Golpe parlamentario en marcha contra Dilma Rousseff

Solo por unos días, hasta el próximo 16, quedó en suspenso la constitución de una Comisión Parlamentaria que decidirá el juicio político contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff, uno de los bastiones de los gobiernos progresistas en Suramérica, acusada —según la oposición política— de ser responsable de falsificación de las cuentas de la Unión (Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU)) en el 2014 para ocultar los resultados fiscales de ese año.

En octubre pasado, el Tribunal de Cuentas de Brasil (TCB) recomendó al Congreso Nacional que rechazara las cuentas públicas del Ejecutivo del 2014. Según el TCB, se detectaron de manera unánime “irregularidades en el manejo de los gastos, en particular con el objetivo de cumplir el déficit fiscal”.

Nada apunta, sin embargo, a que la mandataria, ahora en su punto más bajo de apoyo popular, esté implicada en los supuestos cambios numéricos de la economía, ni que el proceso que la oposición intenta implantar en su contra sea legal y procedente.

La realidad es que existen fisuras en el ejecutivo brasileño, a las que el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) gira la espalda, y cuyo líder, el vicepresidente de la República, Michel Temer, amenaza con abandonar el gobierno.

El jefe de la Cámara de Diputados, del PMDB, Eduardo Cunha, aceptó una petición de impugnación el pasado día 2, tras rechazar otras 14, ya que, en su opinión, Rousseff presuntamente “había maquillado” las cuentas públicas correspondientes a los años 2014 y 2015 y “cargado” a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno por 41 mil millones de reales en 2014 (equivalente a unos 10 millones de dólares).

Los movimientos contra Rousseff —que inició su segundo mandato en enero pasado, ya presionada por la oposición de derecha, en especial del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)— comenzaron casi de inmediato, ya que su gobierno nació torcido con figuras como Temer, uno de sus más sonados adversarios, pero sin cuya alianza no hubiese podido ganar los comicios.

Este conocido camaján de la política brasileña tuvo la osadía de retar al gobierno bolivariano de Venezuela este año, cuando en Caracas brindó apoyo a los enemigos derechistas de la Revolución Bolivariana, por lo que fue severamente criticado por la mandataria, quien lo desautorizó públicamente.

Por otra parte está el PSDB, que maneja la poderosa maquinaria mediática en Brasil.

Esta semana, el ministro de Justicia, Eduardo Cardozo, afirmó que desde que fue derrotado en las urnas el pasado año, el PSDB intenta revertir los resultados a su favor.

Cardozo recordó que el PSDB ha intentado construir un proceso contra la mandataria desde que perdió las elecciones: al día siguiente pidió el reconteo de los votos, y ahora intentan encontrar hechos inexistentes para la impugnación. “No veo —apreció— ninguna novedad en la posición que el partido oposicionista tiene en este momento, aunque están conscientes de que un juicio político carece de la menor base constitucional”.

El plan de la oposición brasileña —que es mayoría en el Congreso Nacional— es tratar de enjuiciar a Dilma con un golpe parlamentario y dar paso a un régimen derechista, para integrarse a la estrategia imperialista de eliminar a gobiernos y líderes progresistas de América Latina. Si la presidenta fuera obligada a abandonar la gobernación su sustituto oficial sería Michel Temer.

EN ESPERA DE LA DECISIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Un leve giro a favor de la mandataria tuvo lugar esta semana, cuando el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin suspendió, hasta el próximo día 16, la integración de una comisión parlamentaria que analizaría la eventual impugnación de la jefa de gobierno.

Ese día, el pleno del STP se pronunciará sobre la constitucionalidad de la ley que establece las reglas del proceso y el juicio político que culminaría, según los planes opositores, con la destitución de la única mujer que ha ostentado el cargo de presidenta en la historia brasileña.

La decisión de Fachin paraliza solo unos días el trasiego en la Cámara de Diputados, que ya venía trabajando en la instalación de una Comisión Especial encargada de estudiar si es o no viable el juicio, según explicó la Agencia Brasil de Noticias (ABN). El juez dictó la disposición tras considerar la solicitud del Partido Comunista de Brasil (PCB) que consideró ilegal la actuación parlamentaria.

El PCB —en voz de su diputada Jandira Feghali— consideró que Cunha, ahora llamado “el corrupto” violó el reglamento cameral y los acuerdos legislativos, ya que permitió que la Comisión fuera electa en voto secreto, cuando debió ser a mano alzada.

Para Fachin, la suspensión de los trámites de los diputados impedirá que actos de ese tipo puedan repetirse, ya que deberán acatar los pronunciamientos de la justicia el próximo miércoles. En el momento del pronunciamiento legislativo, la Cámara ya había elegido a 39 de los 65 políticos integrantes de la Comisión Especial.

Cunha, a pesar de sus comprobados delitos, sigue como jefe de la Cámara y avisó que solo se pronunciará sobre el proceso de impugnación cuando conozca la notificación oficial del sistema judicial.

RECHAZAN BRASILEÑOS PLAN DERECHISTA CONTRA LA PRESIDENTA

En el marasmo político que vive Brasil, cobra auge un movimiento popular de rechazo a los planes de golpe de Estado parlamentario —como ya hizo la derecha contra los presidentes Manuel Zelaya, en Honduras y Fernando Lugo, en Paraguay— contra la mandataria que gobierna bajo las banderas del Partido de los Trabajadores (PT).

La semana que comienza, Brasil será escenario de protestas y manifestaciones de movimientos sociales y sindicatos, rectores de universidades e institutos técnicos, juristas e intelectuales, que ya expresaron su negativa a la posibilidad de enjuiciar a la mandataria.

El próximo 16, cuando se pronuncia el STJ sobre la impugnación, la Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT) marchará junto a otros gremios y movimientos populares de distintas tendencias para oponerse en la calle a los planes de la derecha.

El presidente de la CUT, Vagner Freitas, afirmó a la prensa: “…vamos a salir a las calles de Sao Paulo para defender el mandato de la jefa de Estado, lo cual significa la permanencia de los programas sociales y otras conquistas alcanzadas por los trabajadores en los últimos 13 años”.

“También —dijo— exigiremos la destitución del líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha—.

Acompañado de dirigentes de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de Brasil (CTB) e Intersindical, y de los movimientos de Trabajadores Rurales (MST) y Sin Techo (MTST), así como de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), entre otros; Freitas aseguró que esperan realizar la mayor movilización de la izquierda brasileña en los últimos años, reportó Prensa Latina desde Río de Janeiro.

La presidenta de la UNE, Carina Vitral, afirmó que es esencial la realización diaria de protestas para enfrentar a los derrotados en las urnas, interesados en tomar el poder por vías antidemocráticas. “Un juicio político sin base jurídica, motivado por razones oportunistas y revanchistas, es un golpe”, precisó la líder estudiantil.

En defensa de la constitucionalidad y el estado de derecho, rectores de 41 universidades e institutos entregaron una carta al jefe de la Casa Civil, Ricardo Berzoini, en la que respaldan a la mandataria y rechazan la apertura de un juicio político en su contra.

A Berzoini llegaron muestras de apoyo a la presidenta petista del Frente Brasil Popular, y su centenar de movimientos sociales, populares, de mujeres y partidos políticos.

Otro frente abrieron juristas e intelectuales que difundieron manifiestos personales en los cuales piden respeto a la democracia, en tanto desaprueban los intentos de golpe de Estado la expulsión de Cuhna como jefe de la Cámara de Diputados.

La presidenta, junto a Luiz Inacio Lula da Silva, también con dos mandatos consecutivos y uno de los políticos más populares de Brasil, implantaron una serie de programas sociales con los cuales elevaron la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables.

Gracias a esos proyectos, a pesar de la crisis económica nacional derivada de la crisis mundial del capitalismo, 30 millones de personas dejaron atrás la pobreza, millones de niños pobres se mantienen en la escuela gracias a que sus padres reciben una pensión para evitar que los menores trabajen, redujeron el desempleo a un 8,7 %. También entregaron dos millones de viviendas, y bajo el mandato de Dilma surgió el programa “Mas Médicos, más vida”, que ya atendió a más de 50 millones de personas humildes de manera gratuita.

Precisamente Lula da Silva —quien no desdeña postularse en el 2018— es uno de los más importantes defensores de la gestión de su ex ministra de Minas y Energía. Este proceso judicial, afirmó, carece de sentido.

En una entrevista al diario español El País, Lula da Silva expresó que Dilma “…se ha encargado de financiar proyectos sociales y pagarlos a través del Estado, por lo cual el proceso de juicio político contra la presidenta no tiene base legal o jurídica, ni sentido.

”Lo que la presidenta Dilma Rousseff ha hecho es lo que todos los presidentes hacen alguna vez: financiar proyectos sociales y pagarlos después a través del Estado. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, actúa por venganza contra el PT, de una manera irresponsable, sin tener en cuenta el país”.