De porteadores privados: ¿demandas con solución?

A mediados de julio del año pasado un acuerdo del Consejo de Administración Provincial de La Habana (CAP) estableció que los transportistas privados no pueden aumentar el valor del pasaje y que solo se admitiría el precio referencial que se cobraba en un inicio. Acortar el viaje para ganar el doble fue una alternativa que utilizaron los llamados boteros. Otros “desaparecieron” de las calles habaneras y hubo hasta quienes también violaron la regulación.

Más de ocho meses trascurrieron de la existencia de esa norma cuando otra vez el CAP tomó cartas en el asunto y desde febrero último para regocijo de la población, asignó precios máximos a 30 rutas, es decir los viajes desde el Parque del Curita hasta diferentes zonas de la ciudad tienen costos específicos para diferentes puntos. Uno de sus aportes estuvo en que los tramos que habitualmente cortaban para cobrar diez pesos y luego otros diez y así sucesivamente, ahora cuestan solo cinco.

La medida anunciada pretendía regularizar el costo de los viajes en taxis dentro de la capital, para evitar la especulación con los precios, al menos en las rutas señaladas. Pero los boteros no quedaron de brazos cruzados y desde entonces solo quieren dar sus viajes directos. El panorama no ha cambiado y su servicio sigue siendo esencial ante la situación tan compleja que vive el transporte de pasajeros en la capital.

Recordemos que en septiembre pasado, durante una Mesa Redonda donde se evaluó el tema que analizamos, funcionarios de la Dirección General de Transporte Provincial explicaron que en “la ciudad están inscriptos como trabajadores por cuenta propia en la actividad de transporte un total de 7 579 propietarios de vehículos. Estos poseen en su totalidad 5 704 contratados (el 43 por ciento) para un total de 13 283 trabajadores. De ese total ejercen la actividad de transportación de pasajeros 12 292 lo que representa el 92 por ciento. De ellos 7 413 propietarios y 5 579 contratados”.

Trabajar en soluciones para reordenar el funcionamiento de esta actividad que favorezca tanto a la población como a quienes se dedican a ella es una premisa. Por ello, con la apertura hace más de una semana del nuevo servicio de taxis ruteros —gestionados por cooperativas no agropecuarias—, el Gobierno anunció que creará facilidades para los portadores privados con el fin de que sigan complementando la movilidad de pasajeros.

Según Marta Oramas Rivero, viceministra de Transporte, las acciones emprendidas con los taxis ruteros constituyen un referente para el reordenamiento en La Habana de los servicios de los porteadores privados. “Sabemos que con los boteros muchos han sido los intentos de la capital de regular el precio, pero todo eso tiene que ir relacionado con un reordenamiento integral del servicio. Se está evaluando cómo reorganizarlos en rutas y precios preestablecidos dándoles un grupo de facilidades”, expresó.

Apuntó que esas posibilidades incluyen establecer las rutas, la organización de piqueras, niveles de aseguramiento: partes y piezas, precio de combustible diferenciado. “Estas medidas deben estar operativas en La Habana en el último trimestre del año”, dijo Oramas Rivero, a la vez que adelantó que en los próximos días se empiezan a reparar las piqueras, así como a señalizar y pavimentar estos lugares. “Hay que crear condiciones para que la instrumentación sea eficiente”.

¿Y los boteros que no deseen acogerse a estas medidas? Esa es una interrogante que saltó ante la propuesta. En tal sentido, la viceministra comentó que “aquellos que no deseen acogerse a estas medidas (no quiera enrutarse y pagar precios fijos) no recibirá los beneficios que mencionábamos con anterioridad. Además, se aplicarán medidas restrictivas que les impidan trabajar en las rutas creadas. No obstante, no tendrá que entregar su licencia”.

Ante las infracciones de los porteadores privadores —sobre todo en las relacionadas con los precios— las autoridades también han salido al paso. Por ello, como explicó Maribel Poulot Bravo, directora de Pasaje de la Dirección General de Transporte de La Habana, el pasado año se cancelaron 62 licencias de taxistas que no cumplieron con los precios establecidos, y este año han aplicado cerca de 92 medidas.

“De esa cifra solo se inhabilitaron cinco permisos para ejercer la actividad, pues a la mayoría de los transgresores se les aplicó la suspensión de este por un período de uno a tres meses. Más del 90 por ciento de quienes incurrieron en indisciplinas eran trabajadores contratados, y en muchos casos la decisión fue cambiar de empleado”, significó.

Las posibilidades que llegan ahora —exigencias incluso de los propios boteros—, se asemejan a lo explicado por José Conesa González, director general de la Dirección Provincial de Transporte en la capital, cuando en la Mesa Redonda mencionada explicó que lo lógico en esta oferta fuera que: estuvieran ordenados en piqueras, prestarán servicio en corredores autorizados, hubiesen tarifas preestablecidas por tramos, tuvieran definidos requisitos de calidad para dar el servicio, así como que accedieran a recursos al igual que los operadores estatales, entre otras cuestiones.

Se trata de un problema complejo, exponía Conesa González y añadía que al mismo se le ha tenido que dedicar un mayor tiempo de análisis, porque se requiere implementar o proponer modificaciones de las normas vigentes. “Pero, se trabaja intensamente y próximamente se deberá presentar la solución definitiva”, aseguró. Esperemos que las garantías que llegan ahora sean parte de ese camino. Los boteros las necesitan, pero más la población, la cual muchas veces debe viajar “como sardina en lata”.