La justicia duró muy poco en Guatemala

Para los guatemaltecos que sufrieron los horrores de la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-1983), una de las más sanguinarias de Centroamérica, la anulación por la Corte Constitucional de la condena de 80 años dictada por la jueza Jazmín Barrios el pasado día 19, demuestra la fuerza de la derecha en esa nación, en tanto constituye una afrenta a la memoria de las víctimas de la represión y el genocidio cometidos en aquellos años de plomo y muerte.

La Corte Constitucional —a la que organizaciones de derechos humanos señalan como vendida a intereses locales— determinó que el proceso seguido al exgeneral que asumió el gobierno luego de dar un golpe de Estado solo fue válido hasta el pasado 19 de abril, antes de ser inculpado, por lo que queda sin efecto la decisión del Tribunal Primero A de Alto Riesgo.

¿Por qué ocurre este hecho que ha provocado el repudio no solo a lo interno del país centroamericano sino a nivel mundial, sorprendidos todos por una decisión que viola los derechos humanos de los asesinados y desaparecidos, miles de heridos y afectados psicológicamente por la represión del violento régimen de facto que comandó Ríos Montt, ahora de 87 años?

Los sucesos ocurridos en las últimas horas demuestra la endeblez de la justicia en Guatemala, a pesar de la fuerza de la jueza Barrios, una valerosa mujer que en el pasado sufrió amenazas de los militares, quienes llegaron a estallar granadas en el patio de su hogar. Sin embargo, la abogada no fue al exilio.

A pesar de la coincidencia de expertos en que finalmente se hacía visible el fin de la impunidad en la nación, a pesar de la tranquilidad espiritual que la condena trajo a los familiares de los asesinados y los desaparecidos, la Corte —tres de sus cinco magistrados— atendió la petición de recusación planteada por el abogado defensor de Ríos Montt, Francisco García, expulsado brevemente de la Sala tras acusar al Tribunal de parcialidad.

Aunque la Corte indicó que el juicio continuará —ya sin los 80 años de cárcel a sus espaldas, 50 por genocidio y 30 por crímenes de lesa humanidad— los sobrevivientes de la dictadura temen que la presión de la derecha local, que logró anular la sentencia, consiga que el proceso sea detenido, a contrapelo de la protesta mundial que siguió a la noticia este lunes.

Tras conocerse la condena a Ríos Montt, los grandes empresarios privados —identificados con la derecha guatemalteca— criticaron con crudeza el proceso judicial y demandaron que se archivara la condena, a pesar de las contundentes pruebas de genocidio y criminalidad.

Tales sectores insultaron y difamaron a personalidades defensoras de los derechos humanos, como la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, a las que catalogaron de “traidores de la paz” y “oenegeros mercenarios”, en un texto titulado “Rostros de la infamia”, difundido por la prensa privada guatemalteca.

La retracción de la condena a Ríos Montt —30 años después de su salida del poder— no favoreció solo al dictador, sino a muchos que aún se mantienen activos en la política de Guatemala.

El ejemplo lo brinda el presidente de la nación, Otto Pérez Molina, negado a aceptar que hubo genocidio en Guatemala, aunque es conocido que el entonces general ordenó la extinción de la etnia Ixil. Por ese nefasto mandato, 1 771 indígenas mayas ixiles murieron en 15 masacres perpetradas por el ejército en el norteño departamento de Quiché, por supuesta ayuda a las guerrillas.

Para la analista Susana Norman, la cifra es “una minúscula parte de los más de 100 000 muertos posibles durante el período de dos años”, según escribía para Desinformemonos.org.

La defensa del Mandatario a Ríos Montt podría salvarlo de una acción judicial en su contra. Junto al fallo, la jueza determinó que hay un mandato legal para iniciar la investigación sobre la responsabilidad en las masacres de Pérez Molina, entonces Comandante de la zona de Quiché con el sobrenombre de “Tito” Arias.

El Mandatario incluso dijo la pasada semana que la decisión del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo contra el exdictador no era “definitiva”, en lo que muchos consideraron una insinuación sobre su eventual desconocimiento.

Ríos Montt, quien había burlado a las autoridades judiciales hasta ahora, para convertirse después en el primer gobernante de América Latina con un fallo en contra por genocidio, también debió responder por la violencia sexual contra miles de mujeres indígenas.

Un informe de la ONU de 1999, presentado por la Fiscalía durante el proceso, documentó 626 masacres —500 en aldeas arrasadas— consignó que hubo “genocidio” y precisó que entre 1978 y 1984 ocurrió el 91 % de las violaciones de derechos humanos de la guerra (1960-1996), que dejó 250 000 muertos y desaparecidos.

Durante su mandato, Ríos Montt ejecutó la política de “tierra arrasada” sobre poblaciones indígenas del norte y noroeste del país, a las que se acusaba de apoyar a la guerrilla.

El antiguo dictador recibió la noticia en el Hospital Militar de la capital, donde está ingresado por presunta hipertensión, pero se indicó que en breve retornará a su residencia en régimen de arresto domiciliario.

Para mayor indignación de la ciudadanía, la decisión de la Corte también desestima otras disposiciones de la jueza Jazmín Barrios, entre ellas la obligación del Estado de pedir perdón a las víctimas de las masacres.

Barrios, quien fue ovacionada por los familiares de los asesinados, —muchos de ellos con fotos de sus hijos, esposos, hermanos puestos sobre el pecho— ha perdido al menos por el momento, según especialistas, una enorme batalla, ya que antes de este ejemplarizante proceso los crímenes de Ríos Montt y su camarilla seguían presuntamente en el limbo.

Los actores de tales criminales acciones siguen vivos y activos. Aunque hasta la justicia es vilipendiada por la oligarquía guatemalteca, los defensores de la libertad, los derechos humanos y la justicia a nivel mundial insisten en que retomarán el proceso y el exgobernante, más temprano que tarde, volverá al banquillo de los acusados.