Un nuevo elemento se sumó la discordia entre Barcelona y Madrid, luego que las autoridades catalanas anunciaran que este lunes 9 de octubre reunirán al parlamento local para debatir sobre la declaración unilateral de independencia regional con respecto a España.
El presidente de la Geralitat, Carles Puigdemont, precisó que una vez concluido el conteo de votos del reciente referendo, se procederá a establecer la separación con respecto a Madrid.
Añadió el titular que, pese a la voluntad de admitir una mediación en el conflicto, “no se desviará de la hoja de ruta” independentista pese a la exigencia del presidente español, el derechista Mariano Rajoy, de que la región vuelva a actuar “en el marco de la legalidad.”
Justo en declaraciones sobre el tema, Rajoy advirtió a los catalanes que no prosigan con sus planes “inconstitucionales” de manera de “no empeorar las cosas.”
Como se recordará, la consulta popular catalana se realizó luego de numerosas acciones policiales ordenadas por Madrid para entorpecerla, que incluyeron incautación de boletas y propaganda, arresto de dirigentes locales y cierre forzado de colegios, a lo que se unió una explosiva represión contra los que insistieron en ejercer el derecho a votar.
Analistas indican que la tozudez del gobierno de Rajoy y la violencia desatada en las calles arrimaron más brasas a la hoguera separatista en lugar de conjurarla.
Con todo, los tribunales españoles, que ya declararon ilegal el referendo, ahora prohibieron la proyectada reunión del parlamento regional catalán que podría dar curso al reclamo de independencia de quienes sufragaron.
Eso por una parte. Por la otra, el propio monarca español, Felipe VI, en reciente alocución nacional, acusó a los promotores del referendo de atentar contra España y contra la propia comunidad catalana, a lo que se unió un importante número de eurodiputados reunidos de urgencia en Estrasburgo para analizar el entuerto español.
Para muchos de los oradores en la Comisión Europea, UE, representantes de diversos matrices políticos, no habrá reconocimiento de esa entidad a una Cataluña independiente, aun cuando algunos de ellos criticaron el uso de la fuerza policial para frenar el derecho de los ciudadanos de expresar su criterio sobre un tema que les atañe de manera directa.
Y si bien los deseos independentistas de los catalanes lograron el favor de varios eurodiputados más radicales, lo cierto es que, a juzgar por las informaciones, la UE no está inclinada a favorecer un proceso de desgajamiento en uno de sus miembros, y mucho menos cuando el fantasma de la secesión tiene expresiones muy claras y abiertas en otros puntos del Viejo Continente.
Por demás, otros medios no favorecedores de la ruptura interna en España han empezado a proyectar opiniones sobre la “tormenta económica” que significaría la independencia para Cataluña, toda vez que, frente a un rechazo institucional europeo, la región se vería aislada y comprometidos sus lazos comerciales y financieros con sus vecinos inmediatos.
De hecho ya se habla del retiro de alguna que otra empresa radicada en Cataluña ante los riesgos que una separación supone en el actual mundo de los negocios, aun cuando esa zona es responsable del veinte por ciento del Producto Interno Bruto de España.
Como ya advertíamos en análisis precedente, estamos frente a un evento político que apenas comienza a andar, y por tanto es presumible que más de una vez habrá que dedicar nuevos espacio y tiempo a su futura evolución.
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