Nunca antes, desde que el finado líder revolucionario Hugo Chávez Frías ganó mediante las urnas el gobierno en 1989, Venezuela se ha visto inmersa en una crisis de conflictos internos de las proporciones en que hoy está sumida por distintas razones que pudieran, si no se actúa serena y rápidamente, dar una estocada irreversible a uno de los proyectos políticos más importantes de América Latina en los siglos XX y XXI.
La muerte de Chávez Frías hará tres años el próximo mes fue un golpetazo de grandes magnitudes no solo para la dirección política del país, sino para el pueblo revolucionario que lo asumió como el hombre capaz de romper las estructuras de la llamada IV República, enfrentarse al imperialismo estadounidense y sus aliados internos, y trazar políticas inclusivas, no solo para su país, sino para los latinoamericanos y caribeños.
Aunque el fallecido Mandatario previó lo que ocurriría tras su muerte, e incluso dejó como su sustituto natural a su actual sucesor Nicolás Maduro –quien ganó honradamente las elecciones del 2013- e incluso definió el Plan de la Patria hasta el 2019, su legado para la continuidad de la Revolución, las condiciones internas e internacionales son distintas a las existentes cuando él vivía, y por tanto, las acciones políticas tienen, por necesidad, que enrumbarse por otros caminos, sin perder los principios del llamado Socialismo del siglo XXI.
En la actualidad, la derecha internacional –que en la década del 90 andaba agazapada ante la irrupción de gobiernos democráticos en Latinoamérica- ganó fuerzas a principios de este siglo y está tratando, con Estados Unidos al frente, que la organiza y financia, de ganar el terreno perdido.
Venezuela, un ejemplo de democracia participativa, fue y sigue siendo el eslabón más poderoso de este pensamiento que reestructuró las bases de las sociedades, en unos casos, y en otros realizó transformaciones para mejorar la calidad de vida de las capas sociales más vulnerables.
América Latina, fortalecida por la creación de organismos integracionistas y de concertación política y sus líderes, logró un retroceso en las posiciones tradicionales de la partidocracia, mejoró sus índices de crecimiento y desarrollo y ganó lugares de privilegio en la arena internacional por el prestigio de sus líderes.
En el caso específico de Venezuela, las condiciones económicas globales actuales, el fortalecimiento de la derecha a nivel regional, los errores cometidos y admitidos por los actuales dirigentes, y la guerra no convencional declarada contra la Revolución Bolivariana, -todo encaminado al derrocamiento de Maduro- han llevado a que Venezuela enfrente una dura batalla para impedir un retroceso de sus proyectos bolivarianos y el cumplimiento de los compromisos internacionales.
La derecha regional tiene en su mira a Maduro, y va construyendo un consenso sobre la posibilidad de que, para superar la crisis interna, lo más razonable, probable y favorable para que la situación interna se normalice es dar paso a una denominada transición democrática (como siempre intentaron hacer con Cuba), después de que el Presidente renuncie, algo impensable en los círculos revolucionarios.
La posición de la reacción fue delineada por el secretario general de la derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Chúo Torrealba, quien señaló que lo primero es sacar al Presidente del Palacio de Miraflores y buscar, entonces, “una salida pacífica, constitucional, electoral, democrática y concertada a esta crisis que tenemos. Permitir que Venezuela tenga un nuevo gobierno que inspire confianza en el mundo y que tenga poder de convocatoria en lo interno”,
Esta reaccionaria postura podría llevar hasta a una guerra civil, puesto que una porción importante de la población es continuadora del pensamiento chavista y no está dispuesta a renunciar a los múltiples beneficios que ha recibido durante los 18 años de Revolución Bolivariana, entre ellos la educación y la medicina gratuita, empleo, viviendas, entre otras, que han dignificado la vida de ciudadanos considerados de baja categoría para las clases pudientes.
EL PLAN DE EMERGENCIA ECONÓMICA
Cuando Chávez vivía, la bonanza del precio del petróleo (llegó hasta más de 100 dólares el barril), y el carisma de ese líder nacido de las raíces humildes del país, atrajo el respeto, la amistad y el cariño de millones de personas en el planeta. Venezuela, siempre amenazada por Estados Unidos, vivía una etapa política diferente a la actual.
Ahora, a dos años de la asunción de Maduro, el barril de petróleo vale 30 dólares o menos, lo que significa un revés para la economía venezolana fundamentada en la renta del crudo, y sufre además los estragos políticos y psicológicos de la guerra interna que le hacen los grandes grupos empresariales, responsables de la escasez de productos de primera necesidad y la violencia contrarrevolucionaria apoyada desde el exterior, en la cual se incluyen los grandes medios de comunicación social.
Es muy fuerte la influencia que la prensa reaccionaria ejerce en una población que perdió a su líder natural, también al parecer desgastada por el cúmulo de situaciones adversas, y mortificada no solo por estos inconvenientes sino también por el desempeño de la actual dirección revolucionaria – que no es precisamente Maduro-.
En la sumatoria de pruebas a que ha sido sometido el proceso está el apoyo abierto que Estados Unidos, el más interesado en apoderarse del petróleo venezolano, brinda a la contrarrevolución, al extremo de que el presidente Barak Obama declaró en marzo de 2015 a Venezuela como una "amenaza a la seguridad nacional” del gigantesco país norteño.
El presidente Maduro se ha visto forzado a gobernar por decreto para el impulso de determinadas regulaciones, incluso antes de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, día en que la derecha ganó la mayoría de los 165 curules de la Asamblea Nacional, desplazando de la gobernación de ese órgano a los diputados de izquierda, en su mayoría del Partido Unido de la Revolución Socialista (PSUV).
Una nueva fase política, muy peligrosa a lo interno, comenzó desde que el pueblo, con su sabiduría, le dio un alerta a Maduro y su equipo de gobierno en esa jornada para que cambiaran los métodos de dirección y reimpulsara la Revolución, según las lecturas de importantes analistas políticos sobre el descalabro de esa jornada. Con su presencia en el foro parlamentario, la derecha le resta a la Revolución uno de los cinco poderes establecidos por la Constitución Nacional. En algunos casos, el Parlamento actúa de manera autónoma y en otros precisa el apoyo de los otros cuatro poderes constitucionales.
Dado el aviso de la población, y ante la situación económica nacional, el Mandatario, que aceptó de inmediato la derrota izquierdista, inició una reforma de su gobierno y comenzó la adopción de leyes y planes para tratar de reimpulsar la Revolución.
En ese contexto decretó el Plan de Emergencia Económica, en un intento por acabar con la economía rentista dependiente del petróleo, y abrir otras posibilidades que permitan una independencia y soberanía en ese rubro. Sin embargo, los diputados conservadores no aprobaron la Ley, que tiene una validez, por el decreto presidencial, de seis meses.
Cambió el gabinete ministerial, -incluyendo la sustitución del vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, yerno de Chávez, por el viejo político y conocido como excelente en el diálogo Aristóbulo Istúriz, y situó otras figuras menos conocida, con experiencia en los campos para los que fueron nombrados, pero sin mucho kilometraje político.
También el Mandatario creó nuevas carteras, como la de la Agricultura urbana, dirigida a aprovechar los terrenos de las ciudades y hogares para satisfacer a la población de algunos renglones alimenticios. Son nuevas ideas que tendrán éxito –tal como demuestran otras naciones- a un plazo relativamente largo, aunque ya en Venezuela se venía experimentando con esa fuente de alimentos.
Si bien el gobierno no renunció a sus programas sociales, como el de la vivienda, ni a acuerdos internacionales como Petrocaribe, para poder mantener el denominado Socialismo del siglo XXI , uno de los puntales de la actual batalla por la Revolución Bolivariana es la solución de los problemas económicos (inflación, escasez, corrupción, burocracia) señalados por la población en las miles de reuniones celebradas antes y después del revés del 6 de diciembre.
Pero, y así lo estiman politólogos, las decisiones concretas que tomen las nuevas estructuras gubernamentales deben nacer de una visión estratégica para continuar la transición al socialismo; de lo contrario el proceso revolucionario corre el peligro de nadar en pozo seco.
Las soluciones a los distintos problemas pasan por el matiz de la política y la ideología. No surgen por buenos deseos ni actos de magia. Tendrá el Ejecutivo que meterse a fondo, con el apoyo de los revolucionarios, para enmendar lo que ha pasado por alto. Es decisivo fomentar nuevos planes con distintos y objetivos destinos, pero estos nunca fructificarán sino se derrumban barreras objetivas y subjetivas, como la criticada burocracia que impide el avance y la corrupción a distintos niveles de mando.
Por tanto, debe la Revolución de manera ágil y bien pensada, encontrar los métodos más certeros y ágiles para enmendar el camino, amén de la batalla interna contra las acciones contrarrevolucionarias emanadas de la Asamblea Nacional –entre ellas la posibilidad de un referendo revocatorio contra Maduro antes de que finalice este año, y el dictamen de leyes contra el desarrollo y la población, en especial la más pobre, además de inviabilizar las regulaciones del presidente.
Es público que el nuevo Parlamento pretende la restauración del sistema político neoliberal, buscando –como hizo en el 2014- la salida de Maduro antes de que concluya el mandato, con el argumento (al parecer sin entender que la derrota del 6 de diciembre no fue de Maduro, sino de un sistema de gobierno) de que el Mandatario carece de apoyo popular.
Además de la Ley de Emergencia Nacional –ya desaprobada en la Asamblea Nacional-, el gobierno propuso un Consejo Nacional de Economía Productiva para volcarse hacia la producción alimenticia, en el interés de sustituir importaciones y alcanzar la soberanía alimentaria.
De cómo el Ejecutivo implante las nuevas ideas en curso dependerá su futuro, pues el costo político de diciembre pasado fue muy alto. O sea, y en eso coinciden analistas políticos, Maduro y su equipo no pueden darse el lujo, a pesar de las buenas intenciones de sus acciones, de realizar un ajuste macroeconómico que no redunde en la felicidad del pueblo venezolano.
Este es el momento, y no después, de que la población se percate de que la dirección política del país posee capacidad para enfrentar la guerra no convencional dirigida por Estados Unidos y asumir con coherencia el pensamiento chavista, con un discurso coherente, acorde con las lecciones aprendidas de Chávez en su corto pero intenso paso por la política venezolana.
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