El referendo de este primero de octubre en Cataluña es un hecho consumado en el cual, según las primeras informaciones, noventa por ciento de los que finalmente ejercieron su derecho electivo aprobaron acceder a la soberanía regional, contra siete por ciento en contra.
Así lo aseguran las autoridades locales, que contra viento y marea, y con un masivo desborde popular, lograron de alguna forma sortear los grandes obstáculos creados por el gobierno derechista de Mariano Rajoy, que incluyeron secuestro de propaganda, boletas y urnas; arresto de dirigentes públicos catalanes, cierre y ocupación de locales asociados a la encuesta, despliegue de un abultado operativo policial y de la Guardia Civil, y casi novecientos ciudadanos heridos y golpeados por esos titulados “garantes de la seguridad”.
No obstante, de la otra parte, el gobierno regional precisó que casi 95 por ciento de los colegios lograron funcionar el tiempo necesario para recoger los votos, toda vez que desde horas de la madrugada fueron rodeados por manifestantes favorables al referendo, que lograron emitir su criterio incluso mediante boletas confeccionadas por medios propios.
Por otro lado, la policía local mostró una total pasividad frente a los votantes, al punto que el gobierno de Madrid le acusó de actuar como un “partido político” y no como “funcionarios defensores de la ley”, lo que contrastó con la violencia desatada por los agentes enviados por orden de La Moncloa.
La alta dirigencia de Cataluña ha advertido que estos acontecimientos represivos serán denunciados a escala de la Unión Europea, y que, por otra parte, hará todo lo que está a su alcance para materializar la voluntad independentista aprobada en las urnas.
En Madrid, en tanto, Mariano Rajoy y su gabinete derechista alabaron la actitud de la fuerza pública remitida a Cataluña, se jactaron de haber “evitado el referendo”, e insistieron en que el gobierno central “hizo lo que tenía que hacer” para conjurar una “una violación de la Carta Magna.”
En consecuencia, se hace evidente que luego de este fuerte pulseo mutuo, no parece que en lo inmediato existan espacios sosegados en los cuales dilucidar tan profundo diferendo.
Debe recordarse que, según analistas, las tensiones entre Madrid y Barcelona cobraron fuerza desde junio de 2010, cuando un tribunal constitucional español “recortó 14 de los 223 artículos del Estatuto de Autonomía para la región, reinterpretó negativamente otros 27, y negó valor jurídico al término nación contenido en el preámbulo. El texto estatutario había sido aprobado por el Parlamento catalán y el Congreso de los Diputados, y refrendado por los catalanes cuatro años antes.”
Por demás, la larga crisis económica enfrentada por España en los últimos años golpeó severamente a Cataluña a pesar de que esa región aporta 20 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.
En ese penoso período, aún no superado a escala nacional, Cataluña enfrentó “recortes drásticos en sanidad y en educación que agitaron las calles, sufrió un desplome de su gasto social del 26 por ciento entre 2009 y 2015 equivalente a más de 5 mil millones de euros, lideró el número de desahucios en el país, y disparó su deuda local.”
Y como gota que parece haber colmado la copa, los intentos de consulta popular sobre los destinos de la región solo han recibido del gobierno central encono, obstáculos y por último, a las puertas de este primero de octubre, la virtual ocupación policial de las ciudades y poblados catalanes para hacer nulo el proceso de consulta democrática.
Una actuación, dicen no pocos analistas, que indignó a la inmensa mayoría de los ciudadanos, aun cuando algunos no pensaran inicialmente en la independencia, toda vez que se pretendió cercenarles por la fuerza el derecho legítimo de expresarse libremente acerca de un tema que les concierne de manera directa y absoluta.
Por lo demás, está claro que todavía al tema catalán dará mucho de que hablar y escribir en el futuro inmediato.
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