El sector agropecuario se encuentra entre los más afectados por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos (EE.UU.) al país desde hace ya 60 años. El recrudecimiento de las políticas hostiles existentes y el establecimiento de 243 nuevas medidas de carácter coercitivas durante la administración de Donald J. Trump (2017-2021) tuvieron un impacto crítico en el desarrollo de este vital renglón económico.
La decisión de permitir demandas en los tribunales estadounidenses bajo el amparo del Título III de la Ley Helms- Burton ha frenado en sentido general la inversión extranjera. Asimismo, la disposición que impide la importación de productos de cualquier nación que contengan más de un 10 % de componentes estadounidenses ha dificultado la compra de insumos imprescindibles.
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Y no solo se trata de sanciones que perjudican las operaciones comerciales, sino también de medidas que van a encaminadas a prohibir en EE. UU la importación de bienes claves como el el tabaco y de una retórica encaminada a dañar la imagen de marcas con reconocimiento internacional y estándares de calidad validados.
De acuerdo con el último informe presentado por el Ministerio de Agricultura, entre el 1ro de agosto de 2021 y el 28 de febrero de 2022 dicha esfera económica sufrió pérdidas valoradas en 270 millones 852 mil 548 USD; siendo el Grupo Empresarial Tabacuba quien concentró el mayor número de afectaciones.
Encargado de dirigir en todas las fases de la cadena productiva de la actividad tabacalera, Tabacuba se vio imposibilitado de colocar su mercancía en el mercado de EE. UU.— donde generaría mayores ganancias— y sufrió el retraso de los cobros por exportaciones como consecuencia de las constantes presiones de las autoridades norteamericanas a los bancos para dificultar y hasta impedir las operaciones con Cuba.
Los costos por la falta de combustible en el riego, la preparación de tierras, la protección fitosanitaria, el transporte de personal vinculado a la agricultura y otras actividades de servicio al proceso agrícola y preindustrial se estiman en 206 millones 12 mil 700 USD.
A lo que se le suma los retrasos en la transportación de la cachaza y biocompost asociada al programa de mejoramiento de los suelos, la falta de disponibilidad de fertilizantes y productos químicos para el control de las plagas y el incumplimiento de los riegos planificados por la carencia de diésel. Todo ello, sin mencionar el aumento de los precios de flete y trasbordo que se realizan en Panamá; Jamaica, Italia y Singapur. Pues, debido a la Ley Torricelli, numerosas compañías navieras se niegan a tocar puertos cubanos.
Por si fuera poco, empresas como Brascuba S.A ha tenido que recurrir a ampliaciones de créditos a través del socio con tasas de interés elevadas debido a que los bancos extranjeros no aceptan pagos a los proveedores con financiamiento externo. Mientras, TABAGEST, totalmente cubana, ha presentado costos por la imposibilidad de utlizar el dólar en trasnacciones internacionales.
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