Recién aprobada por la Asamblea Nacional y a la espera de su publicación en la Gaceta Oficial, la nueva Ley del Sistema Tributario Cubano ofrece al estado una moderna herramienta de política económica que busca adaptar la carga impositiva a los cambios que ha sufrido la estructura económica del país.
Pero más allá de esa primordial tarea, la legislación no solo asegura ingresos al presupuesto, sino que estimula los sectores y actividades que más aportan al desarrollo del país y de paso cumple el principio de que paga más, quien gana más.
Desde hace casi tres años, un grupo de expertos del Ministerio de Finanzas y Precios y de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), así como de otros organismos, prepararon la legislación que sustituirá a la actual Ley Tributaria, la número 73, aprobada por el parlamento, en mayo del 94 y en vigor cuatro meses después, en agosto de ese año, tres meses antes de la constitución de la ONAT, una entidad adscrita al Ministerio de Finanzas y Precios y encargada de recaudar los ingresos del Presupuesto estatal.
Esa ley llegó como una necesidad, luego del renacimiento del sector de empleo no estatal, para llenar un vacío en la necesaria contribución de todos a la Seguridad Social pues, habituados a recibir constantemente, muchos eran, y aún lo son, incapaces de comprender la importancia del tributo, que, dicho sea de paso, no es un invento cubano, ni mucho menos del Socialismo.
Sin embargo, esa ley tiene fisuras que el nuevo sistema impositivo tratará de solucionar con una legislación que busca ser lo más abarcadora posible, pero con flexibilidad para poder actuar en consecuencia con los rápidos cambios de la economía cubana.
El Sistema Tributario que está en el horizonte establece ahora 19 impuestos, incluyendo el Aduanero; tres contribuciones, entre ellas una Territorial para el Desarrollo Local, y tres tasas.
El nuevo sistema impositivo cubano incorpora siete nuevos tributos respecto a la ahora vigente, que será derogada con la entrada en vigor de la nueva legislación, el 1ero de enero del año próximo.
La venidera legislación disminuye la carga impositiva entre tres y siete por ciento para los trabajadores por cuenta propia de mayores y menores ingresos respectivamente.
También otorga a los productores agropecuarios un tratamiento acorde con la necesidad de estimular la cosecha de alimentos y de diversos renglones de ese sector.
Por otro lado, esos campesinos no pagarán impuestos sobre la propiedad o posesión de tierras agrícolas y por la utilización de fuerza de trabajo por un período de dos años a partir de la entrega de tierras y por cuatro si fuera necesario emprender trabajos adicionales por la existencia de plantas leñosas como el marabú.
Igualmente, la nueva Ley del Sistema Tributario mantiene la exención sobre los salarios hasta tanto continúen las actuales condiciones económicas del país.
Moderna, activa, flexible, la ley en ciernes tiene como principios la generalidad y la equidad en la carga impositiva, bajo el presupuesto de que el que gane más, pague más.
La legislación aprobada servirá entonces para redistribuir los ingresos de los sectores con mayor capacidad económica y proteger a los de menores entradas.
Constituye además un instrumento básico para avanzar en la actualización del modelo económico en los términos planteados por el VI Congreso del Partido y recogidos en la hoja de ruta nacional que todos conocemos como Lineamientos.
El nuevo sistema impositivo, que entra en vigor el año próximo, es una herramienta estatal moderna y flexible que permitirá un mejor acompañamiento a los cambios que vive el país, y sobre todo, poner los tributos al día.
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