Gobierno de Macri pisotea derechos humanos en Argentina

El reciente rapto de la lideresa argentina Milagro Sala de su hogar, donde cumplía prisión domiciliaria, trae de nuevo a la palestra pública la situación de los derechos humanos en ese país, donde hace dos meses desapareció de manera forzada el joven Santiago Maldonado, luego de mostrar su solidaridad a una comunidad mapuche, y cuyos restos, al parecer, fueron hallados esta semana.

A Milagro se la llevaron descalza, en piyamas, como si se tratara de una delincuente peligrosa, la halaron por los brazos y la montaron en un vehículo de Gendarmería el pasado sábado, sin que mediara un aviso sobre la acción policial autorizada por la Fiscalía de la provincia de Jujuy, donde reside.

Nacida en 1964, de origen indígena, es víctima, según reconocen organismos de derechos humanos argentinos e internacionales, de un evidente complot judicial encargado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, miembro de la coalición derechista Cambiemos, al igual que el presidente Mauricio Macri.

Madre de 14 hijos, 12 de ellos adoptivos, esta mujer de origen humilde devino una lideresa reconocida cuando creó la organización barrial Tupac Amaru, dirigida a solventar los problemas acuciantes de la población más humilde de las comunidades jujeñas.

Para Morales, la activista social, de reconocido prestigio en Argentina y otras naciones, es un escollo a sus pretensiones de inhabilitar la Tupac Amaru, a la que redujo presupuestos, por lo cual Milagro protestaba junto a sus compañeros en una manifestación pacífica cuando fue apresada.

Admiradora de la política de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, —cuyos gobiernos financiaban directamente las viviendas y escuelas construidas por la organización— por sus méritos políticos fue electa diputada al Parlamento Suramericano (Parlasur), por lo cual posee inmunidad violada por la justicia jujeña.

Solo un mes después de la asunción de Macri en diciembre de 2015, el gobernador Morales ordenó su detención bajo los cargos, no probados, de presunto fraude al Estado, extorsión, asociación ilícita, tentativa de homicidio y lesiones gravísimas.

Ahí comenzó el calvario, pues el fiscal del Estado carecía de pruebas que la involucraran con los cargos, y así lo demostraron los abogados defensores que, sin embargo, no lograron su liberación.

El caso de la activista social, considerada la primera presa política del régimen del multimillonario Macri, dio la vuelta al planeta debido a lo burdo del proceso y lo injusto de una condena de tres años en la cárcel de Alto Comedero.

Morales desoyó las peticiones de organizaciones de derechos humanos argentinas, entre ellas las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, situada frente a la Casa Rosada, sede del gobierno federal, donde efectuaron manifestaciones en su defensa.

El Parlasur intercedió por su diputada, y también lo hicieron la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, quienes responsabilizaron al gabinete federal por el encarcelamiento y exigieron un trato humanitario para la detenida.

Más de un año después, y ante su situación de salud, la CIDH hizo valer los derechos de la condenada sin pruebas a un régimen de casa por prisión, ya que sufría de angustia sostenida debido a la imposibilidad de hacer valer sus derechos ciudadanos en una coyuntura montada para destruirla.

La mayoría de sus compañeros enviaron cartas a la Comisión de la OEA en las que denunciaron el inhumano régimen carcelario y hacían constar que temían por la vida de Sala, sometida a presiones por parte de las autoridades.

Las diligencias de las entidades locales y foráneas hicieron que finalmente el sistema judicial cambiara el régimen de casa por prisión, pero en lugar de trasladarla a su hogar, la llevaron a un almacén a medio construir donde no había electricidad ni calefacción, agua ni muebles, lo cual provocó nuevas protestas contra el sistema de justicia.

Finalmente, hacía 41 días que Sala estaba en su vivienda en el barrio El Carmen. Sin conocimiento de sus abogados, el fiscal Diego Cussel puso un recurso para devolverla a Alto Comedero, ya que no cumplía con los requisitos por el beneficio, concedido a los mayores de 70 años o con la salud quebrantada.

Para evitar nuevas querellas, la Fiscalía hizo saber interinamente que el cambio demoraría y así dejaba sin tiempo para otra apelación a la defensa, enterada por trasmanos de la triquiñuela del fiscal Cussel.

El pasado sábado, de imprevisto, como temiendo una escapatoria, el hogar de Sala fue rodeado por agentes de Gendarmería, que penetraron sin autorización y la sacaron en medio de sus protestas y la de sus familiares. No la dejaron siquiera hablar con su esposo, el periodista Raúl Noro.

Ante las preguntas de Noro al oficial a cargo, la respuesta fue que Milagro debió presentarse a un supuesto chequeo médico, y la no asistencia constituía una violación de la prisión domiciliaria, lo que se considera una historia mal contada por el militar.

Para los parientes de la activista, la manera en que actuó la Gendarmería les hizo temer lo peor, dado el caso de Santiago Maldonado, quien también fue llevado por agentes de ese cuerpo, según testigos. Este lunes, cerca del lugar donde fue secuestrado aparecieron restos humanos que se presumen sean del joven. Peritos realizan investigaciones para identificarlo.

Milagro Sala no perdió un minuto. Con el pedazo de una hoja y con lápiz escribió en Alto Comedero unas líneas en la que contó como fue pisoteada su dignidad humana: “Es injusto que en Jujuy no exista la Justicia verdadera ni la democracia”, proclamó, y solicitó que alguien pusiera freno al atropello cometido en su contra.

En tal sentido, la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, mostró la preocupación de ese organismo ante la actitud del gobierno federal en entrevista concedida a Página 12.

¿Por qué el Estado asume esa actitud? Si según considera la Justicia había un riesgo o una situación de peligro para la detenida, ¿por qué no notificaron a sus representantes legales?, se preguntó Arosemena.

Para la vicepresidenta de la CIDH, el encierro y los efectos que estaba generando en el estado físico y emocional de la detenida es el punto en el que la Comisión se basó para pedirle al Estado que pusiera en marcha medidas alternativas, que ahora violó.

Sobre la responsabilidad de Macri en este caso, recordó que la Comisión Interamericana dictó una medida cautelar sobre el encierro de Sala y la necesidad de brindarle opciones que el Estado, primero no atendió, luego atendió a medias y, dijo, finalmente desconoce con el traslado.

La funcionaria recordó que Argentina está comprometida con resolver la situación de Sala incluso antes de una reunión de trabajo pautada para dentro de una semana en Uruguay, en la que la CIDH también analizará el caso de Maldonado.

Las medidas acordadas con la CIDH son de obligatorio cumplimiento por el Estado argentino, por lo que cualquier anormalidad contra Sala es responsabilidad del presidente Macri, apuntó Arosemena.