2017: América Latina convulsa (II)

Aunque puedan estar en la presidencia, adonde llegaron por orden de las urnas, por fraudes o por golpe de Estado, varios gobiernos de derecha de América Latina sienten la presión de millones de personas organizadas en los movimientos populares, fuente vital para el retorno de procesos revolucionarios a la región.

El cuadro de los gobernantes conservadores no podría ser peor, cuando se avecina un año electoral en el que peligran sus ideologías, luego de años de una batalla encarnizada de la población consciente contra las agendas reformistas y neoliberales impuestas sin pensar en su repercusión en los sectores más vulnerables de sus sociedades.

Estas fuerzas con distintos nombres —activistas políticos, ambientalistas, sociales, sindicalistas, estudiantes, jubilados— tratan de desatar el nudo formado por la tríada de los poderes: ejecutivo, judicial y parlamentario, a los que se une la batería mediática manejada por las oligarquías nacionales y el capitalismo en conjunto.

Aunque se dan bombo y platillo para hablar de la reversión absoluta del progresismo al conservadurismo, el mapa latinoamericano no puede verse en blanco y negro. Los gobiernos conservadores tienen grandes problemas y quizás las elecciones generales de 2018 muevan las manecillas a la inversa.

En Brasil, el presidente no electo que dio un golpe de Estado parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff en 2016 tiene solo un 5 % de apoyo popular en la actualidad, mientras devela su plan de entrega política a Estados Unidos, al que, ante la incertidumbre de sus propias Fuerzas Armadas, invitó este año a unas maniobras militares en el Amazonas, junto a Perú y Colombia.

Mientras, desde el punto de vista político, Temer está derrumbado hace meses por los esquemas de corrupción en que está involucrado, y es salvado una y otra vez por los poderes que lo situaron en el Palacio de Planalto, la eventual candidatura y victoria del líder izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva en 2018 gana espacio en el pueblo que le acompaña en sus Caravanas de la Esperanza por el país.

Lula da Silva, que gobernó dos mandatos en Brasil y es considerado su político más popular, es víctima de un plan organizado por los tres poderes conservadores por supuestos vínculos con el escándalo de corrupción de la empresa estatal de petróleo Petrobrás, sin pruebas que lo verifiquen.

Pero aún cuando le fuera negada la posibilidad de una reelección que muchos consideran ya ganada, el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) fundado por él durante la dictadura militar, puede aportar al político que se encargará de derrotar a la desprestigiada clase política brasileña.

En Argentina todos los días millares de personas salen a las calles a protestar, a pesar de que la coalición de Mauricio Macri ganó las legislativas de 2017, en lo que muchos consideran una contradicción de los que quieren una sociedad inclusiva como la que mantenía la izquierdista Cristina Fernández pero con los cambios económicos prometidos por el millonario empresario.

Lo cierto es que aunque ganó en la recientes legislativas o de medio tiempo, no todos los argentinos apoyan al mandatario que lanzó al desempleo a más de 250 000 personas, aumentó las tarifas de servicios públicos, endeudó de nuevo a la nación —luego de que Néstor Kirchner y su esposa Cristina la sacaran de la quiebra— y tiene en pauta una serie de reformas que dejarán en la pobreza a la clase media, y a los pobres de siempre en miseria.

El millonario amigo de Donald Trump, según él mismo se pronuncia, no pudo evitar a pesar de las denuncias y hasta de una orden de prisión preventiva en su contra, que Cristina Fernández ganara este año un escaño en el Senado, desde donde prometió frenar las medidas antipopulares emanadas de la Casa Rosada.

En ese contexto de descontento popular, millares de personas de todos los sectores protestaron durante semanas en las más importantes localidades argentinas por la desaparición del joven Santiago Maldonado en una redada contra el pueblo mapuche en la provincia de Chubut.

Pocos días después de la aparición del cadáver de Maldonado en las aguas del río cerca del lugar donde fue apresado por la Gendarmería, el joven mapuche Rafael Nahuel recibió un balazo de 9 mm por la espalda, en lo que se considera un crimen de Estado a orillas del lago Mascardi de Bariloche (Río Negro).

 La lucha por juicio y castigo a los responsables de los asesinatos de Nahuel, de la Lof Lafken Winkul Mapu, y de Maldonado, un artesano solidario con causas nobles, será una de las banderas del movimiento obrero, los sectores populares y las organizaciones defensoras por los derechos humanos contra el gobierno de Macri, que aún mantiene en prisión domiciliaria a la lideresa de la organización barrial Tupac Amaru, de Jujuy, refirió en un comunicado la Central de Trabajadores de Argentina.

En Colombia, cuyo presidente Juan Manuel Santos se comprometió con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) a garantizar la paz después de 50 años de guerra, su gobierno incumplió en 2017 importantes puntos de la agenda bilateral.

El acuerdo, que le valió a Santos el Premio Nobel de la Paz 2016, está en riesgo ante las trabas impuestas por los poderes Legislativo y Judicial, y en especial por la matanza de más de 100 exguerrilleros y activistas sociales este año, desprotegidos luego que los subversivos entregaran sus armas, fueran identificados y supuestamente insertados en la vida civil.

Devenido en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las antiguas guerrillas FARC participarán en las elecciones del próximo año. Mientras, el Ejército de Liberación Nacional mantiene conversaciones con el gobierno, pero en la última semana de diciembre afirmó que Santos ha puesto en peligro el proceso de paz, atacado además por las poderosas fuerzas de derecha colombianas.

Santos, además, aparece involucrado en el escándalo de la firma brasileña Odebrecht porque habría recibido un millón de dólares para su campaña presidencial en 2014, lo cual sería dirimido cuando entregue el cargo a su sucesor.

En México, que ve crecer el muro que lo separa de Estados Unidos, mandado a construir por Donald Trump para tratar de impedir la emigración a su país, y siempre que su vecino lo pague, es una de las naciones más peligrosas del mundo, y en especial para el sector de la prensa, que este año perdió a 36 de sus miembros asesinados por supuestos paramilitares por realizar su labor informativa. Sin embargo, en lo que va de año, más de 200 000 personas fueron ultimadas o desaparecidas por el narcotráfico, la policía y las mafias paramilitares que gobiernan esa nación en las sombras.

Un gran escándalo vivió Perú casi a fines de año. Víspera de la Navidad, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) indultó al exmandatario Alberto Fujimori que cumplía 25 años de prisión por corrupción, crímenes de lesa humanidad y peculado, lo que levantó un mar de protestas en esa nación andina contra la medida que puso en la calle a un connotado tránsfuga.

Millares de peruanos, entre ellos los familiares de las víctimas de Fujimori, que también mandó a esterilizar a más de 300 mil mujeres indígenas y negras, entre otros crímenes, piden justicia y que se anule el indulto, pues no hay razones para liberarlo mas que los compromisos políticos presidenciales.

Todos estos trapos sucios se divulgan en lo fundamental por las redes sociales porque el eje conservador está exento de dar explicaciones a la ciudadanía —como ocurrió en México con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa hace tres años— los fraudes electorales, la persecución política, la falta de elecciones, como en Brasil, la carencia de libertad de prensa o la violación de la separación de poderes.

Para protegerlos está la prensa al servicio de los grandes capitales, que oculta, miente, tergiversa y defiende una democracia representativa en la que el principal actor social, el pueblo, no cuenta.

Este grupo de países —Brasil, Colombia, Argentina, México y Perú— exhiben, a tenor de la corrupción existente en el ámbito político, la exclusión de los derechos sociales básicos a sus ciudadanos.

En Colombia hay más de ocho millones de pobres; 55 millones en México, más de 1,5 millones de nuevos pobres en la era Macri en Argentina; y unos 3,5 millones en igual situación bajo la administración Temer; y en Perú dos de cada 10 habitantes son miserables.

Estamos ante una región que puede considerarse fallida, si se examinan los índices económicos de estos grandes países que lideran la cofradía conservadora. Una situación que los grandes medios invisibilizan, en tanto propagan supuestos logros inexistentes de reformas neoliberales, su alianza con Estados Unidos y sus odios contra Venezuela.

Hay un gran pulso geopolítico en estos años donde los movimientos populares pueden ser los motores transformadores de la realidad. El próximo año y 2019 serán de elecciones generales en varios países, y se supone que los indecisos y los que votaron por la derecha aprendan la lección.

Entretanto, este año se celebraron a nivel regional varios foros de partidos de izquierda, de movimientos sociales y populares, estudiantiles y sindicalistas; en los que se fue conformado un plan global de lucha contra el imperialismo.

Esta es solo una rápida mirada al panorama político de una América Latina convulsa, cuyo futuro en cierta medida está en manos de la población que trabaja en la articulación de una oposición que cambie el actual mapa geopolítico de la región.