El pasado 28 de junio se cumplieron dos meses del inicio del Paro Nacional en Colombia, catapultado por un proyecto de reforma tributaria del gobierno del ultraderechista Iván Duque que causó el rechazo de sectores bajos y medios de la sociedad colombiana, golpeados por la pandemia, la crisis social, económica, financiera, sanitaria y, sobre todo, una economía diseñada para beneficio de las élites.
El esquema de militarización de las ciudades, que han sido epicentros del Paro Nacional y la represión desbordada con rasgos paramilitares, ha dejado un saldo lamentable de violación de derechos humanos; cuatro mil 285 casos de violencia, más de mil 500 personas heridas, tres mil 200 detenciones arbitrarias, 734 intervenciones violentas, 83 homicidios, 84 desaparecidos, 106 víctimas de violencia de género, 80 lesiones oculares. Además de 45 masacres y 28 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Es lo que en cualquier lado es terrorismo de Estado.
El Paro Nacional, que se inició con la agenda de tumbar la reforma, rápidamente se transformó en un movimiento social que agrupó a estudiantes, sindicatos, comunidades indígenas y afrodescendientes en un ciclo ascendente de rechazo del modelo neoliberal impuesto por las elites colombianas.
El descontento se acrecienta porque sigue la reducción de los ingresos de la mayoría de la población, crece el desempleo, la pobreza, la crisis de las pequeñas y medianas empresas, la crisis en el campo, el asesinato de líderes sociales, la negación a la paz.
La desastrosa gestión del gobierno frente a la pandemia agrava los problemas. En estos dos mese se sumaron más de 700 muertos, 32.000 contagios diarios y los centros hospitalarios están colapsados. El rechazo a Iván Duque llega al 79 por ciento, con una aceptación inferior al 20 por ciento.
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El Pliego de Emergencia que Duque se negó a negociar será presentado al Congreso por el Comité Nacional de Paro el 20 de julio, proyectos de ley que están condenados a naufragar porque los rechaza la mayoría de extrema derecha del Centro Democrático y la coalición de Gobierno, que ya hundieron propuestas como la Renta Básica, la Matrícula Cero y otros proyectos recién presentados.
La crisis social no es nueva, se viene madurando desde el gobierno de César Gaviria –con su apertura económica y las privatizaciones- en los años 90 bajo la consigna de “¡Bienvenidos al futuro!”, y el uribismo político-paramilitar de los años siguientes, con el apoyo irrestricto de los sucesivos gobiernos de Washington.
El Paro Nacional marcó definitivamente la agenda política colombiana y estableció las pautas de relato y movilización social que definirán el escenario electoral del año 2022, donde –hasta el momento- la izquierda parece ser la fuerza de mayor poder para canalizar en las urnas el descontento social que originó las protestas en abril.
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Síntoma de una crisis social profunda solo comparable con la rebelión general del año 1977, el Paro logró evitar la reforma tributaria y la que se preparaba en el ámbito de la salud y forzó las renuncias de Alberto Carrasquilla (ministro de Hacienda), Claudia Blum (canciller) y Juan Carlos Rodríguez (comandante de la Policía de Cali), y obligó al gobierno de Duque a reconocer, aunque fuese parcialmente, las violaciones de derechos humanos durante las protestas.
Por más que se intente correr la alfombra hasta las elecciones del año próximo, como forma de ganar tiempo, pareciera que el pueblo ha entendido que sólo le queda la democracia de la calle, y lograr la fuerza suficiente para obligar al régimen a ceder.
Pero para ello se requiere que las fuerzas democráticas (de izquierda y de centro) confluyan en lineamientos unificados que soporten un plan de acción, un proyecto de país común y cimenten la posibilidad de un nuevo gobierno, no sólo un cambio de caras para que todo quede como está. La fragmentación, alentada desde los medios masivos de comunicación, pertenecientes a la élite, no le sirve al pueblo.
Raúl Contreras señala que los que están con la prioridad electoral han de darse cuenta que sus opciones se fortalecen si crecen las luchas populares, y quienes luchan por opciones de mayor alcance han de darse cuenta que ello requiere de mucha fuerza, de mucho pueblo, de confluir con múltiples sectores y de una gran alianza para mejorar la correlación de fuerzas que logre los cambios y transformaciones que urge el pueblo.
Sin respuestas, seguramente vendrán nuevos estallidos.
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