Un año con Mauricio Macri

Este 10 de diciembre, en paradójica casualidad con el Día de los Derechos Humanos, se cumple un año de la asunción del presidente Mauricio Macri, un período en que el derechista inquilino de la Casa Rosada apretó hasta el ahogo la soga en el cuello de los argentinos.

Macri, rico empresario involucrado con otros miembros de su familia en el escándalo de los Panamá Papers, prometió durante su campaña, como candidato de la coalición derechista Cambiemos, supuestas favorables opciones económicas y sociales a Argentina, con una prioridad: Hambre cero.

Un año después, los resultados de su política a favor del capitalismo regional dejan al pueblo argentino y en especial a sus capas más vulnerables en críticas posiciones impensadas durante los 12 años precedentes de gobiernos progresistas de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

El mandatario, electo por una mínima diferencia con Daniel Scioli, candidato del Frente para la Victoria (FpV) de Fernández, demostró que su interés superior es complacer a su aliado Estados Unidos y a los grandes intereses capitalistas locales e internacionales, por lo que ya anunció mayores recortes en el 2017.

En consonancia con su ideología, el presidente también dio un viraje a la política exterior gubernamental, hasta su asunción basada en la defensa de la soberanía y la dignidad nacional, la integración latinoamericana y la solidaridad con las causas más nobles y progresistas. Por el contrario, y era de prever, Macri se ha asociado con sus pares reaccionarios de Suramérica y otras regiones. En sus acciones políticas demuestra una afinidad ideológica con otros gobiernos antidemocráticos de la región, entre ellos Brasil y Paraguay.

A los pies de Washington, como estuvo Carlos Menem, el antiguo dirigente deportivo hace del derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana sus principales objetivos. En una burda maniobra junto a Brasil y Paraguay intenta suspender de manera definitiva a Caracas de su plena sociedad en el Mercado Común del Sur (Mercosur), sin medir las consecuencias económicas de tales acciones contrarrevolucionarias.

Con Macri reaparece la figura ya desaparecida del preso político. Una mujer, Milagro Sala, activista política de la agrupación comunitaria Túpac Amaru, está detenida desde enero de este año por supuestos delitos políticos de los cuales se declara inocente. Diputada al Parlamento Suramericano, ni las peticiones de ese órgano, ni del Vaticano, ni de la ONU —sin contar las solicitudes nacionales— logran sacarla de la cárcel en la provincia de Jujuy.

REALIDAD DOLOROSA

Poco después de su asunción, el exgobernador del Gran Buenos Aires, donde se concentran grandes fortunas, comenzó una rápida carrera para reimplantar, mediante decretos, el sistema económico que —nadie imagina cómo los argentinos poseen una memoria tan débil— dejó en ruinas ese país, salvado por la inteligencia y la dignidad del matrimonio Kirchner-Fernández.

Luego del desastre neoliberal de los exmandatarios Carlos Menem y Fernando de la Rúa, Macri puso en práctica medidas que tienen al llamado “granero del mundo” en una compleja situación económica, con negativo saldo para la clase trabajadora. Al parecer, el presidente contaba con “la salvación de la economía” —como dijo en un discurso— mediante inyecciones de inversiones privadas que generarían empleos y reducción de la pobreza.

Sus palabras se las llevó el viento. La realidad es cruda: los inversionistas siguieron de largo, la economía retrocedió en un 5 %, el desempleo forzado tocó a más de 150 000 personas, subieron las tarifas de todos los servicios públicos hasta en un 300 %, la inflación ronda el 50 %, y el dólar flota en el mercado cambiario con un incremento del 65,2 % (pasó de 9,75 a 16,11), según plantea el analista Carlos Aznarez en su artículo Argentina. Macri y el balance de diez meses de “cambios”, escrito en octubre último.

Escenas cotidianas reviven los peores momentos del ya conocido —y rechazado— neoliberalismo en este país de 43 416 millones de habitantes, según estadísticas oficiales del 2015.

Millares de personas convocadas por poderosas centrales sindicales, partidos de izquierda, progresistas, movimientos sociales y barriales se mantienen casi a diario en las calles para reclamarle al gobierno, que, por el contrario, continúa la agenda de lo que muchos califican como el “desastre Macri”.

Imágenes dolorosas retornan al escenario. Personas durmiendo en las calles, las llamadas “ollas populares” itinerantes por los barrios para calmar el hambre de los que han pasado a engrosar la línea de pobreza, escuelas e instituciones culturales cerradas, ocupación de fábricas por los obreros, continuas marchas locales y federales, criminalización de lideresas, entre ellas la expresidenta Fernández y la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

Sin importarle el sufrimiento de su pueblo, el mandatario cambia las leyes. En Argentina desaparecieron o fueron asesinados durante la dictadura militar (1976-1083) más de 30 000 personas. La administración derechista, a contrapelo de la historia y de los derechos humanos, está liberando a genocidas condenados a cadena perpetua por los tribunales del mandato anterior. Reconocidos terroristas de Estado, informó el periódico Página 12, retornaron a sus hogares.

LAS CIFRAS NO MIENTEN

El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) confirmó que en el tercer trimestre de este año el desempleo afectaba a más de un millón de personas, con una elevación de más de un 4 % en el período macriano. Ese organismo precisó que en el segundo semestre de este año el 32,2 % de los argentinos (8,7 millones) son pobres y el 6 % (1,3 millones) vive en la indigencia.

Para el Sistema de Seguridad de Argentina aún se desconoce con exactitud la cifra de los que quedaron sin trabajo en los últimos 12 meses, aunque algunas centrales obreras contabilizan más de 300 000 personas.

La pérdida del empleo atizó una subida de la pobreza. En Buenos Aires, la capital, entre noviembre del 2015 a abril de este año, ese rubro avanzó de 19,82 a 33,25 %, estimó un estudio del Centro de Economía Política Argentina y del Instituto de Economía Popular. O sea, 13,43 % más de pobres en solo cinco meses.

Macri es un líder antipopular. Solo un 25 % de la población adulta considera que hace un buen gobierno. Una mayoría estimada en más del 60 % aumentó su rechazo después de que dejara sin efecto la llamada Ley Antidespidos, en medio de críticas y protestas populares. Esta ley, impulsada por el FpV, proponía declarar una emergencia ocupacional por seis meses para proteger a los trabajadores, ya que en uno de sus acápites exigía que, ante un despido sin causa, el afectado pudiera solicitar su reincorporación inmediata o cobrar una doble indemnización. La aplicación de esta regulación detendría la suspensión de las plantillas.

El Congreso Nacional aprobó este mes, y con 200 000 ciudadanos frente a su sede, la Ley de Emergencia Social por tres años, presentada en noviembre pasado por el bloque del FpV con el impulso de las organizaciones sociales, como Barrios de Pie y Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), con 12 artículos que constituyen un paliativo frente a una situación de crisis.

La dirección de la CTEP, una organización de nuevo tipo, consideró este fin de año como el peor desde el 2001-2002, cuando De la Rúa salió huyendo del Palacio Presidencial en un helicóptero y el dinero de la población estaba secuestrado por el gobierno en el famoso “corralito”.

Un comunicado de la CTEP afirmó que “La lucha no termina hasta que vivamos en un país con tierra, techo y trabajo para todos, sin una sola familia pobre, sin desigualdades y con justicia social”.

Analistas coinciden en que durante este año de Macri, Argentina devino una enorme protesta social, a pesar de la represión oficial. Las marchas populares convocadas en el país por las cinco mayores confederaciones obreras movilizaron millones de personas en rechazo a la política neoliberal, aun cuando todavía no se vislumbra un líder de envergadura nacional de cara a las presidenciales del 2019.

El año que comienza, según esas fuentes, representa un desafío para el gobierno conservador, pues se celebrarán elecciones intermedias en las que se elegirá una parte de diputados y senadores, ahora con mayoría opositora.