La instalación este 5 de enero de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría conservadora, augura una tormenta política en Venezuela, donde desde que triunfó el presidente Hugo Chávez en 1998 existe una lucha frontal, pero nunca como ahora, entre las fuerzas de izquierda y la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y apoyada desde el exterior.
La MUD, aupada por Estados Unidos y Europa, ganó en las elecciones del pasado 6 de diciembre 112 de los 167 curules del Parlamento —dos tercios del plenario— , mientras el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logró 55.
La victoria de los derechistas —autores o involucrados de manera directa en las acciones contra la Revolución Bolivariana, mucho más después de la muerte de Chávez— significa un golpe contra el desempeño del proceso político en marcha, en lo que muchos analistas políticos califican como una advertencia del pueblo al presidente Nicolás Maduro para que rectifique y reimpulse el llamado Socialismo del Siglo XXI.
Es decir, que el voto negativo no significa que la mayoría del pueblo niegue los éxitos personales y colectivos propiciados por la Revolución, ni siquiera que deseen la salida de Maduro del cargo, sino que esperan soluciones al agobio colectivo existente causado por la táctica de la oligarquía: guerra económica, mediática, psicológica, violencia física. A ello se une la inflación y la inseguridad, latentes estos males a pesar de los esfuerzos del oficialismo por resolverlos.
Pero a quienes piensan que la Revolución está perdida y que su derrumbe está predestinado es preciso aclarar que Venezuela cuenta con cuatro poderes que dificultarán la labor destructiva de la derecha: el Legislativo, el Judicial, el Poder Ciudadano y el Consejo Nacional Electoral.
Es decir, a pesar de sus amenazas constantes de que echarán abajo los logros alcanzados en los últimos 18 años —las leyes revolucionarias, programas sociales, diplomacia integracionista—, no es un paseo lo que le espera a la MUD a nivel institucional y popular.
Aunque la Constitución Nacional permite que la AN proponga la derogación de determinados acuerdos previos a este mes, la realidad es que para hacerlo debe contar con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en sus funciones de Tribunal Constitucional, y del Poder Ciudadano. Además, los derechistas tendrán que enfrentarse a la poderosa unión cívica-militar integrada por el gobierno y las Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El hecho de que sea mayoría en el Parlamento no significa de manera alguna que la derecha domine el panorama político venezolano, ni que la población le diera potestad con los votos para quitar al presidente, como pretende, mediante un referendo revocatorio este año.
Pero en un botón de muestra de lo que será su actuación parlamentaria, la MUD ignoró una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la cual suspende la proclamación de tres de sus diputados. La MUD aseveró que juramentará a los 112 electos, indicaron fuentes de esa agrupación y nos los 109 que quedaron legalmente.
A fines de diciembre pasado, en su primer enfrentamiento judicial, el TSJ proclamó la pérdida de la mayoría calificada conservadora tras evaluar impugnaciones a las elecciones en el sureño estado de Amazonas, que consideró procedentes, y suspendió a tres candidatos electos por voto uninominal, lista e indígena. Con su característica prepotencia, hasta ahora, la MUD mantiene su opinión a horas de la instalación de la Asamblea.
Con estas muestras de fuerza, se considera que el enfrentamiento entre los poderes podría calentar la escena política de un país golpeado por sus enemigos y que tiene ahora en contra los bajos precios del petróleo incidiendo en la dinámica de su economía, a la baja, y en sus reservas internacionales.
Luego del 6 de diciembre, el gobierno de Maduro implementó una serie de medidas para proteger a los trabajadores y al pueblo —en especial las capas más vulnerables— del arrebato de la derecha, que gráficamente podría semejarse a una horda vengativa.
Ante declaraciones de diputados conservadores sobre la petición hecha por empresarios de igual ideología para la derogación de la Ley Orgánica del Trabajo, el mandatario promulgó un decreto de estabilidad laboral por tres años (hasta el 2018), que protegerá a los trabajadores públicos de eventuales despidos, como anunció el representante de la MUD Henry Ramos Allup.
El mandatario también hizo una renovación de su gabinete ministerial con el propósito de darle reimpulso y profundización del trabajo gubernamental.
A resguardo de las medidas de odio lanzadas por representante de la MUD, como su secretario General, Jesús Torrealba, acerca de los perjuicios que cometería contra el Cuartel de la Montaña, Maduro puso esa instalación en manos de la Fundación Hugo Chávez Frías para proteger la institución de los eventuales agravios revanchistas.
En el Cuartel reposan los restos de Chávez y es sitio de peregrinación diaria de centenares de venezolanos al hombre que hizo más por el bienestar de su pueblo que las anteriores administraciones que gobernaron Venezuela bajo el dominio de Estados Unidos.
Pero las medidas por sí solas no bastan para detener a los negativos actores del escenario político conque la nación suramericana comienza 2016.
Consciente de que debe recuperar la confianza de la población de cara a los nuevos tiempos a y las elecciones presidenciales del 2018, Maduro llamó a los venezolanos a la unidad nacional y a redirigir la dirección del gobierno nacional a los barrios, donde, opinó, debe ser la platea de debates críticos, autocríticos y de acción, para la reconstrucción de una nueva mayoría revolucionaria.
Aun cuando no están absolutamente claras sus funciones, también puso en marcha de forma acelerada la constitución de un Parlamento Comunal —sin sustituir al Parlamento Nacional— pero que será un nuevo punto de encuentro representativo y consultivo de la sociedad.
En un blindaje moral de las fuerzas revolucionarias, en diciembre pasado comenzaron grandes reuniones en las calles, devenidas asambleas abiertas, en las que la población planteó de manera ordenada y democrática sus inconformidades, pero también su rechazo a los anuncios de las antipopulares medidas previstas por los nuevos legisladores.
Este martes, Caracas será testigo de concentraciones convocadas por las fuerzas en pugna: las chavistas y las derechistas, cada una para dar apoyo a sus diputados electos.
Los seguidores del oficialista Gran Polo Patriótico, que agrupa a partidos y movimientos de izquierda, prepararon una movilización para brindar apoyo a sus 55 legisladores cuando se instale la Asamblea Nacional.
Con el lema “Los de Chávez a la calle”, los grupos revolucionarios se encontrarán en la Plaza Venezuela, a partir de las 09:00 hora local, y una hora después lo harán los seguidores de la MUD en la Avenida Universidad, frente a la estación del Metro de La Hoyada.
Ojalá que estas citas callejeras no se conviertan en una fuente de violencia entre quienes desean la implantación del neoliberalismo en el país y los que están dispuestos a defender con su vida la legitimidad de la Revolución Bolivariana.
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