Una paz “entre comillas”

En Colombia, donde actores comprometidos intentan llevar adelante el Acuerdo de Paz firmado en La Habana, hay una convulsión política que hace dudar sobre las posibilidades reales de la pacificación pues en lo que va de año fueron asesinados 127 activistas sociales con absoluta impunidad…

Que se cumplan las resoluciones acordadas es el interés prioritario de las antiguas guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), ya desarmadas e identificados sus miembros, envueltas en el pase a la vida política. En lo que muchos consideran una trampa del oficialismo a las antiguas fuerzas rebeldes solo les queda moverse en la arena política para que los documentos suscritos no se escurran como la arena.

La violencia castiga ahora mismo de manera salvaje los campos colombianos. Este miércoles, desconocidos mataron a Aulio Isarama Forastero, gobernador indígena de Resguardo Catrú, Dubasa y Ancosó, en el departamento de Chocó. Con el crimen contra Isarama suman 25 los indígenas que perdieron la vida a mano de grupos paramilitares, formados y pagados por políticos opuestos a la paz, pues perderían, si se cumplen, los privilegios que ahora disfrutan, en especial la oligarquía agraria.

A este nuevo asesinato, que pronto quedará en el olvido, se unen dos nuevos atentados al proceso de pacificación, ante la mirada pasiva del presidente Juan Manuel Santos, a quienes voces dentro y fuera de su país acusan de engañar a la ciudadanía agobiada por 50 años de guerra civil, ya que su prioridad es cumplir sus promesas a Estados Unidos.

En un reciente encuentro con el presidente norteño, Donald Trump, el colombiano se comprometió a liquidar los sembradíos de coca para evitar su consumo por los yonquis americanos, pero que constituyen la única manera de subsistencia de miles de campesinos que, aunque cultivan productos alternativos, carecen de mercados para venderlos pues viven en zonas abruptas y lejanas. Los matarían de hambre.

Hace pocos días, seis campesinos fueron baleados en Tumaco, estado de Nariño y otros resultaron heridos cuando las fuerzas del ejército arrancaron por la fuerza sus matas de coca. Hay dos posibilidades para ellos: o las destruyen de manera voluntaria o vienen los uniformados y lo hacen violentamente.

La escalada contra la paz en Colombia sube de tono a diario, ante un gobierno que va liquidando su mandato y le deja al próximo, en el mejor de los casos, la continuidad de las articulaciones para alcanzar una paz que está lejos de la realidad.

Con una tradición de lucha ante los atropellos de las distintas administraciones, esta semana los movimientos campesinos se declararon en paro sin tiempo definido hasta que se pongan en marcha las resoluciones firmadas en La Habana y terminen los abusos y atentados en su contra.

Los hechos ocurridos en Tumaco, estado de Nariño, pueden repetirse en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que el Estado colombiano no ha ofrecido hasta ahora garantías para vivir de otros cultivos. Los programas de sustitución concertados fracasaron por mal manejo de semillas, corrupción, ausencia de centros de acopio, sin técnicos agrícolas ni apoyo a la comercialización del cacao, que supuestamente sustituiría a la coca.

En declaraciones a BLU Radio, el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, informó que el próximo día 30 comenzarán movilizaciones en varias regiones “por incumplimientos del gobierno de los acuerdos pactados” con las FARC-EP.

Arias dijo que el Estado incumplió la consulta previa antes de la destrucción de sus sembrados, y tampoco ha hablado sobre el 1 % del Sistema General de Participaciones. El dirigente precisó la organización de las acciones colectivas en las protestas, las que cuentan con coordinadores, comunicaciones, enlaces de salud, logística y responsables políticos en cada punto.

Mientras, en Bogotá, un grupo de desconocidos atacó esta madrugada las oficinas de la Agencia de noticias Prensa Rural, en la localidad de Teusaquillo en Bogotá. Los pandilleros violaron la seguridad del lugar y rompieron las puertas con objetos contundentes, robando equipos e insumos de trabajo.

El atentado, que constituye una agresión a la libertad de prensa, coincide con el inicio del paro agrario, defendido por la empresa periodística, que ha sido objeto de amenazas, intimidación y estigmatización por los grandes medios de comunicación al servicio de los grandes capitales.

En esa convulsa situación nacional, otro hecho que alimenta las pretensiones de entorpecer el proceso de paz ocurrió cuando el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Rodrigo Lara, negó el ingreso a ese espacio legislativo a miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) surgido a raíz de la extinción de las FARC-EP.

Los representantes de FARC participarían el martes en una audiencia pública de la Cámara sobre la creación de las circunscripciones especiales de paz, sin que pudieran acceder al recinto, expulsados por la Policía por órdenes de Lara.

En lo que se considera abuso de poder y negativa a los acuerdos sobre la transformación de las FARC-EP en partido político con representación legislativa, Lara olvidó que los antiguos guerrilleros, al menos en papel, poseen un reconocido derecho a la vida política y civil colombiana.

En opinión de Jairo Estrada, del movimiento Voces de Paz, con aval para intervenir en el Parlamento, Lara pretende ganar votos para su derechista partido Cambio Radical “con la obstaculización, precisó, a la implementación del acuerdo de la paz y la reincorporación de la FARC a la sociedad”.
Cambio Radical se desligó como coalición del gobierno de Santos por oponerse al acuerdo, en tanto se acercó a Centro Democrático, del expresidente derechista Álvaro Uribe, líder de los que desean prolongar la guerra.

A pesar de estos contratiempos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzó la cuarta sesión de conversaciones en Quito, Ecuador, en busca de compromisos con el gobierno de Santos para firmar también un texto de reconciliación.
Hace pocos días, una delegación de las FARC viajó a la capital ecuatoriana para reunirse con el ELN como demostración de unidad respecto a la paz de las dos más importantes fuerzas rebeldes de Colombia.

Para el analista político Víctor de Currea Lugo “Estamos frente a dos propuestas político militares que le han apostado a la paz, que han cumplido con lo acordado y a las que el Estado les ha incumplido”, y mencionó como tales, entre otras, la inadecuación de zonas veredales, las amnistías incompletas con más de 1400 guerrilleros presos, los atrasos premeditados en el Congreso para atrasar los acuerdos y las modificaciones que se intentan hacer al documento.

Las dos organizaciones guerrilleras suscribieron en Quito que ninguna dificultad, por más grande que sea, hará desfallecer la conquista de la paz, según afirma una carta de siete puntos en que llaman a una unidad clara de los sectores que buscan la pacificación nacional.