Días nada apacibles

Con la intervención de este martes ante el parlamento regional del presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, en torno a la independencia local con respecto a España, es evidente que el tan sonado embrollo político asume nuevas magnitudes.

En una alocución que despertó las más diversas reacciones dentro y fuera de ese territorio autonómico, el mandatario defendió el derecho de los ciudadanos de la región a crear una república independiente y la validez de la consulta realizada en ese sentido el pasado primero de octubre, sin embargo, decidió posponer por una semana toda acción favorable a una separación de Madrid para dar oportunidad “al diálogo entre todas las partes”.

Puigdemont destacó que el sentimiento nacional es válido y de larga data entre los catalanes, y recordó que a cada intento de dar una solución política del tema, la respuesta de Madrid ha sido ríspida, hasta llegar a los niveles de violencia policial previos y durante la realización del referendo convocado días atrás. Dijo no tener nada en contra de los españoles, e insistió que quienes simpatizan con la independencia no son revoltosos, golpistas o irresponsables.

No obstante, dentro del parlamento local, y para no pocas personas que se manifestaban en las calles a la espera de la prometida declaración unilateral de independencia, la idea de una posposición no resultó un plato fácil de digerir. Legisladores de varias fuerzas ocuparon la tribuna para negar la posición del presidente del gobierno, e incluso indicar que “ahora se inicia una nueva etapa de lucha por la independencia y contra toda suerte de dilaciones”.

Tales movimientos inclinan a algunos observadores a proyectar la posibilidad de un cisma entre las fuerzas que inicialmente dieron su respaldo a la separación.

Hay que advertir que los días precedentes al citado anuncio del cabeza de la Generalitat, han estado precedidos de amenazas de cárcel contra su persona, proferidas por figuras del gobierno nacional que lidera el ultraconservador Mariano Rajoy, de ataques de extremistas de derecha contra locales de entidades políticas propensas a la separación, y de violencia callejera a manos de bandas neofascistas españolas.

Por demás, es evidente que sectores económicos de poder han pretendido sembrar en los últimos días la incertidumbre acerca del futuro catalán al retirar de esa región importantes industrias y entidades financieras, en tanto la Unión Europea (UE) advirtió que no reconocerá la existencia de una Cataluña que no se mantenga bajo los designios de Madrid.

Actitud, dicho sea de paso, que no pocos contrastan con la complacencia con la cual la propia UE acogió el desmembramiento violento de la ex República de Yugoslavia por fuerzas de la belicista Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los grupos extremos locales que esa agrupación armó, entrenó y puso sobre el terreno.

Por lo pronto, y hasta el instante en que se redactaban estas líneas, los medios de prensa apegados a las políticas de la Moncloa insistían en que lo ocurrido en el parlamento catalán este martes confirma que no existe la idea de apegarse a “las leyes nacionales que imponen la indivisibilidad territorial de España”, no importa si la jefatura de la Generalitat habla de un “lapso para tratativas”.

Al parecer, no son pocos los integrantes de la derecha oficial que insisten en una sorda intransigencia y en planes agresivos y violentos ante la pretendida “desobediencia catalana”, para lo cual cuentan además con el apoyo de aquellos poderosos intereses externos que la pasan muy bien en sus contubernios internacionales con Rajoy, al que, vale apuntar, no le viene mal hacerse el santo patrón de la custodia nacional, a ver si pasan a segundo plano público las repetidas trastadas y fraudes que pesan sobre su administración.