A las calles en defensa de Dilma Rousseff

El necesario paso a la ofensiva revolucionaria en defensa del gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff será dado por una gigantesca movilización nacional este jueves 20, a la que convocó, entre otras organizaciones de izquierda y movimientos sociales, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), en respuesta a las protestas realizadas el pasado domingo por partidos de la derecha, que envuelven a la población desanimada por la baja económica y la corrupción en el país.

El líder nacional del PT, Rui Falcao, indicó que los ataques derechistas “requieren una reacción inmediata del partido y el campo democrático y popular”, por lo que esa formación “apoya y orienta la participación de PT en la marcha unitaria de los movimientos sociales y partidos de izquierda, el 20 de agosto”.

El domingo pasado, la reacción tomó las calles. Informes de la prensa aliada a los grandes capitales afirman que en cerca de un centenar de localidades —en 25 de los 27 Estados— hubo una reacción popular que rebasó unas 866 000 personas, lo que, si se detalla en cifras es mínimo ante el 51 % de los votos válidos —54 millones de ciudadanos— que alcanzó Rousseff en su segunda presentación para la Primera Magistratura.

Los organizadores escogieron el día 16 de agosto coincidiendo con la fecha de la movilización que precedió a la caída del presidente Fernando Collor de Mello, en 1992, por impugnación del Congreso Nacional.

Para la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, los opositores de derecha persiguen erosionar al gobierno de Rousseff, criminalizar al Partido y atacar la popularidad del expresidente y fundador de esa organización política, Luiz Inacio Lula da Silva.

La Comisión también indicó que “el clima de intolerancia y odio que viene siendo desplegado por las fuerzas conservadoras derrotadas en las últimas elecciones es una afronta a las tradiciones del pueblo brasileño y agrava los problemas que el país viene superando”.

De ahí la decisión del PT y la empresa Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A) —que triplicó ganancias en el primer trimestre de este año— de las marchas de este jueves en defensa de la democracia brasileña..

En entrevista con el diario argentino Página 12, Jefferson Lima, líder de la juventud petista, afirmó: “Todo el mundo sabe que la derecha quiere derrocar a Dilma, pero creo que ellos temen que si la voltean, una parte importante de la sociedad no va a aceptarlo tranquilamente. Me parece que el pueblo pobre va a bajar del morro” (laderas ocupadas por favelas o barrios donde viven las personas de más bajos recursos en las grandes ciudades).

Hay coincidencia en medios políticos brasileños que no es momento de esconder la cabeza y restar importancia a las protestas callejeras del domingo, más que en estos momentos, por todo el clima existente en el país, la exguerrillera y ministra de Minas y Energía del gobierno de Lula da Silva posee el rechazo del 71 % de la población, según encuestas que pudieran no ser del todo confiables.

Este martes comenzó una campaña nacional en emisoras de radio y canales de televisión para convocar a las manifestaciones solidarias de mañana, mientras el Ejecutivo busca intensificar el diálogo iniciado hace varios días con diferentes sectores políticos y sociales para alcanzar la unidad en propuestas que solucionen la crisis económica de la nación suramericana, reportó la agencia Prensa Latina.

Según esa fuente, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Edinho Silva, anunció un aumento de los contactos con diversas fracciones de la nación para quebrar el pesimismo que reina en buena parte de la ciudadanía.

Por razones que se acumulan desde antes de los gobiernos petistas —como la corrupción en la estatal Petrobras—, la derecha, siempre opuesta a gobiernos antiimperialistas y progresistas, además de lanzarse contra el Gobierno de Rousseff en el Congreso Nacional, aprovecha la compleja situación nacional para pedir un juicio político en su contra y sacarla del Palacio de Planalto.

En realidad, el caso de Brasil, con sus agravantes internos, no es aislado. En estos momentos, en su afán de recuperar el terreno perdido en América Latina y El Caribe, la derecha internacional tiene en marcha un plan contra varios gobiernos antiimperialistas —Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil— para derrocarlos y poner en su lugar a aliados de Estados Unidos.

Estas confrontaciones se iniciaron en el verano del 2014 como reprobación a los excesivos gastos de la organización del Mundial de Fútbol, cuando la economía iba en picada y los problemas sociales aún marcan pauta en la nación. A ello se unió, en aquel momento, el aumento del pasaje público por parte de las empresas privadas, lo que causó furor en una gran parte de la población citadina.

ESCÁNDALOS INOCULTABLES

Durante el gobierno de Rousseff estalló un gran escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, que involucra a empresarios, directivos del PT y otros grupos políticos aliados, la mayoría detenidos. Nunca apareció el nombre de la mandataria comprometido en esos desmanes.

El “petrolón” —consistente en una red de funcionarios y políticos que movió más de 3 856 millones de dólares en más de diez años— estalló, aunque es de larga data, durante el primer gobierno de la mandataria, pues ni siquiera en los dos mandatos de Lula da Silva la fiscalía apuntó hacia el PT. Ello permite pensar que aunque existía la corrupción, el momento de darla a conocer fue muy bien escogido, pues no solo amenaza a la presidenta sino que cierra el camino a un eventual retorno de Lula al Palacio de Brasilia en el 2018.

Para economistas, detrás de la difusión del escándalo de Petrobras están los intereses del bloque militar estadounidense, que no acepta que esa compañía brasileña posea el control de los campos del presal (grandes reservas). Incluso, algunas versiones indican que el juez a cargo del caso, Sergio Moro, atiende a los intereses o preocupaciones de la burocracia militar e industrial norteamericana, que no quiere una Petrobras fuerte.

Otro duro golpe para la credibilidad gubernamental fue la detención del tesorero del PT Joao Vaccari Neto, quien está acusado de desviar fondos de la trama de Petrobras en los diez últimos años y de ser el supuesto responsable de recoger el 3 % del dinero que las empresas con Petrobras transferían al PT para, entre otros menesteres, pagar las campañas políticas de los candidatos de esa agrupación.

En una defensa que muchos consideran bastante floja, tanto Rousseff como Lula justificaban que el caso era referido al PT, pero no al gobierno integrado por una coalición, del cual ese partido es la mayor fuerza política.

LA DERECHA A TODO TREN

Las anomalías relacionadas con Petrobras son ciertas y también las del llamado “mensalao” (gran mesada), otra batahola que remeció a la administración de Lula da Silva en el 2005, pero que no impidió su reelección ni los dos mandatos siguientes de su pupila Rousseff.

El llamado Juicio del Siglo en Brasil juzgó a 38 exfuncionarios, empresarios y banqueros que integraban una red de compra de votos en el Congreso, devueltos en favores políticos. Tres exministros de Lula, José Dirceu (de la Presidencia), Luiz Gushiken (de Comunicación) y Anderson Adauto (de Transportes), y casi una docena de excongresistas de cuatro partidos fueron condenados a penas de prisión.

Este hecho, aislado hasta que estalló Petrobras, no opacó, sin embargo, los logros obtenidos por los cuatro gobiernos inclusivos del PT, que irguieron a Brasil como una de las potencias mundiales: integró el BRICS, defendió su vocación antiimperialista e integracionista en América Latina y el Caribe y a lo interno logró sacar de la miseria a 30 millones de personas mediante la Bolsa Familia (subvenciones a familias pobres) o Mi Casa, Mi Vida (subvenciones para comprar viviendas), entre otros programas sociales.

En los dos últimos años, Rousseff creó el programa Mais Médicos —en el que participan más de 11 000 cubanos—, el cual llevó la salud pública gratuita a más de 50 millones de personas que nunca antes habían sido atendidas por un galeno, y ahora se ampliará con la presencia de especialistas en distintas patologías.

Programas sociales que la presidenta ha mantenido durante sus dos mandatos, a pesar de que la economía está afectada por la crisis mundial del capitalismo, los bajos precios del petróleo y sus consecuencias insanas, situación por la que no pasaron las dos administraciones de Lula, con gran solvencia financiera.

Algunos analistas indican que históricamente el pueblo brasileño tiene “memoria fraca” (débil) porque muy fácilmente olvida —al menos en el industrializado sureste— las mejoras que han traído las gestiones del PT a la vida nacional, en especial a los pobres y olvidados de los anteriores regímenes.

Por eso muchos reaccionaron con indignación, como el sociólogo Emir Sader, cuando manifestantes expresaron su deseo del retorno a la dictadura militar, los llamados “años del plomo”, cuyos cabecillas todavía no han sido juzgados por sus fechorías —léase desapariciones, torturas, detenidos, exiliados— en el gigante del Sur.

Aunque las administraciones petistas hayan cometido errores, la situación actual de Brasil es manipulada por distintos actores de la derecha interna y regional que, a cualquier costo y con las mentiras,, entre ellas el desprestigio de los líderes revolucionarios o progresistas, intentan revertir la política de cambios de una región decidida al no retorno de los métodos capitalistas, dependientes de Estados Unidos.

De ahí que ya se conoce —indicó el diario mexicano La Jornada— que las convocatorias contra el gobierno petista emanaron a escala nacional “de organizaciones de distinto signo político, tanto liberales como derechistas y ultraderechistas, que proponen el retorno a un régimen militar dictatorial como el más reciente impuesto en Brasil, de 1965 a 1985”.

Entre los que llamaron a la insubordinación en las calles está el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y a su principal líder Áecio Neves, quien perdió en las presidenciales del 2014 ante Rousseff; el Movimiento Brasil Libre; Ven a la Calle; Indignados On Line. Estos grupos son de centroderecha, mientras la Unión Nacionalista Democrática y Patria Amada Brasil, están en la extrema derecha.

La periodista de Brasil 247, Tereza Cruvinel, escribió que la movilización del día 16 “ya no se asoma como ‘espontánea’” —aun cuando tampoco haya sido así en el pasado—, sino que es reivindicada por el propio PSDB, del expresidente Fernando Henrique Cardozo, el político que vendió las grandes empresas brasileñas a las trasnacionales y que fuera derrocado por Lula en las urnas.

La mayor manifestación ocurrió en Sao Paulo, reducto del PSDB, donde se concentraron con carteles que proclamaban “Desafuero ya”. En esta oportunidad, Lula fue también centro de las protestas, siendo representado como un monigote gigante vestido con traje de reo, lo cual evidencia el temor a su probable vuelta a la lid electoral dentro de tres años y su retorno al Planalto.