Los actores políticos y militares que arremeten contra el gobierno de Venezuela poseen el objetivo de una intervención militar rápida en la nación símbolo del socialismo del siglo XXI, una amenaza que no puede ser vista con pasividad por los pueblos y organizaciones unitarias de América Latina.
Derrocar al presidente legítimo Nicolás Maduro con acciones que recuerdan los sucesos ocurridos en Chile en 1973 es prioridad para Estados Unidos, principal instigador de las acciones de la derecha regional unida en la Organización de Estados Americanos (OEA), en tanto juega su papel a lo interno la Asamblea Nacional opositora y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alentadora de la violencia callejera.
En estos momentos de definiciones políticas en Latinoamérica, a la que Caracas tiende la mano amiga a pesar de los gobiernos que la atacan en foros internacionales y las mentirosas campañas mediáticas nacionales, toca a las fuerzas de izquierda —tanto en la región como en otras partes del mundo— la defensa de un revolucionario proyecto político de dignificación personal, nacionalista, humanista e integrador fundado por el Comandante Hugo Chávez.
Analistas políticos coinciden en que aunque Venezuela cuenta con el apoyo de gobiernos progresistas y otras fuerzas de la izquierda latinoamericana, amén de que también hay sectores interesados en alcanzar la paz en ese país, como el Vaticano, el momento es de solidaridad con acciones concretas que detengan los ataques conservadores.
Sin embargo, es precisa la denuncia del hostigamiento contra un país soberano por parte de organizaciones políticas como la Unión de Naciones Suramericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, PetroCaribe, la Asociación de Estados del Caribe y Caricom.
Esta es la hora de la marcha junto al pueblo revolucionario de Venezuela que marcó el camino, como lo hizo Cuba en su momento, de una nueva perspectiva de lucha, de esperanza, y de un futuro mejor para las nuevas generaciones.
De Venezuela se habla todos los días en una cifra notable de países. La mayoría de las informaciones son mentirosas, manipuladas por los grandes medios, pero no hay una respuesta contraria, fuerte, demoledora, desde los medios alternativos y las redes sociales.
El presidente Nicolás Maduro es catalogado como dictador, violador de la Constitución Nacional, y otros adjetivos que irrespetan su figura como líder de la Revolución Bolivariana nacida bajo la égida del fallecido Chávez en 1998.
Se impone entonces que las fuerzas de izquierda, los movimientos sociales y los activistas políticos digan la verdad de lo que ocurre realmente en Venezuela, y que no es precisamente lo que pregonan los aliados del imperialismo norteamericano.
EL SUPUESTO GOLPE DE ESTADO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Un ejemplo de cómo se tergiversa la realidad venezolana ocurrió hace unos días cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió asumir prerrogativas otorgadas a la Asamblea Nacional (Parlamento), pero imposibles de cumplir por ese órgano declarado en desacato, además de su continuo enfrentamiento con el presidente Maduro.
La Asamblea unicameral de mayoría opositora elegida en las urnas por el pueblo en 2016 en lo que entonces se consideró una advertencia crítica al gobierno —que no usó su poder para acabar con la guerra sucia contra su pueblo— decidió echar un pulso con el dignatario.
La disputa se calentó cuando el electo presidente parlamentario Henry Ramos Allup juramentó a tres diputados opositores denunciados por compra de votos en Amazonas. Ante la negativa a acatar las órdenes del Consejo Nacional Electoral de repetir las elecciones en ese departamento, el TSJ, por sus facultades, determinó declararla en desacato y sus legislaciones sin validez, un estamento que puede ser revertido en cuanto cumpla las orientaciones del órgano de justicia.
Sin embargo, la arrogancia y el interés de azuzar el conflicto entre poderes y actuar sin apego a las leyes mantienen al Parlamento en una desobediencia judicial, sin acceder a un diálogo con el poder Ejecutivo, y sin preocuparse por encontrar de manera conjunta una solución a la situación económica del país, resultante de errores internos del oficialismo, la guerra sucia de la oligarquía y los bajos precios del petróleo, entre otros factores.
El Parlamento deviene entonces en un brazo de la contrarrevolución y, de manera comprobada, es el incitador tanto a lo interno como en el extranjero de acusaciones casi absurdas contra Maduro, como cuando proclamó que este había abandonado el cargo, o convocó a elecciones presidenciales en el plazo de un mes en burla a lo establecido por la Constitución Nacional.
Ese órgano, que sesiona con absoluta libertad, oficialmente no está en condiciones de tomar decisiones que afecten al país.
En esas circunstancias, el TSJ analizó el articulado de la Ley de Hidrocarburos que establece la aprobación de la Asamblea para la firma de convenios internacionales y asociaciones con grupos extranjeros, lo cual ahora resulta imposible por su irregular situación.
El Parlamento no puede —ni quiere— firmar acuerdo alguno, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela. En ese caso, y según la legislación venezolana, corresponde al TSJ asumir competencias estrictas de ese poder para que la nación asuma compromisos imprescindibles en un momento complicado de la economía nacional.
ALMAGRO, UN TRAIDOR VENDIDO A WASHINGTON
Sin embargo, la Organización de Estados Americanos (OEA) con su secretario general al frente, Luis Almagro, acusó al gobierno venezolano de propiciar un golpe de estado interno, en una postura descarada, pues no intervino cuando la Asamblea Nacional trató de sacar a Maduro por un supuesto abandono de su responsabilidad, lo cual fue una mentira flagrante repetida por los medios al servicio del capitalismo en un alto número de países.
Por el contrario, y de eso no se escribe, fue la OEA la que dio un golpe de Estado interno la pasada semana a la presidencia de Bolivia en su Comité Permanente, con Haití en la vicepresidencia.
Los rectores del Comité decidieron suspender una nueva reunión para analizar la llamada “situación venezolana” luego de varias sesiones en las que las maniobras de Almagro y sus jefes fueron desarticuladas. Con absoluto irrespeto hacia las cláusulas internas, la OEA efectuó la tertulia bajo la presidencia de Honduras, por ser, adujeron, fundadora de esa institución.
Nadie duda, y hay pruebas de ello, de que Almagro cumple órdenes de Washington para tratar de destruir el proceso político venezolano.
Ese individuo de nacionalidad uruguaya, traidor a los principios que le permitieron ocupar la Cancillería en el gobierno de José “Pepe” Mujica, aparece involucrado en una operación comando planificada por el Pentágono, según indica el documento titulado “Venezuela Freedom 2” con fecha de 2015.
El documento está suscrito por el jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd, máximo funcionario militar de Estados Unidos para América Latina, quien el pasado jueves presentó un informe al Senado de su país en el que advierte que “Venezuela podría ser un factor desestabilizador en la región”.
Ante el Comité de Servicios Militares del Senado, Tid aseguró que “Venezuela atraviesa un período de inestabilidad significativa el año en curso debido a la escasez generalizada de medicamentos y comida, una constante incertidumbre política y el empeoramiento de la situación económica”.
El jefe militar aludió también a la amenaza que representa las relaciones de Rusia y China —miembros del grupo BRICS— e Irán con América Latina, las cuales, opinó, constituyen una amenaza para los intereses de Estados Unidos.
“En la última década, China, Rusia e Irán han establecido una mayor presencia en la región... Estos actores globales ven la arena económica, política y de seguridad de América Latina como una oportunidad para alcanzar sus objetivos a largo plazo y así avanzar en áreas de interés que son incompatibles con las nuestras y las de nuestros socios”, precisó.
El plan de destitución presidencial “Freedom 2” plantea, entre otros mecanismos, un “enfoque de cerco y asfixia” contra la Revolución Bolivariana y en “el plano político interno insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar después de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia”.
El punto octavo —de los 12 del documento, nunca desmentido por Washington— refiere que: “En el plano internacional hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA”.
Para quienes se preguntaban el porqué de la evidente obsesión de Almagro por destruir la democracia venezolana, la respuesta está en el Freedom 2 y su compromiso con el Pentágono, quién sabe a cambio de cuántos millones de dólares, para abrirle las puertas a la intervención norteamericana contra Caracas.
Almagro insiste y para ello ha reunido el pleno de la OEA en tres oportunidades para aplicar, aún sin éxito, la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, en el interés de separarla de esa entidad y aislarla en la región.
En el entramado político juega también un papel predominante la Orden Ejecutiva del expresidente Barack Obama cuando en 2015 declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de la mayor potencia militar del planeta. En realidad, ese es el argumento a utilizar para mover, en el momento oportuno, al Comando Sur hacia Venezuela.
El gobierno venezolano, fiel a sus propósitos de mantener la paz, continúa sus intentos de un diálogo con una desinteresada oposición, por lo cual observadores opinan que está arando en el mar.
En los últimos días, y en lo que puede considerarse una escalada previa a la puesta en práctica de los planes militares, decenas de opositores realizaron acciones violentas en las calles de varios Estados, incendiando una sede del TSJ, ocupando un diario, cerrando vías y enfrentando a las fuerzas del orden.
Las condiciones están casi dadas, en opinión de medios conservadores, para intentar poner fin a una época revolucionaria en lo que entienden tendría un efecto dominó en América Latina.
Nadie afirmaría, en tanto una obra humana, que la Revolución venezolana es perfecta, o que no se han cometido errores en estos 18 años, pero son más los logros alcanzados que los reveses, y de ello hablan los programas de distinto tipo puestos en práctica y los beneficios sociales adquiridos por la población nacional y de numerosos países pobres del subcontinente. No es casualidad que millones de ciudadanos apoyen el proceso revolucionario.
Estados Unidos le debe respeto a un gobierno legítimo, salido de las urnas, que se rige por una Constitución Nacional, y que tiene como divisa preservar el legado revolucionario de Chávez.
Venezuela no ha caído a pesar de la guerra desatada en su contra por los sectores más reaccionarios de la Casa Blanca, que ha organizado, financiado y puesto en práctica diferentes tácticas para apoderarse del petróleo (ese país es el quinto exportador de crudo a nivel mundial).
Las últimas semanas han sido muy tensas, y la derecha no se va a detener, pues las órdenes vienen del Norte y hay que cumplirlas.
Esos grupos no saben en lo que se meten, o lo saben, pero siguen al frente porque desean recuperar sus privilegios en una sociedad capitalista y neoliberal, desconociendo lo que Maduro representa no solo para su país sino para la región y para el mundo, dado su prestigio internacional como estadista.
Los conservadores no entienden, al parecer, que una intervención militar contra Caracas podría generar una confrontación generalizada en la región latinoamericana, que se siente deudora de los beneficios de la Revolución Bolivariana y su lección de independencia y soberanía nacional.
Al revés de lo que algunos consideraban, la reciente implantación de gobiernos neoliberales abrió una perspectiva de lucha a las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, y otras de distinta índole.
Cabe entonces a los pueblos que conocen las tragedias que dejan las fuerzas norteamericanas intervencionistas, alejar la amenaza de la guerra en Venezuela, una nación con un temple a prueba de traidores y amenazas. No le sería fácil a las fuerzas norteamericanas apoderarse de un país —como hizo en Nicaragua, República Dominicana, Haití, entre otras— donde existe una unión cívico-militar poderosa
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