituyentes.
La estrategia de una supuesta Asamblea Nacional paralela encabezada por Guaidó era el último estertor de la política de los halcones de Trump quien, al dejar la Casa Blanca, ponía punto final a la cuestión.
Mientras tanto, otro intento de diálogo no prosperaba en Barbados, en 2019 y 2020, pero posicionó al Reino de Noruega como el mediador de confianza, reconocido por ambas partes.
En el gobierno de Nicolás Maduro confían en que esta vez el diálogo con la oposición sí puede prosperar. Esta vez el escenario es el Distrito Federal mexicano. El anfitrión, Andrés Manuel López Obrador, no es casual. Habla de un nuevo rol de México en la política latinoamericana, y de un balance de fuerzas contra la acción destituyente de Washington, que tiene a la Argentina de Alberto Fernández en el otro extremo del mapa, y hasta el Perú de Castillo, que le dio el golpe de gracia al Grupo de Lima (junto a la OEA de Almagro la pata internacional de la estrategia Trump para Venezuela), al dejarlo sin sede y sin nombre.
El jefe negociador del gobierno, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le dijo a este cronista hace algunas semanas, que confía en que la administración Biden esta vez no mandará a patear la mesa como Trump en Dominicana. Esa sería, a entender de Rodríguez, la diferencia central de esta negociación en el DF. Eso, y el fracaso estrepitoso que referíamos más arriba.
La foto de la delegación de oposición en el diálogo muestra caras que difícilmente se hubieran podido imaginar en estas lides hace algún (poco) tiempo, como el “embajador” de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, una de las más afiladas lanzas de la estrategia de los halcones trumpistas.
En principio, este arranque sin pompa pero con grandiosidad, típico de la diplomacia mexicana, parece beneficiar al gobierno de Nicolás Maduro, que puede atribuirse haber sentado a la mesa de un diálogo medido y controlado a los más díscolos, a los que hace apenas algo más de un año apostaban a invasiones mercenarias para derrocarlo.
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