Política de odio oficial contra la argentina Milagro Sala

Vergüenza debía sentir el gobernador derechista de la provincia argentina de Jujuy, Gerardo Morales, por la burla de concederle prisión domiciliaria a la activista social Milagro Sala, que pasó de una cárcel a un inmueble inhabitable en un nuevo intento por doblegar su voluntad política.

Se trata de una medida de odio y de persecución política de Morales en un país en democracia, pero que recuerda a la dictadura militar que sufrió Argentina entre 1973 y 1986, cuando desaparecieron más de 20 000prisioneros por sus ideas revolucionarias y progresistas.

El gobernador jujeño es, desde hace años, enemigo jurado de Sala y de lo que ella representa como líder de la agrupación barrial Tupac Amaru. Este personaje, que se identifica con la ideología conservadora del presidente derechista Mauricio Macri, quería mantenerla en la prisión donde permanecía desde el 16 de enero del 2016, lo que la convirtió en la primera prisionera política del actual gobierno federal.

Esta mujer de origen indígena, 51 años, madre de 14 hijos —12 de ellos niños de la calle adoptados— fue la promotora en la Tupac Amaru de la construcción de más de 10 000 viviendas, consultorios médicos, canchas deportivas y otros espacios sociales; cuyo presupuesto fue entregado directamente a la organización durante los 12 años de mandato de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015).

El solo hecho de poseer la confianza de los dos presidentes —según Kirchner prefería mandar el dinero a su protección y no a los gobernadores de turno— fue suficiente para ganarse el rencor y la persecución de Morales, quien luego de su asunción retiró los fondos a la agrupación barrial.

Precisamente en una manifestación contra tal medida fue apresada la lideresa, también diputada al Parlamento Suramericano (Parlasur) y considerada una de las activistas sociales más respetadas y queridas de la nación argentina, cuyo pueblo mantendrá, dijeron movimientos sociales, las protestas públicas hasta que sea liberada de manera definitiva.

La presión ejercida por el Parlasur, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) logró que el pasado martes el juez de la causa cambiara cárcel por casa (supuestamente) hasta la celebración del juicio en suspenso.

Las causas en su contra —que ella misma relaciona con su sexo y raza—crecen por día, y si ayer fue por supuesta instigación a la protesta pública, ahora se le sumaron otros montajes, que incluyen presuntos desvíos de fondos de la Tupac Amaru para su provecho personal.

Al gobernador Morales no le quedó otra posibilidad que sacarla de la cárcel, pero cuando la lógica y las leyes indicaban que retornaría a su hogar, la llevaron a un inmueble a medio construir, abandonado, en el que no hay puertas, ventanas, agua corriente, calefacción o siquiera muebles. Los pisos están negros de suciedad y de abandono.

Es un verdadero muladar, un sentimiento de odio el que trajo acá a Milagro que, sin embargo, está tranquila, pues nada más puede esperar de una persona como el gobernador, indicó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien mostró a la prensa las inmundas condiciones del lugar situado en el barrio El Carmen.

Para la profesional, las acusaciones contra Sala son una monstruosidad. “Es una detención por un acampe pacífico, y te das cuenta de que la necesitaban presa. Ese es el punto, que la necesitaban presa. La detienen por lo único que ella estaba haciendo, que era manifestarse. Cuando se dan cuenta de que era insostenible, inician una causa por corrupción con tantas irregularidades, que uno lo que empieza a pensar es que necesitaban mantenerla presa”.

En su opinión, “la principal característica que subvierte todos los órdenes y que es imposible de sostener para el poder político, económico, para el poder fáctico es que ella es mujer, más que coya (indígena). Si uno lo piensa, todos los estereotipos de mujer para una sociedad oligárquica, machista, clasista, conservadora como la de Jujuy los desafía Milagro”.

Ella tiene un extenso historial de lucha a favor de las poblaciones más vulnerables. Nacida en San Salvador de Jujuy, sus diferencias con el derechista gobernador de la coalición oficialista Cambiemos comenzaron en 2009, cuando siendo senador le lanzaron huevos y la acusó públicamente.

La incriminó entonces de lo que catalogó “ataques contra una figura pública”, pero el desarrollo de aquella causa se alargó y fue desestimada por la Magistratura. Sin embargo, el pasado mayo una instancia superior anuló tal decisión y decretó, en cambio, el inicio del juicio contra Sala y otros activistas por administración fraudulenta y asociación ilícita.A juicio de defensores de los derechos humanos en Argentina, la detención es sinónimo de criminalización a la protesta de corte político.

Para analistas, el gobierno federal —que siempre dijo se trataba de un caso de justicia estadual—obligó a Morales a cambiar a Sala de lugar, sin retirarle los cargos, no solo por las gestiones de las entidades internacionales que le dieron un plazo, sino porque en coincidencia,la Gendarmería Nacional detuvo y desapareció a Santiago Maldonado, un joven activista social que acompañaba una manifestación de indígenas mapuches el pasado día primero en Cushamen, en la sureña provincia de Chubut,en su lucha para evitar el desalojo de sus tierras concedidas a un consorcio italiano para la explotación minera.

De nuevo la ONU tomó partido en el caso de los presos políticos argentinos y solicitó a Macri “la reaparición sano y salvo de Maldonado”, al igual que hace la población en grandes manifestaciones desde que se conoció la noticia.

Hasta ahora, el gobierno federal rehuía la responsabilidad en el caso de Jujuy. La vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, aseguró que la Casa Rosada “no tiene herramientas ni facultades” para liberar a la lideresa jujeña, y Macri personalmente se negó a cumplir la resolución de la ONU al respecto.

Con el caso de Maldonado enardeciendo los ánimos de una población defraudada por el macrismo, no quedó otra alternativa que transferirla de una cárcel a una supuesta prisión domiciliaria, en la práctica una construccióninhabitable.

Sabrina Roth, una de las defensoras involucradas en el caso jujeño, mostró a la prensa las pésimas condiciones de vida en con que intentan doblegar la resistencia de la luchadora.

Roth advirtió que de inmediato solicitará la excarcelación sin condiciones de la prisionera, ya que no hay motivos para su preventiva de libertad.

Maldonado desaparecido y Sala humillada y presa aún constituyen dos problemas, aunque lo niegue, para Macri y su camarilla neoliberal, aquellos que acusan de dictadura al proceso político venezolano en absoluto descrédito al derecho institucional.

Para los defensores de los derechos humanos en Argentina, la salida de la cárcel de la lideresa constituye una victoria de las protestas callejeras, las intervenciones de los activistas en los foros, los llamados de las instituciones internacionales y, por encima de todo, su resistencia ante las injusticias.La batalla se sigue dando, por Milagro y por Maldonado.